El Perú no puede aceptar esta peligrosa degradación institucional. Estas elecciones ilegítimas, ilegales y fraudulentas no pueden ser convalidadas.
El 17 de mayo constituye una de las fechas más nefastas y dolorosas de la historia del Perú. Ese día, en 1980, Sendero Luminoso inició oficialmente su criminal guerra terrorista quemando ánforas electorales en Chuschi, Ayacucho. Con ese acto de barbarie comenzó una etapa de sangre, muerte y destrucción que costó decenas de miles de vidas y dejó heridas profundas en la Nación peruana.
Sendero Luminoso no solo atacó al Estado. Atacó directamente la voluntad popular y el derecho de los peruanos a decidir libremente su destino. El terrorismo despreciaba la democracia y buscaba imponer, mediante el miedo y la violencia, un proyecto totalitario y fanático.
Hoy, cuarenta y seis años después, el Perú enfrenta una situación que, aunque distinta, vuelve a representar un gravísimo atentado contra la legalidad y la voluntad popular. Precisamente este 17 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones pretende proclamar los resultados de unas elecciones cuestionadas por millones de peruanos debido a las graves irregularidades e ilegalidades cometidas por la ONPE y posteriormente encubiertas y avaladas por el propio JNE.
La coincidencia histórica es estremecedora. El mismo día en que el Perú recuerda el inicio de la barbarie terrorista, las autoridades electorales pretenden consumar una barbarie electoral.
La ONPE incumplió gravemente sus obligaciones legales al no entregar oportunamente el material electoral necesario para la instalación de numerosas mesas de sufragio. Esa irregularidad generó el caos y el retraso del proceso. Sin embargo, en lugar de aplicar la ley y asumir responsabilidades, el JNE optó por fabricar una salida política mediante nuevas ilegalidades.
El hecho más escandaloso fue permitir que la elección se realizara en dos días, disfrazando esa decisión bajo la absurda tinterillada de que simplemente se estaba “continuando” la votación. Eso es falso. La Ley Orgánica de Elecciones establece con absoluta claridad que las elecciones generales deben realizarse en un solo acto, el segundo domingo de abril. La legislación electoral es preclusiva, taxativa y literal. No admite interpretaciones acomodadas ni maniobras de última hora.
Lo que ha hecho el JNE constituye un gravísimo precedente contra el Estado de Derecho. Si las autoridades electorales pueden modificar en los hechos las reglas de la elección una vez iniciado el proceso, entonces la seguridad jurídica y la democracia quedan destruidas.
El Perú no puede aceptar esta peligrosa degradación institucional. Estas elecciones ilegítimas, ilegales y fraudulentas no pueden ser convalidadas. El pueblo peruano tiene el derecho y el deber de exigir la anulación de este proceso electoral y rechazar la vieja y corrupta política del hecho consumado que está aplicando el JNE. Y seamos claros: yo defiendo principios, no los intereses de ningún candidato.
