El festín de las economías ilegales en financiamiento de los partidos

(El Montonero).- El local de campaña de Antauro Humala en Iquitos tiene un espacio de alrededor de 1,000 metros cuadrados y, en las principales calles de esa ciudad, se observan paneles de los candidatos locales y, en el centro la imagen, la figura del candidato del etnocacerismo. En Iquitos los recursos del movimiento antaurista opacan a los locales de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso (APP).

Desregular aporte privado a los partidos es extremadamente urgente

 

El desbalance de los partidos y movimientos de la izquierda radical, de la izquierda anticapitalista, con respecto a los partidos más formalizados –es decir, de la centro derecha–, es incuestionable. Las izquierdas en las provincias del sur, asimismo, tienen mayores recursos para abrir locales, desarrollar todo tipo de actividades partidarias al margen de la formalidad de las leyes y la supervisión de los organismos y autoridades electorales.

De una u otra manera, la política peruana está padeciendo los efectos de la reforma electoral del progresismo, que sobrerreguló el financiamiento del sector privado a los partidos –estableciendo topes y límites– y también burocratizó en extremo el funcionamiento de estas organizaciones.  Inclusive durante el gobierno de Martín Vizcarra se convocó a un referendo para establecer los límites al financiamiento privado de los partidos y se apostó a que el Estado se convierta en el gran redistribuidor del financiamiento de las organizaciones políticas sobre la base de los impuestos de todos los peruanos. El resultado es incuestionable: la informalización generalizada de los partidos y la irrupción de las economías ilegales de todo tipo (narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, contrabando, entre otras) en el financiamiento de la política.

Cuando el progresismo demoniza al actual Congreso por los yerros que acumula y la deficiente representación política siempre ignora que una de las causas principales de la destrucción de la política proviene de las restricciones al financiamiento privado de los partidos. ¿Por qué? Si no es el sector privado la fuente de financiamiento de los partidos, ¿quién puede asumir ese papel? ¿El Estado? Los resultados están a la vista con los yerros acumulados por el Congreso y la irrupción de las economías ilegales.

La otra fuente de financiamiento para algunos sectores políticos proviene de las oenegés que –a través de ciertas simulaciones en sus proyectos– pueden derivar recursos para la formación en escuelas políticas y la organización de movimientos progresistas anticapitalistas. De allí la enorme importancia también de que el Congreso apruebe el proyecto que propone regular y controlar el financiamiento de las oenegés.

Con respecto a los partidos se sobrerreguló todo, y los resultados están al primer golpe de vista. En cualquier sociedad solo existen dos sistemas de financiamiento de partidos: el democrático a través del sector privado y la sociedad en su conjunta y el totalitario o burocrático a través del Estado. El segundo sistema aplicado a una sociedad con alta informalidad produce los resultados de la política peruana.

Por todas estas consideraciones el Perú debe adoptar el método de financiamiento democrático por excelencia que se aplica en el Reino Unido y los Estados Unidos. Es decir, desregulación total de los aportes privados a los partidos políticos siempre y cuando se desarrollen de manera bancarizada y sean declarados ante la autoridad tributaria. Con ese requisito nadie se escapa del control de las instituciones.

En ese sentido, el reciente anuncio de Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, acerca de que se revisará la legislación sobre el financiamiento de los partidos es un asunto capital para el éxito de cualquier proyecto de reforma política.