OPINIÓN/ La amnistía y el verdadero enemigo del Perú

Escribe: Julio César Valdez Pomareda

Tnte. Gral. FAP

 

La ley de amnistía es un paso necesario, valiente y elemental, pero insuficiente.  Sin una reforma profunda del sistema judicial y sin la recuperación de la soberanía frente a organismos internacionales seguirá siendo un gesto simbólico

 

La ley de amnistía para nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional acaba de promulgarse, pero lo que vino después era tan predecible como el amanecer, la izquierda comunista y el poder caviar salieron a gritar “inconstitucionalidad” y a victimizarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).   No hay sorpresa alguna, lo advertimos; una ley, por justa que sea se convierte en papel mojado mientras el sistema de justicia siga secuestrado por intereses ideológicos; y en tanto el Perú continúe sometido a tribunales internacionales que no representan a nuestra nación sino a una agenda política continental, no existirá jamás una real, verdadera, e imparcial justicia.

Este escenario no sorprende, ya estaba escrito que la sola promulgación de una ley no sería suficiente para solucionar un problema que es, en esencia, estructural.

El cáncer caviar en la justicia peruana

 

El Ministerio Público y el Poder Judicial no cumplen hoy la misión para la que fueron creados. Están convertidos en trincheras ideológicas, refugios de burócratas que responden más a ONG’S extranjeras y al progresismo militante que al pueblo peruano.

Esa es la verdad incómoda, y es por eso que toda medida que favorezca a nuestras Fuerzas Armadas será torpedeada desde adentro, los caviares han hecho de la “justicia” un arma de persecución política, no un instrumento de equidad.

Estos grupos, que actúan como una élite ideológica antes que, como verdaderos guardianes de la justicia, utilizan su poder para perseguir selectivamente a quienes no comparten su visión política, y al mismo tiempo garantizar impunidad para quienes sí comulgan con su agenda.

En este contexto, la amnistía se convierte en letra muerta. No importa cuánto respaldo tenga en el Congreso o en la sociedad, mientras los jueces y fiscales respondan a intereses políticos antes que a la ley, cualquier medida de alivio legal será atacada, bloqueada o desnaturalizada.

 

La CIDH: Juez parcial y enemigo declarado

 

Encima, tenemos a la CIDH, un organismo que se ha vuelto un obstáculo permanente para nuestra soberanía. Nunca los hemos visto defender con el mismo ahínco a las víctimas del terrorismo; siempre, en cambio, se alinean con los discursos que pintan a los terroristas como “jóvenes idealistas” y a los militares como “criminales de guerra”.  Es el mundo al revés. Mantenernos dentro del Pacto de San José es, en la práctica, ceder nuestra justicia a una corte que no rinde cuentas al Perú y que, por el contrario, trabaja para debilitarlo.

El Perú, como signatario del Pacto de San José y sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ve condicionado por un organismo que sistemáticamente se ha alineado con el discurso de las ONG’S progresistas.

En los últimos años, la CIDH ha demostrado que sus decisiones no responden a criterios de imparcialidad jurídica, sino a una agenda política que refuerza la narrativa de izquierda en América Latina.

Por ello, mientras el Perú siga atado a este sistema supranacional, cualquier norma de amnistía será cuestionada, y la soberanía de nuestras instituciones se verá permanentemente recortada.

 

Lo que de verdad necesitamos: refundación y soberanía

 

Promulgar leyes no basta.  El problema de fondo es la estructura misma de nuestro sistema de justicia y su sumisión a intereses ideológicos. No basta con amnistías, no basta con buenas intenciones; la solución, aunque drástica, es clara y urgente:

1. Una refundación total del Ministerio Público y el Poder Judicial. Hay que desmontar el aparato caviar, limpiar de raíz la podredumbre ideológica y reconstruir un sistema donde el juez y el fiscal sirvan a la ley y al país, no a su ideología ni a ONG’S extranjeras.

No se trata de simples cambios cosméticos o de reemplazar algunos funcionarios, sino de desmontar los cimientos del aparato caviar que hoy controla las decisiones más importantes. Una justicia que no es imparcial es peor que la ausencia de justicia.

2. Salir del Pacto de San José. Mientras sigamos atados a esa camisa de fuerza la justicia peruana seguirá intervenida desde fuera. La defensa de nuestros soldados y policías que dieron la vida en la guerra contra el terrorismo jamás será posible bajo la tutela de quienes jamás pisaron un campo de batalla, pero sí dictan desde un escritorio en Washington cómo debe vivir el Perú.

Mientras el Perú siga bajo la tutela de la CIDH, cualquier intento de legislar en defensa de sus Fuerzas Armadas o de su soberanía estará condenado a la nulidad.  Recuperar la autonomía en materia de derechos humanos no significa renunciar a la defensa de la dignidad humana, sino evitar que organismos politizados dicten cómo debe gobernarse un país soberano.

 

Un acto de justicia, no de impunidad

 

La amnistía no es impunidad, es justicia. Se trata de reconocer a los hombres que cargaron con el peso de un conflicto brutal que el país parecía haber olvidado. Es darle al uniforme el lugar que merece, frente a una izquierda que relativiza los crímenes de Sendero Luminoso y el MRTA, pero que exige cárcel eterna para quienes defendieron a la patria.

La amnistía no es un capricho ni un retroceso democrático, como argumentan sus detractores.  Es, en esencia, un acto de justicia histórica con aquellos que defendieron al Perú en los momentos más oscuros de la subversión terrorista. Quienes hoy critican la norma son, en muchos casos, los mismos que hicieron oídos sordos a las atrocidades cometidas por los delincuentes subversivos.

Lo que está en juego no es únicamente el destino judicial de militares y policías procesados, es el futuro de la democracia peruana.  Si el Estado se muestra incapaz de proteger a quienes lo defendieron, y si las instituciones permanecen secuestradas por intereses ideológicos, el mensaje que se envía a las futuras generaciones es devastador.

Conclusión

La ley de amnistía es apenas un primer paso. El verdadero combate es contra la estructura caviar y contra la tutela internacional que nos niega soberanía. Refundar la justicia y romper cadenas con la CIDH no es un capricho, es una necesidad histórica si queremos un Perú libre, digno y agradecido con quienes lo defendieron.

La ley de amnistía es un paso necesario, valiente y elemental, pero insuficiente.  Sin una reforma profunda del sistema judicial y sin la recuperación de la soberanía frente a organismos internacionales seguirá siendo un gesto simbólico más que una solución real.

El Perú necesita refundar sus instituciones y tomar decisiones audaces, incluso incómodas para ciertos sectores, si de verdad quiere garantizar justicia, reconciliación y soberanía.