El Ministerio Público presentó un requerimiento acusatorio contra el controvertido exoficial de la PNP y actual diputado Harvey Colchado, por quien pide una pena total de 9 años y 4 meses de prisión por los delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. En respuesta, el actual diputado de Ahora Nación, difundió un comunicado proclamando su inocencia.
no permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política
En un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, el congresista señaló que el documento “no cuenta con el debido sustento y fundamento legal”. Además, dijo que se trata de “una acusación con insuficientes elementos de convicción en cuanto a los delitos que se me pretenden atribuir”.
“Como ciudadano y hoy como diputado de la República, tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan. Durante toda mi trayectoria profesional he respetado, respeto y respetaré plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Quien ha dedicado su vida a hacer cumplir la ley no estará nunca por encima de ella”, manifestó.
Según Colchado Huamaní la denuncia fiscal se hace pública coincidentemente cuando asume funciones como integrante de la Comisión de Ética. “Fiel a mis convicciones, no permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”, señaló.
“Quiero recalcar que, mientras los hechos se encuentran en investigación, como todo ciudadano, gozo de la presunción de inocencia. Confío en que un proceso objetivo, imparcial y respetuoso del debido proceso permitirá que la verdad prevalezca sobre cualquier acusación”, sentenció.
Según se informó el miércoles en horas de la noche, el requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) ante el 30.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En el mismo caso también fueron acusados Clara Elizabeth Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, la información cuestionada fue consignada en un poder especial otorgado el 30 de abril de 2021 ante una notaría pública.
«El documento permitía a una tercera persona administrar, alquilar y realizar otros actos sobre un inmueble ubicado en la urbanización Los Viñedos de Carabayllo, en el distrito limeño de Comas.»
Para la Fiscalía, los datos consignados no reflejarían la situación laboral real del entonces oficial policial.
El Ministerio Público planteó una pena de 5 años y 4 meses de prisión por el presunto delito de negociación incompatible, mientras que por el supuesto delito de falsedad ideológica solicitó 4 años de pena privativa de libertad.
De acuerdo a las normas del concurso, corresponde realizar además la sumatoria de las penas a solicitarse «por ambos delitos”, señala el requerimiento presentado por la Fiscalía.
Vivienda de Colchado fue alquilada a la Policía Nacional
Pero hay más, dicho inmueble fue alquilado nada menos que a la Policía Nacional para uso de una Comisaría cuando el imputado se encontraba en servicio. Esta es la negociación incompatible por cuanto como funcionario público no podía realizar dicho acto, máxime cuando pretendió evadir responsabilidad al no consignar la verdad en el escrito.
Tal como lo denunció la periodista Milagros Leiva en agosto de 2024; Colchado alquilaba su inmueble por 6,600 soles mensuales al Ministerio del Interior (Mininter). Según el registro de la Sunarp, detalla que el inmueble de tres pisos con azotea incluida fue comprada por Julio Colchado Pastor y Martina Huamani Ordóñez, padres del coronel, el 25 de junio del 2015 por 150 mil dólares.
Luego de la muerte del padre de Harvey Colchado, el 23 de junio del 2020, su familia adquirió los derechos de dicho inmueble mediante una sucesión intestada; es decir, como herederos naturales.
Además de Harvey Colchado, el requerimiento acusatorio comprende como coprocesados a Clara Elizabeth Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas dentro de la investigación por el presunto delito de negociación incompatible. Para la Fiscalía, los hechos investigados guardan relación con presuntos delitos contra la administración pública y contra la fe pública.
La tesis fiscal
La acusación por falsedad ideológica está relacionada con una escritura pública suscrita el 30 de abril de 2021, mediante la cual Harvey Colchado otorgó un poder especial para administrar, vender o alquilar un inmueble de su propiedad ubicado en el distrito de Comas.
La Fiscalía sostiene que, en ese documento notarial, Colchado declaró como ocupación “independiente”. Sin embargo, según la investigación fiscal, para esa fecha se desempeñaba como coronel de la Policía Nacional del Perú en actividad y estaba asignado a la MACREPOL Lambayeque – REGPOL, conforme a una resolución ministerial emitida semanas antes.
El requerimiento también precisa que la escritura pública fue presentada ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) el 11 de mayo de 2021 y quedó inscrita el 18 de mayo del mismo año, periodo en el que, de acuerdo con la tesis fiscal, el entonces oficial seguía ejerciendo funciones dentro de la institución policial.
Fiscalía pide más de 9 años de prisión
De prosperar la acusación, el exoficial afrontaría una pena de 5 años y 4 meses de prisión por el presunto delito de negociación incompatible y 4 años de prisión por el presunto delito de falsedad ideológica, lo que suma 9 años y 4 meses de cárcel.
Corresponderá ahora al Poder Judicial evaluar el requerimiento presentado por la Fiscalía y determinar los siguientes pasos del proceso penal.
Bancada Ahora Nación sale en defensa del imputado
La agrupación política difundió un comunicado en el que cuestionó el requerimiento acusatorio formulado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.
En el documento, sostuvo que los hechos investigados carecen de relevancia penal y afirmó que la acusación no configura delito.
“Los hechos en materia de investigación no tienen ninguna relevancia penal y no constituyen delito. En tal sentido, el Ministerio Público no puede ser utilizado políticamente para inventar cargos y amedrentar a la oposición. Estas acciones no son nuevas y ahora buscan atacar al diputado Harvey Colchado precisamente cuando asume la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados y un espacio fundamental en la Comisión de Ética”,señaló la organización política.
