La respuesta internacional fue ipso facto, ya sean los gobiernos de derecha o de izquierda, todos no aceptaron el riesgo del quebrantamiento democrático.
Desde la década de los 70, 80 y 90 los golpes de Estado son cosa del pasado. Sin embargo, Bolivia, se caracteriza por ser uno de los más inestables del mundo, a lo largo de su historia ha sufrido casi 40 quiebres del Estado de derecho; el primero data del 18 de abril de 1828, cuando se produjo un motín en las tropas colombianas contra Antonio José de Sucre, asumiendo el mando el Gral. José María Pérez de Urdininea.
En el siglo XIX, fueron 20 los quiebres y en lo que va de este siglo, recordemos el del 2003, donde tuvo que renunciar Gonzalo Sánchez de Lozada, seguido por Carlos Mesa y luego Eduardo Rodríguez Veltzé y hace un quinquenio renunció Evo Morales tras las controversias electorales, con Jeanine Áñez asumiendo la presidencia en un contexto de acusaciones de golpe de Estado.
El singular intento golpista del miércoles 26 último mantuvo en tensión al país del Antiplano y al resto del mundo; lo que si hay que aplaudir es la pronta reacción de la comunidad internacional frente al frustrado intento liderado por el excomandante Juan José Zúñiga de derrocar al presidente Luis Arce.
El presidente Arce denunció “movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército”, mientras las tropas lideradas por el excomandante Zúñiga se congregaban en los exteriores del Palacio Presidencial en La Paz, el orden constitucional se restableció sobre el abuso y prepotencia de los fusiles.
La respuesta internacional fue ipso facto, ya sean los gobiernos de derecha o de izquierda, todos no aceptaron el riesgo del quebrantamiento democrático. Es evidente que los militares no van a recibir ningún apoyo a nivel internacional, inclusive en momentos cruciales para alguna nación.
Desde Paraguay, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, declaró que no tolerará ningún intento de socavar el orden constitucional, la Comunidad Andina (CAN) rechazó cualquier acto que atentara contra la democracia.
La presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Xiomara Castro, convocó a una reunión de emergencia para condenar los hechos y exigir el respeto al poder civil y la Constitución boliviana.
Nicolás Maduro, en Venezuela, denunció el golpe de Estado y afirmó su apoyo a Arce y a su amigo Evo Morales. En Cuba, Miguel Díaz-Canel lamentó el atentado y extendió su solidaridad al gobierno del presidente Arce. Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, también expresó indignación por los hechos.
Desde Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva condenó los golpes en América Latina y ratificó la posición de su país en defensa de la democracia. Gustavo Petro, presidente de Colombia, llamó al pueblo boliviano a la resistencia democrática. Andrés Manuel López Obrador, mandatario de México, emitió una condena enérgica. Gabriel Boric, presidente de Chile, manifestó su preocupación y apoyo al gobierno de Arce.
El mandatario de Uruguay Luis Lacalle Pou aseveró que el golpe atenta contra el orden democrático. En el Ecuador, la Cancillería lamentó los hechos y abogó por el respeto al Estado de derecho. En Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén rechazó cualquier intento de desestabilización.
Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo subrayó que la fuerza no es la vía para construir naciones democráticas. En la otra parte del continente, la Unión Europea (UE), a través de Josep Borrell y el Gobierno español, con una declaración del presidente Pedro Sánchez, condenaron cualquier intento golpista y expresaron su solidaridad con Bolivia.