OPINIÓN/ Alias ‘Lagarto’

NO ATRACO

por: Elmer Barrio de Mendoza

 

“¡Trátenme como al Lagarto!” debería ser una consigna ciudadana.

 

Pensé y repensé el título de este artículo debido a que tras el rechazo judicial a la prisión preventiva de Martín Vizcarra, vino la sospechosísima muerte de José Miguel Castro Gutiérrez y ambas cosas tras la decisión judicial (otra) de aceptar la sorprendente suspensión temporal de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema cuando no ejercía ninguno de ambos cargos. Y probablemente vendrán otras noticias, una detrás de otra, para crearnos, de nuevo, una montaña de confusión. Al final decidí mantener el título inicial y buscar el hilo conductor que articula todo esto. Tarea que sólo inicio con esta nota.

Una breve precisión antes. Según la RAE, “alias” significa sobrenombre o apodo, por otro nombre o de otro modo. Así que nadie se amosque por el uso que aquí le damos al término.

¿Qué dijo el juez?

Dijo que SÍ existía material probatorio que permitía anticipar la probabilidad de que Vizcarra fuera declarado culpable, pero no a nivel de sospecha grave. Dijo que, en ese caso, la prospectiva de pena sí era superior a los 5 años y que por tanto se cumpliría en condiciones de  prisión efectiva. Dijo que su arraigo laboral era débil y que no sería imposible (debido a ello) que hubiera riesgo de eludir a la justicia, a pesar de que había acudido a casi todos los requerimientos judiciales. Y dijo finalmente que no se había acreditado algún intento de obstrucción de la justicia.

En consecuencia no otorgó el requerimiento de prisión preventiva sino que agregó a su medida vigente de comparecencia la obligación de no salir del país y de no acercarse a ninguna representación diplomática extranjera.

Nadie debería ir a la cárcel, salvo delito flagrante grave o crimen atroz, sino tras una condena judicial y por tanto, nos guste o no, la decisión del juez fue correcta. Y así debió haber sido siempre en otros casos con otros inculpados. Pero nosotros mismos nos dejamos convencer por un ejército de periodistas, fiscales y jueces de que las detenciones preliminares y las prisiones preventivas eran justas y correctas. No señor, nunca lo fueron, y ahora tenemos un país que tiembla ante la amenaza mediática, fiscal y judicial. Esto es inaceptable y debe acabar de una vez. “¡Trátenme como al Lagarto!” debería ser una consigna ciudadana.

Y es que Vizcarra es una punta indispensable para todo lo demás. Él hizo la desastrosa última reforma del Sistema de Justicia. Él creó la Junta Nacional de Justicia y, a través de ella, en 2020, logró controlar el Ministerio Público y a una parte importante del Poder Judicial. Por eso a él no lo tratan como al resto y, con su principal asociado real, Gustavo Gorriti, y la cantidad de información confidencial que han logrado acumular, eventualmente mantienen una manga de magistrados y otros ciudadanos tomados del pescuezo (o de alguna otra parte).

¿Y qué pasó con Castro?

Para que el fallo judicial sobre Vizcarra no se discutiera, ni tampoco su apelación, se requería ahogar la noticia y el asesinato (o suicidio) de Castro vino a cuento. Claro, se trata de un escándalo de elevadas proporciones y tomó con rapidez las primeras planas y titulares durante las 72 horas necesarias para “olvidar” al Lagarto.

El cadáver del apodado Budián aún no enfriaba y ya circulaba la “tesis oficial caviar”: Se suicidó, punto. Pues resulta que el  modus operandi difícilmente calza con un suicidio y peor cuando se supo que los cuchillos utilizados no presentaban huellas dactilares. ¿Se puso guantes Castro, se cortó el cuello a dos manos, se sacó los guantes y los desapareció antes de morir dramáticamente en el baño, previo cierre del pestillo? ¡Tan imbéciles no somos!

Pero la decisión judicial sobre Vizcarra, que entiendo ya se apeló, no tuvo mayor difusión y mucho menos análisis.

Dejemos que las autoridades a cargo hagan su trabajo y pongámoslas bajo la lupa. Ésa es nuestra misión como ciudadanos.

Ahora bien ¿quién mató a Castro? La ruta de la respuesta es simple. ¿Quién se beneficia con su muerte? La lista es larga pero no tanto. Y la mayoría es cercana a un solo personaje, que es el principal socio real de alias Lagarto. ¿Qué no sabemos? No sabemos los entretelones de la recaudación mafiosa de fondos para las campañas contra la revocatoria de Susana Villarán y por su frustrada reelección y no sabemos casi nada de los manejos oscuros de la Caja Municipal de Lima ni de los actores involucrados en estas movidas. Una pena que quien ofrecía dar tal información no haya obtenido (durante seis años) la celeridad ni la protección que el mediático e incompetente fiscal Pérez sí otorgó a colaboradores menos importantes en otros casos. Pérez es obvio culpable (por negligencia) de la muerte de Castro.

Sólo para terminar, el Poder Judicial decidió acatar (como debe ser) la resolución de la Junta Nacional de Justicia sobre la reposición de la jueza Emma Benavides y tomó distancia del Ministerio Público, que no hizo lo mismo con su hermana Patricia, a pesar de tratarse del mismo documento oficial de la JNJ. Es un hecho, no una interpretación, pero es un hecho significativo, que ameritará mejor evaluación todavía.

Y, mientras tanto, sigue el culebrón.