Las midterms no le exigen al Perú cambiar de aliados, sino gestionar una relación con Estados Unidos institucionalmente más compleja.
Los resultados de las elecciones de medio mandato (“midterms”) del 3 de noviembre en Estados Unidos tienen consecuencias para el Perú. El Partido Demócrata ha recuperado el control de ambas cámaras del Congreso. Donald Trump conserva la presidencia hasta enero de 2029, pero desde el 3 de enero de 2027 deberá gobernar con un nuevo Congreso, esta vez controlado por la oposición.
Estados Unidos entra así en una etapa de gobierno dividido. El Congreso podrá intensificar investigaciones, supervisar la política exterior, condicionar presupuestos y, desde el Senado, bloquear nombramientos diplomáticos. Pero Trump conserva amplias facultades ejecutivas en diplomacia, comercio y seguridad nacional, y superar un veto presidencial exige mayorías calificadas que los demócratas no tienen aseguradas. Por tanto, el resultado no supone un cambio inmediato de la política exterior estadounidense, sino una redistribución del poder entre la Casa Blanca y el Congreso.
Comercio: el TLC adquiere especial importancia
El TLC o Acuerdo de Promoción Comercial Perú–Estados Unidos es una base jurídica que no desaparece por un cambio de mayoría. Los demócratas han manifestado interés en limitar algunas facultades arancelarias utilizadas por Trump, aunque sus iniciativas enfrentarían el veto presidencial.
La política comercial estadounidense podría volverse más disputada: las exportaciones peruanas ganarían previsibilidad si se alcanzan acuerdos legislativos, pero también podrían sufrir episodios de incertidumbre si el Ejecutivo y el Congreso chocan. El interés peruano no debe depender de qué partido controle el Congreso, sino de preservar reglas estables y canales de interlocución con ambos.
China, Chancay y los minerales críticos
El Perú mantiene una relación económica importante con China en minería, infraestructura y comercio, mientras Estados Unidos considera la competencia con China un componente central de su política exterior.
El resultado electoral no elimina esa competencia, que tiene respaldo en ambos partidos; lo que podría cambiar son sus instrumentos y su intensidad.
Chancay ilustra el dilema peruano: cómo aprovechar inversiones chinas sin comprometer la relación estratégica con Estados Unidos. La política exterior peruana puede distinguir entre cooperación económica legítima, protección de infraestructura crítica y decisiones de seguridad nacional, sin tratarlas automáticamente como equivalentes.
Seguridad y diplomacia
La administración Trump ha promovido una política de seguridad hemisférica más activa, mientras legisladores demócratas han pedido mayor supervisión de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental. Para el Perú están en juego la cooperación antidrogas, el intercambio de inteligencia y la modernización militar.
En enero de 2026, Estados Unidos autorizó una posible venta de servicios de diseño, construcción y apoyo para la Base Naval del Callao, por un monto estimado de hasta 1,500 millones de dólares.
Un Congreso demócrata podría examinar con más rigor las condiciones de este tipo de iniciativas, sin que ello implique necesariamente su cancelación.
En el plano diplomático, la Cancillería deberá tratar con dos interlocutores: la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que siguen dirigiendo la diplomacia cotidiana, y un
Congreso que influye en presupuestos, legislación y nombramientos. El nuevo Senado también puede alterar el calendario de confirmación de embajadores.
El Escudo de las Américas
El efecto más concreto de las midterms para el Perú se verá en el Escudo de las Américas, mecanismo al que nuestro país ya pertenece formalmente. La iniciativa fue lanzada en marzo de 2026 en Doral, Florida, y ampliada en septiembre en Nueva York.
Su declaración conjunta del 22 de septiembre, suscrita por el Perú, estableció tres pilares: económico, con la protección de cadenas de suministro, minerales críticos, infraestructura digital y la evaluación de inversiones extranjeras; de seguridad, contra el narcotráfico y las redes calificadas como narcoterroristas; y de coordinación de posiciones en organismos internacionales.
Contempla además recurrir al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para examinar acciones colectivas contra organizaciones criminales. La incorporación peruana constituye, por ahora, un compromiso político, no un tratado internacional que imponga obligaciones jurídicas vinculantes.
No obstante, el Escudo ya no es solo una iniciativa policial o militar: se está configurando como un mecanismo de coordinación económica y diplomática hemisférica.
Las midterms no desmantelan el Escudo de las Américas, pero sí le introducen incertidumbre y pueden condicionar su desarrollo. Trump conserva la iniciativa diplomática, mientras que el Congreso puede fiscalizar las operaciones y condicionar los recursos que requieran autorización legislativa.
La diferencia es entre continuidad diplomática y capacidad de ejecución: el Escudo puede mantener su estructura política, pero sus iniciativas más ambiciosas podrían encontrar dificultades si requieren fondos o nueva legislación.
El punto más sensible: China
El centro de estudios estadounidense CSIS ha interpretado el Escudo como un instrumento potencial para contener la expansión china en puertos, telecomunicaciones y minerales críticos. Es una interpretación, no una obligación asumida por los participantes.
El problema no es que el Escudo obligue al Perú a restringir inversiones chinas, sino que puede convertirse en un espacio desde el cual Washington promueva determinadas decisiones regulatorias sobre Chancay, la minería o la infraestructura digital. Conviene distinguir tres niveles. La coordinación voluntaria no obliga al Perú a adoptar cada posición estadounidense.
Una declaración política no equivale a un tratado, pero participar regularmente en un mecanismo de concertación genera expectativas de apoyo recíproco en votaciones, sanciones y seguridad.
La propia declaración reconoce el respeto a la soberanía y a las obligaciones internacionales de cada país, de modo que el Perú conserva su autonomía diplomática, aunque dentro de un marco de compromisos políticos.
El TIAR merece especial atención
La declaración propone iniciar el procedimiento de consulta previsto en los artículos 6 y 13 del TIAR para considerar posibles medidas colectivas contra 24 organizaciones identificadas como narcoterroristas, entre ellas Sendero Luminoso, el Tren de Aragua y Viv Ansanm de Haití.
Esto no significa automáticamente intervención militar ni autorización para operaciones extranjeras en territorio peruano o apoyo a las actividades militares de El Salvador en Haití: cada medida tendría que ajustarse al tratado, al derecho internacional y fundamentalmente a la Constitución Política del Perú.
Con el nuevo Congreso cabe esperar mayor escrutinio sobre la legalidad y la financiación de estas acciones, pero sería prematuro afirmar que los demócratas bloquearán la cooperación contra el crimen organizado.
¿Sobrevivirá el Escudo a Trump? La iniciativa está muy identificada con su administración y con Marco Rubio, y se puede cuestionar su sostenibilidad por su participación selectiva y la ausencia de compromisos financieros estables claramente definidos. Su continuidad dependerá, entre otros factores, de que consiga institucionalizarse más allá de la figura de la Presidencia de Trump y establecer mecanismos operativos y financieros estables.
Lo que la Cancillería debería hacer
Cuatro tareas parecen prioritarias. Primero, precisar qué compromisos asumió el Perú en septiembre y cuáles requieren instrumentos posteriores.
Segundo, vigilar si la coordinación económica del Escudo se traduce en propuestas sobre Chancay, minería o inversiones chinas.
Tercero, evaluar las implicancias jurídicas de cualquier iniciativa vinculada al TIAR. Cuarto, mantener interlocución con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y ambas cámaras del Congreso, para que la relación bilateral no dependa de una sola iniciativa presidencial.
Conclusión
El Perú se ha incorporado a un mecanismo hemisférico impulsado por Trump justo cuando el presidente acaba de perder el control del Congreso. Eso no invalida nuestra participación, pero cambia su contexto y ahora exige evaluar cuidadosamente sus alcances.
Lo que merece más atención no es la cooperación contra el narcotráfico, que tiene amplios antecedentes, sino la creciente vinculación entre seguridad, inversiones estratégicas y coordinación diplomática.
El Perú no necesita interpretar cada desacuerdo entre Washington y Pekín como una obligación de escoger: puede mantener relaciones comerciales con China y cooperación estratégica con Estados Unidos, siempre que cuente con instituciones regulatorias sólidas, transparencia y decisiones soberanas verificables.
Las midterms no le exigen al Perú cambiar de aliados, sino gestionar una relación con Estados Unidos institucionalmente más compleja.
(*) Expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
