Miles de trabajadores participan el miércoles 11 de noviembre de 2026 en una huelga general de 24 horas en España, la primera de ámbito nacional en 14 años, para protestar contra la crisis de la vivienda, el encarecimiento del costo de vida y reclamar mejoras salariales. La jornada está marcada por cortes de carreteras, piquetes y enfrentamientos con la policía en varios puntos del país.
La primera huelga general en España desde 2012 deja cortes de carreteras, enfrentamientos con la policía y protestas contra la crisis de la vivienda y el aumento del costo de vida.
La movilización, convocada por los sindicatos CCOO y UGT junto a colectivos vinculados a la defensa del derecho a la vivienda, coincide con un clima político tenso, a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del país. Según estimaciones citadas durante la protesta, España arrastra un déficit de unas 750,000 viviendas, una cifra que podría superar el millón antes de finales de la década.
Al mismo tiempo, el aumento de los alquileres ha dificultado la emancipación de los jóvenes y el acceso a una vivienda asequible para amplias capas de la población.
Seguimiento elevado, según los sindicatos
En Madrid, cerca de mil trabajadores se concentraron frente a Mercamadrid, el principal mercado mayorista del país. Los sindicatos denunciaron que la policía utilizó gas pimienta contra varios participantes que informaban sobre los motivos de la huelga.
11 de noviembre de 2026: la huelga paralizó parte del transporte público en Madrid.
Trece personas recibieron atención médica y una fue detenida. También se registraron al menos ocho heridos durante una intervención policial en instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
Las protestas provocaron importantes interrupciones del tráfico. Sindicalistas bloquearon accesos a la capital durante la hora punta matinal, mientras que en Cataluña se registraron cortes en más de treinta carreteras.
Los convocantes aseguraron que el seguimiento fue elevado en sectores estratégicos. Según sus datos, la participación alcanzó el 90 % en los puertos, fue prácticamente total en algunas fábricas automovilísticas y superó el 80 % en actividades como la industria cárnica y la recogida de residuos.
La huelga ha generado una fuerte controversia política. Empresarios y partidos conservadores y de ultraderecha la califican de movilización con fines electorales. Por su parte, el Ejecutivo de coalición de izquierdas ha pedido respeto al derecho de huelga y varios ministros han expresado públicamente su apoyo a las reivindicaciones.
