La reciente fiscalización efectuada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) a la empresa editora del semanario dirigido por César Hildebrandt generó controversia. Según el periodista, la acción respondió a una revancha política, sin embargo, ‘Contra Corriente‘ accedió a información relevante y, según su reportaje difundido el pasado lunes, todo parece indicar que el polémico hombre de prensa tiene mucho que explicar a las autoridades.
Reclamo de ex trabajador abrió una caja de Pandora. La Fiscalía Penal Especializada en Delitos Tributarios estaría investigando una supuesta facturación por S/1.238,749.20, así como suplantación de identidad
Ocurre que, según reveló el informe de Contra Corriente, la investigación abierta por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) a la empresa editora del semanario dirigido por César Hildebrandt generó una curiosa controversia, tras un informe difundido el pasado mes de agosto por su semanario.
Sin embargo, lo resaltante del hecho es que la medida de la Sunafil fue en consecuencia de un procedimiento originado por la denuncia de un extrabajador de la empresa. En efecto, según documenta el programa de Willax, el pasado mes de abril; Michael Alexander Sánchez Escajadillo presentó un recurso ante el organismo fiscalizador tras señalar haber sido desvinculado de manera irregular de la compañía Plutón Editores SAC.
Vale decir, meses antes de que Fujimori gane las elecciones y asuma la jefatura del Estado peruano.
Por si fuera poco, y de la misma manera, en mayo último, a la par de la queja ante el ente laboral, el ciudadano registró una denuncia en la dependencia policial del distrito de Surco.
En la constancia policial tramitada por el denunciante se señala a la representante legal de la empresa editora por presunto uso indebido de identidad en trámites contables.
Sánchez Escajadillo afirmó que la compañía emitió cinco boletas electrónicas de venta a su nombre sin contar con su autorización.
Los documentos registrados en la plataforma oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) figuran por una suma total de S/1.238.749,20 soles, consignados en un periodo de cuatro meses.
Los comprobantes detallaron la supuesta adquisición de 303.615 ejemplares impresos entre diciembre del año 2025 y marzo del año 2026.
Según los registros administrativos del medio de comunicación, el denunciante se desempeñaba como asistente administrativo dentro de la planilla de la empresa. Según Contra Corriente, el excolaborador formalizó un recurso ante la Sunat solicitando deslindar responsabilidad por los montos reportados.
Además, en el escrito remitido a la entidad, el ciudadano precisó no ser beneficiario ni participante de las transacciones comerciales atribuidas a su nombre.El caso fue canalizado inicialmente ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro tras la denuncia policial.
Posteriormente, el despacho fiscal rederivó los actuados a la Fiscalía Penal Especializada en Delitos Tributarios para las indagaciones correspondientes. En las instancias correspondientes al caso del periodista César Hildebrandt, la defensa del denunciante entregó documentación técnica y registros audiovisuales para el proceso de investigación.
¿Qué afirma Hildebrandt?
Tal como se precisa en el informe difundido en el programa emitido por Willax, César Hildebrandt, denunció que estaría siendo «presionado» por el Gobierno, luego que su semanario Hildebrandt en sus 13, informara sobre la vinculación entre un empresario argentino, Damián Valenzuela con la actual mandataria peruana, Keiko Fujimori.
Las denuncias del ex colaborador contra el periodista, cabe anotar, se realizaron 100 días antes del informe publicado por el semanario de Hildebrandt
Valenzuela, a quien además el semanario desliza una relación muy cercana con Fujimori, es señalado por Hildebrandt como un asesor a la sombra, a quien durante la campaña electoral la entonces candidata ocultó a los medios.
Valenzuela es abogado y CEO de Latin America Invest, firma que se presenta como especializada en “protección de patrimonios” y en “potenciar las inversiones”. La compañía asegura que opera en diez países, que cuenta con 1.300 clientes y que administra 3.000 millones de dólares en activos. Tiene presencia en Perú desde 2011.
Según documentos judiciales de Estados Unidos citados por el semanario, Valenzuela registra en Florida al menos cuatro resoluciones adversas por incumplir la devolución de inversiones. Entre ellas figura una condena por cinco millones de dólares a favor de la empresa Chily Star Corp y otro proceso por 3,1 millones de dólares interpuesto por el empresario árabe boliviano José Luis Handal. Ambos entregaron dinero a cambio de mejores intereses.
En Argentina, una inversionista obtuvo una sentencia favorable contra una empresa presidida por él. En Uruguay, el Banco Central retiró en 2024 la licencia de Banfisol SA, vinculada a Valenzuela, tras detectar varias irregularidades (habría dado como domicilio una dirección falsa y habría mentido sobre el número de sus trabajadores). Una sociedad suya en España se encuentra además en concurso de acreedores y otra registrada en Panamá figura como inactiva.
Valenzuela rechazó, en ese entonces, en un mensaje en sus redes sociales el contenido del reportaje y ha anunciado que se defenderá: “He sido víctima de difamación agravada… Como analista político y económico en medios prestigiosos, respeto la actividad profesional periodística y se debe garantizar la libertad de información. Pero cuando se realiza un trabajo mediocre y difamatorio, es obligatorio defender la profesión, separando la paja del trigo”.
