OPINIÓN/ Copamiento del sector energético: posible captura regulatoria desde el MINEM

Escribe: Pedro Morales Mansilla.

Ante la justificada priorización del gobierno de transición, de ejecutar acciones de lucha contra la criminalidad organizada (ojalá tengan éxito) se ha dirigido la atención ciudadana a ese cometido, se ha distraído respeto de otros asuntos de importancia y producido, condenable desdén de las instituciones llamadas a cautelar que no se perpetren o pongan por “debajo de la alfombra” acciones del gobierno que necesitan cautelarse. Por ejemplo, la concesión del Puerto de Matarani fue ampliada mediante una adenda al contrato de concesión, por 30 años más, a 4 años que cumpla su plazo.

Por lo que, en este artículo, como alerta, detallo lo que manifesté en uno anterior (21/10/ 2025) referido al copamiento de instituciones públicas vía el MINEN, con acciones “solapadas”, que pasan desapercibidas.

En este marco, no es novedad decir que el sector energético peruano atraviesa un proceso de politización que amenaza la institucionalidad técnica construida en las últimas décadas y  que, tras la llegada de Luis Bravo de la Cruz al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), se han producido movimientos abruptos en Petroperú y en el Grupo Distriluz que sugieren la existencia, merced a los antecedentes de quienes los promueven desde el poder político, un plan de control político con fines electorales, antes que la búsqueda de eficiencia o fortalecimiento institucional.

Hay antecedentes que nos llevarían a la existencia de un conflicto de intereses desde antes del origen, conformación, investigación e informe final de la “Comisión investigadora multipartidaria respecto al cobro del concepto de cargo fijo en los recibos del servicio de electricidad en el periodo marzo, abril, mayo y junio de 2020”, particularmente de Distriluz y acusaciones mutuas que,  lejos de ser hechos aislados, las decisiones recientes conforman un patrón de copamiento que expone al sector a riesgos de corrupción, captura regulatoria y desvío de recursos públicos.

Cabe anotar que la Comisión ha emitido su “informe final” tras tres años de “investigación”, generó un gasto de un millón y medio de soles (Aprox.) y no han trascendido acciones propias de sus conclusiones y recomendaciones. En qué quedó ¿transacción?

Un triángulo articulador

Según diversas fuentes, el ascenso del presidente José Jerí Oré abrió espacio para la intervención de un grupo parlamentario vinculado a él. El congresista Ilich López Ureña, integrante de la Mesa Directiva, habría recomendado a Bravo de la Cruz para encabezar el MINEM. A esta designación se suma la incorporación informal de Mario López Tejerina, asesor político sin resolución de nombramiento, pero que actúa como operador interno en decisiones administrativas del sector.

La Ley N.º 27594 —que regula el nombramiento de funcionarios del Poder Ejecutivo— exige designaciones formales cuando se ejerce influencia directa en la conducción administrativa. Un asesor sin nombramiento no puede participar en decisiones estratégicas ni representar al Ministerio ante terceros. Pese a ello, López Tejerina se presenta ante diversas entidades públicas como asesor principal del ministro. Esto refleja una intención política de gobernanza en la sombra, donde las decisiones reales no se sustentan en actos administrativos formales, sino en acuerdos políticos informales.

Primer golpe: Petroperú

A pocas horas de asumir, Bravo de la Cruz dispuso la salida del presidente del directorio de Petroperú. Si bien la renovación de autoridades puede responder a criterios de gestión, esta remoción habría vulnerado el marco normativo vigente. La Ley N.º 30130 que establece medidas para el fortalecimiento de Petroperú y el propio estatuto de la empresa señalan que, la designación y cese de sus directores deben responder a criterios técnicos y seguir un procedimiento formal debidamente motivado.

Según la Ley N.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, toda decisión estatal debe estar debidamente fundamentada (arts. 3, 6 y 10). La remoción sin causa específica, y sin sustento escrito, abre la puerta a arbitrariedades que afectan la gobernabilidad de la empresa más estratégica del país.

Segundo golpe: Distriluz y la puerta giratoria

Al margen de que Distriluz, no tiene personería jurídica, lo que demanda una investigación sobre sus responsabilidades, el hecho grave es la designación de Iván Eduardo Castro Morales (82 años) como presidente del Grupo Distriluz, conglomerado que abastece de energía a once regiones. Hasta enero de 2025, Castro se desempeñaba como vocal titular del Tribunal de Solución de Controversias y Sanciones de OSINERGMIN (TASTEM), entidad encargada de sancionar a las empresas eléctricas, incluida Distriluz.

El paso inmediato de un regulador a una empresa que supervisaba rompe estándares básicos de integridad pública. La Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley N.º 27815) establece los principios de probidad, imparcialidad y el deber de evitar conflictos de interés (arts. 1, 6, 7, 8). La situación configura un caso típico de puerta giratoria: el regulador pasa a la empresa regulada sin un periodo mínimo de enfriamiento, con evidente riesgo de captura regulatoria.

Los lineamientos de la OCDE, organismo al que Perú aspira incorporarse, señalan que la puerta giratoria es una de las amenazas más serias al equilibrio del mercado y la transparencia. Esta designación contradice esos estándares.

Distriluz: poder regional

Al tratarse de un grupo de empresas con fuerte presencia territorial, el control de Distriluz permite: Designar operadores políticos, dirigir compras y contratos, Manipular decisiones administrativas con finalidad electoral.

No se trata solo de gestión energética. Se trata de territorio, dinero y poder, que podrían financiar campañas electorales en forma camuflada.

Un patrón evidente

Las decisiones en Petroperú y Distriluz, ejecutadas desde el MINEM en un periodo brevísimo, muestran un patrón: Colocación de un ministro políticamente alineado. Ingreso de un operador informal sin designación. Remoción de autoridades técnicas. Nombramientos con claros conflictos de interés.

Control empresarial en regiones clave. El objetivo parece menos técnico que político: armar una estructura estatal para financiar campañas y construir redes clientelares.

¿Qué hacer?

Es urgente: Que la Contraloría General de la República audite las designaciones; que la Fiscalía Anticorrupción investigue posible colusión y tráfico de influencias; que el Congreso revise los actos administrativos que han permitido esta captura sectorial. (Aunque de este Poder es difícil esperar algo positivo, por el control o sumisión al que está sometido por la Mesa Directiva)

El sector energético no puede convertirse en botín electoral. Su integridad define no solo la competitividad nacional, sino la salud institucional del país. Por lo que preocupa que abunden las especulaciones sobre las influencias del dueño del llamado Partido “Perú Libre” quien habría conseguido el nombramiento (exprés) de otro “amigo”, Juan Aguilar Molina, como gerente General de DISTRILUZ, siguiendo con los últimos nombramientos que vienen de ese sector político desde el inicio de este periodo (2021) a través de MINEM.  Caso para las instituciones competentes, que deben evitar la corrupción.

Lima 8 de octubre del 2025.