Estamos frente a un problema serio de comunicación pública que, lejos de aclarar, introduce más dudas en la ciudadanía.
En el Perú, hablar del fenómeno de El Niño (ENSO nombre real) no es un ejercicio académico: es una conversación que activa memorias colectivas de destrucción, desborde de ríos, crisis sanitarias y pérdidas económicas profundas. Por eso, cuando desde espacios oficiales (y no solo mediáticos) se instala en el debate público la idea de un “Niño extraordinario” o incluso etiquetas informales y confusas (Godzila, Modoki, Costero, Andino, etc.), sin el suficiente sustento técnico, no estamos frente a una simple exageración. Estamos frente a un problema serio de comunicación pública que, lejos de aclarar, introduce más dudas en la ciudadanía.
Hoy, con proyecciones inciertas hacia el próximo verano y en un contexto de transición política (con un nuevo gobierno que asumirá funciones en julio y a fin de año las regiones y municipalidades), el riesgo de sobrerreaccionar ante escenarios aún no confirmados es particularmente alto. Y las consecuencias, lejos de ser abstractas, pueden sentirse en múltiples niveles, especialmente cuando son las propias autoridades las que contribuyen a amplificar términos imprecisos que no forman parte del lenguaje técnico.
El primer impacto es económico, aunque no siempre visible de inmediato. La difusión de pronósticos alarmistas (muchas veces reforzados por declaraciones oficiales poco rigurosas) afecta directamente las expectativas. En regiones donde el turismo representa una fuente clave de ingresos, basta con que se instale la percepción de riesgo para que comiencen las cancelaciones. Hoteles vacíos, operadores turísticos paralizados y economías locales golpeadas sin que el evento climático siquiera se haya materializado. Lo mismo ocurre con el consumo interno: familias que postergan gastos ante la incertidumbre, pequeños negocios que reducen inventarios y empresas que congelan inversiones.
En el sector agrícola, la distorsión puede ser aún más delicada. Si los productores anticipan lluvias intensas o pérdidas masivas de cultivos basados en información poco precisa (o peor aún, en denominaciones exageradas promovidas desde el ámbito político), pueden modificar sus decisiones de siembra, generando sobreoferta en algunos productos o escasez en otros. El resultado: volatilidad de precios, pérdidas económicas y, en el peor de los casos, inseguridad alimentaria localizada, en el inicio de un nuevo gobierno.
Pero el daño no se limita al ámbito privado. El Estado también reacciona (y muchas veces sobrerreacciona) frente a escenarios exagerados. En lugar de planificar con criterios técnicos y priorización adecuada, se activa una lógica de urgencia que puede derivar en gasto público apresurado. Obras que se licitan rápidamente, sin estudios completos; compras de emergencia que no siempre responden a necesidades reales; intervenciones que buscan mostrar acción más que resolver problemas estructurales. Y nuevamente, cuando estas decisiones se sustentan en mensajes poco claros emitidos por autoridades, el problema se agrava.
Aquí es donde la coyuntura política amplifica el problema. Un gobierno entrante, con necesidad de legitimidad y presión por mostrar resultados inmediatos, puede verse tentado a adoptar discursos alarmistas o a validar los ya existentes. El riesgo es doble: por un lado, se destinan recursos a prevenir un escenario sobredimensionado; por otro, se descuidan problemas reales y recurrentes que sí están plenamente identificados, como la vulnerabilidad frente a las lluvias estacionales de todos los años.
No se trata de elegir entre prevención cotidiana y preparación ante desastres, sino de entender que la segunda depende directamente de la primera.
Y aquí aparece una idea clave que suele quedar relegada: la mejor política pública frente al riesgo climático no empieza con eventos extraordinarios, sino con lo ordinario. Si el país estuviera adecuadamente preparado cada año para las lluvias de estación (con drenajes funcionales, ríos descolmatados, planificación urbana responsable y sistemas de respuesta locales fortalecidos), el impacto de cualquier evento extraordinario se reduciría significativamente. No se trata de elegir entre prevención cotidiana y preparación ante desastres, sino de entender que la segunda depende directamente de la primera.
A esto se suma un componente menos tangible, pero igualmente crítico: el impacto social. La sobreexposición a mensajes catastróficos, especialmente cuando provienen de fuentes oficiales, genera ansiedad colectiva. La población comienza a vivir en un estado de alerta constante, sin claridad sobre qué es realmente probable y qué no. Con el tiempo, este exceso de dramatización tiene un efecto paradójico: erosiona la credibilidad. Y cuando las autoridades utilizan términos imprecisos o no reconocidos técnicamente, en lugar de orientar, terminan debilitando la confianza en la información pública.
Cuando todo se presenta como inminente desastre, nada termina siéndolo del todo. Y cuando finalmente aparece un riesgo real, existe la posibilidad de que la ciudadanía ya no responda con la seriedad necesaria. Es el clásico efecto del “pastor mentiroso”, trasladado al ámbito de la gestión de riesgos, pero agravado por el hecho de que quienes emiten el mensaje son, precisamente, quienes deberían generar certidumbre.
Entonces, ¿dónde está el problema de fondo? No en hablar del fenómeno, ni en alertar sobre posibles escenarios adversos. El problema está en cómo se comunica la incertidumbre. La ciencia climática, por definición, trabaja con probabilidades, no con certezas absolutas. Existen escenarios más o menos probables, márgenes de error y actualizaciones constantes. Convertir ese proceso en declaraciones categóricas o en etiquetas llamativas desde el poder político no solo es una simplificación, sino una distorsión que tiene consecuencias.
Parte de la responsabilidad recae en los medios de comunicación, que muchas veces amplifican estos mensajes. Pero es innegable que el punto de partida suele estar en declaraciones oficiales que buscan generar impacto o demostrar acción. En ese cruce, la evidencia técnica pierde espacio frente a la narrativa, y la política termina imponiéndose sobre la precisión.
¿Cómo corregir este rumbo? No se trata de silenciar el debate ni de minimizar los riesgos reales. Se trata de elevar el estándar de la conversación pública.
Primero, es indispensable fortalecer el rol de las instituciones técnicas y darles centralidad en la comunicación, evitando que sean desplazadas por vocerías políticas improvisadas.
Segundo, es clave diferenciar niveles de certeza. No es lo mismo un escenario posible que uno probable o confirmado. Esta distinción debe ser respetada especialmente por las autoridades.
Tercero, hay que desterrar el lenguaje sensacionalista, sobre todo desde el Estado. La comunicación oficial no puede permitirse ambigüedades ni términos coloquiales que generan más confusión que claridad.
El Perú no puede darse el lujo de gestionar riesgos sobre la base de exageraciones. Ya hemos visto el costo de la improvisación,
Cuarto, el nuevo gobierno tiene una oportunidad (y una responsabilidad) de marcar un cambio de tono: menos espectacularidad y más consistencia técnica, incluso si eso implica reconocer incertidumbre.
Y quinto, priorizar lo básico: invertir de manera sostenida en preparación frente a lluvias estacionales. Esa es la verdadera primera línea de defensa del país.
El Perú no puede darse el lujo de gestionar riesgos sobre la base de exageraciones. Ya hemos visto el costo de la improvisación, pero también debemos reconocer que el exceso de alarmismo (sobre todo cuando proviene de quienes deberían informar con rigor) es otra forma de mala gestión: una que no destruye puentes ni viviendas, pero sí erosiona confianza, distorsiona decisiones y desperdicia recursos.
El próximo verano traerá desafíos, como todos. Algunos serán previsibles, otros no. Lo que sí está en nuestras manos es la forma en que hablamos de ellos y, sobre todo, cómo nos preparamos año a año. Porque, al final, tan dañino como no prepararse para un desastre es prepararse para uno que nunca existió.
Y entre ambos extremos, lo que se pierde no es solo dinero: es capacidad de gobernar con sensatez. Digo Yo.
