No deja de resultar curioso que, pretendiendo transmitir una imagen de firmeza y seguridad, la Presidente haya recurrido a una comparación que bien podría terminar explicando exactamente lo contrario.
La presidente Keiko Fujimori, a propósito del reciente y lamentable incidente protagonizado por ministros de Estado y senadores de la República, ha expresado públicamente su respaldo al ministro César Astudillo. Hasta allí, nada que objetar. Es perfectamente comprensible que una mandataria respalde a sus ministros, más aún cuando considera que les asiste la razón. Lo que resulta difícil de entender es que haya concluido su intervención apelando a una expresión tan desafortunada como innecesaria: «Los perros ladran, es una señal de que estamos avanzando».
No deja de resultar curioso que, pretendiendo transmitir una imagen de firmeza y seguridad, la Presidente haya recurrido a una comparación que bien podría terminar explicando exactamente lo contrario.
Los estudiosos del comportamiento animal, particularmente los etólogos, sostienen que el ladrido de los perros responde a múltiples causas. Entre ellas, el miedo, la inseguridad, la frustración y la percepción de una amenaza. El perro no siempre ladra porque alguien avanza. Muchas veces lo hace precisamente porque algo le asusta, le desconcierta o porque no sabe cómo reaccionar frente a aquello que tiene delante.
Desde luego, hay que procurar no convertir una expresión presidencial en materia de discusión zoológica. Pero si de metáforas se trata, convendría tener algún cuidado con aquellas que se escogen, porque pueden terminar diciendo bastante más de lo que originalmente se quiso expresar.
Lo verdaderamente preocupante, sin embargo, no es la infeliz referencia a los perros, ni siquiera el agravio que puede advertirse hacia quienes discrepan del gobierno. Lo preocupante es la aparente facilidad con la que desde las más altas esferas del poder se viene confundiendo la firmeza con la confrontación, la autoridad con la imposición y la crítica con una suerte de amenaza que debe ser descalificada.
A estas alturas, cuando nos encontramos ad portas de los acostumbrados cien días de gracia que se conceden a todo gobierno que inicia su gestión, correspondería que la presidente Fujimori hiciera un ejercicio de introspección, acompañado de una saludable dosis de autocrítica.
Porque, más allá de las declaraciones y de las buenas intenciones que nadie tendría por qué poner en duda de antemano, los hechos vienen poniendo en evidencia una preocupante dificultad del Ejecutivo para construir entendimientos con la representación parlamentaria. Y esto no es precisamente una buena señal para un gobierno que necesita estabilidad política, capacidad de convocatoria y resultados concretos.
La Presidente debiera comprender que gobernar no consiste en demostrar quién tiene la última palabra, ni mucho menos en convertir cada discrepancia en una confrontación entre vencedores y vencidos. Gobernar supone, fundamentalmente, conducir. Y conducir exige escuchar, persuadir, concertar y, cuando las circunstancias lo demandan, tener la suficiente grandeza para rectificar.
No se trata, por supuesto, de exigirle al Ejecutivo una actitud complaciente frente al Congreso, ni de desconocer que también entre los parlamentarios existen responsabilidades por las malas formas que vienen deteriorando las relaciones entre ambos poderes del Estado. La obligación de guardar las formas, respetar las investiduras y preservar la institucionalidad alcanza a todos, sin excepción.
Pero hay una responsabilidad mayor que corresponde a quien ejerce la Presidencia de la República. Porque quien gobierna no puede comportarse como un actor más de la disputa política. Su obligación es procurar que las diferencias encuentren cauces institucionales y no convertirse en un factor adicional de crispación.
Keiko Fujimori tiene, además, una oportunidad que no debiera desperdiciar. La de demostrar que su gobierno puede superar las viejas prácticas de una política acostumbrada a descalificar al adversario antes que a discutir sus razones. Que puede ejercer autoridad sin estridencias y defender sus decisiones sin necesidad de agraviar a quienes las cuestionan.
Sería deseable, por ello, que antes de celebrar los supuestos ladridos ajenos, la presidente se preguntara por qué su gobierno encuentra tantas dificultades para dialogar con quienes, desde el parlamento, también han recibido un mandato popular.
Porque los cien primeros días de un gobierno no debieran servir únicamente para reclamar paciencia, exhibir autoridad o atribuir a terceros las dificultades propias. Debieran constituir, sobre todo, una oportunidad para demostrar capacidad política, sentido de Estado y disposición para construir los acuerdos que el país necesita. Y de demostración de capacidad política, de actuar con sentido de Estado y de disposición para construir los acuerdos que el país necesita, nada se ha visto a casi cien días de gobierno.
El Perú tiene demasiados problemas pendientes como para que sus principales autoridades se entretengan en una disputa de agravios y metáforas desafortunadas. La inseguridad ciudadana, las demandas sociales y las legítimas expectativas de millones de peruanos reclaman bastante más que frases destinadas a arrancar aplausos entre los propios.
Finalmente, si algo debiera preocupar a la presidente Fujimori no es que los perros ladren, sino que, al cabo de sus primeros cien días, los ciudadanos comiencen a preguntarse hacia dónde estamos avanzando y cuáles son los resultados de ese supuesto avance.
Porque ladrar no siempre es señal de temor por el avance del contrario, como tampoco confrontar es sinónimo de gobernar. Y si de avanzar se trata, sería bueno recordar que un país no avanza cuando sus gobernantes hablan más fuerte, sino cuando demuestran que son capaces de entenderse, aun con quienes piensan distinto.
