La oficialización de los tres decretos que autorizan, entre otras cosas, a las Fuerzas Armadas a construir penales y fijan una pena privativa de la libertad de 35 años para las prácticas terroristas; fortalece la capacidad del Estado en lo que se refiere a la recuperación del control en los centros carcelarios del país.
Así lo sostuvo hoy el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien recordó que mediante los dispositivos legales, se crea -también- el registro que servirá para identificar a las bandas criminales que utilizan prácticas terroristas. Además, se dispone la modernización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
“Con los cambios que impulsamos, dotamos al Estado de capacidades reales para ganar la batalla contra el crimen: nueva infraestructura, inteligencia financiera y una gestión penitenciaria firme. Este Gobierno tiene claro su objetivo de atacar a las mafias desde diversos frentes para que pierdan su poder operativo y económico”, indicó.
CONSTRUCCIÓN DE PENALES Y REGISTRO
En efecto, hoy se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N.° 1745, norma que traslada al Ministerio de Defensa la responsabilidad de formular y ejecutar la construcción y el mejoramiento de establecimientos penitenciarios. De esta manera se aprovechan las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para agilizar las obras y cerrar la brecha de infraestructura frente al hacinamiento.
También se oficializó el Decreto Legislativo N.° 1746, que crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE). Este padrón permite identificar y vigilar a las bandas que usan explosivos o armas contra personas, viviendas, transportes o servicios públicos para sembrar el miedo y obtener ganancias ilícitas.
La inscripción en este registro procede a propuesta de los sectores encargados de la seguridad y defensa nacional o por disposición de fiscalías y juzgados. Además, la norma sanciona estos actos con penas de 15 a 35 años de prisión, faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a congelar de inmediato las cuentas de los implicados y activa las alertas migratorias para evitar su fuga.
De igual manera, entró en vigencia el Decreto Legislativo N.° 1747, que moderniza la estructura del INPE y refuerza sus funciones en la seguridad, la inteligencia penitenciaria y los programas de resocialización. La disposición crea un Tribunal Disciplinario autónomo para sancionar con celeridad las irregularidades cometidas por el personal y habilita puestos directivos de confianza para asegurar una conducción firme, transparente y orientada a resultados verificables en la reinserción social.
“Las normas publicadas hoy refuerzan una ofensiva que ya da resultados concretos, como los golpes contra cabecillas criminales que ejecutamos en los últimos meses y el control militar alrededor de las cárceles. El Gobierno mantiene firme su compromiso de enfrentar el delito con decisión hasta recuperar la seguridad ciudadana”, dijo Galarreta.