OPINIÓN/ La nueva ley MAPE y el sistema de derechos de propiedad

(El Montonero).- El dictamen que se tramita en la Comisión de Energía y Minas del Congreso crea el Registro de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y Minería Tradicional (Renapmat) y, de alguna manera, organiza un nuevo Reinfo recargado. En otras palabras, a nuestro entender, intenta perpetuar todos los fracasos en la formalización que se han acumulado en el Reinfo, fracasos que han generado las condiciones para el avance de la minería ilegal en el país.

No se puede ceder ante el nuevo populismo minero y el fracaso de la formalización

En primer lugar, creemos que no se debe aceptar las categorías culturales que suelen desarrollar las izquierdas y el eje bolivariano para camuflar sus objetivos políticos. En la minería nacional no se puede hablar de “minería tradicional” como concepto, porque no define nada y puede servir como cajón de sastre para incluir diversas categorías de informalidad e ilegalidad en el sector. En el debate sobre la ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (ley MAPE) solo se debe aceptar las categorías de gran, mediana y pequeñas unidades de minería. ¿Por qué? Porque estos conceptos están vinculados a dimensiones y proyectos en inversión, intensidad de capital, calidad de tecnologías, economías de escala, responsabilidad ambiental, recaudación fiscal y generación de empleo formal.

Ahora bien, el nuevo proyecto de Renapmat perpetúa el fracaso de la formalización minera porque cualquier ciudadano que presenta su DNI y RUC y las coordenadas del predio a explotar puede conseguir la autorización para desarrollar actividades mineras, a pesar de no tener las condiciones básicas para ejercer la actividad. Claro que se establece que progresivamente se puede resolver los problemas que se presentan en temas ambientales, laborales, registrales y técnicos que requiere la actividad. El gigantesco problema es que la progresividad no tiene plazos claramente establecidos.

Asimismo, los registrados en el Renapmat cuentan con protección jurídica –tal como sucedía en el caso del Reinfo– frente a las acciones legales de los propietarios de las concesiones y las iniciativas del propio Estado cuando se decida invocar la Constitución, las leyes y el sistema de derechos de propiedad en el país. Es decir, el nuevo registro propuesto pretende seguir creando un fuero especial para quienes invaden y asaltan concesiones y comienzan a explotarlas con el argumento de las concesiones ociosas.

Lo más grave del nuevo proyecto de ley MAPE es que establece una servidumbre minera a favor de quienes ingresan a “una concesión que no se explota sin justificación alguna”. En otras palabras, se legitima las invasiones y asaltos que los mineros ilegales están desarrollando sobre las reservas probadas de las concesiones formales. El concepto de concesión ociosa, sin explotar, es una verdadera caja de Pandora que puede terminar con el régimen de la Ley General de Minería que, en las últimas décadas, ha sumado más de US$ 60,000 millones en inversiones, se ha convertido en el principal motor de la descentralización a través del canon regional y ha creado más de 1.4 millones de empleos, entre directos e indirectos.

Las concesiones de las mineras modernas –como sucede en todas las potencias mineras del planeta, tales como Canadá, Australia y Chile, por ejemplo– tienen en promedio más de 10,000 hectáreas porque la explotación de los minerales requiere una alta intensidad en capital, tecnología y economías de escala con el objeto de preservar el medio ambiente e incrementar la recaudación fiscal del Estado. Con las reservas probadas en la mano, la empresa tituliza la concesión y acude al sistema financiero internacional para conseguir el capital. Luego de capitalizarse la empresa comienza a explotar el centro de la concesión y a desarrollar una incesante exploración en toda el área de la concesión con el objeto de ampliar la vida útil de la mina. Con más minerales encontrados, ganan la población y el Estado.

Las invasiones de los mineros ilegales se han producido en cerca del 10% de las áreas de reservas probadas de las minas formales, reservas probadas alcanzadas mediante un enorme trabajo de exploración. De allí que la idea de una servidumbre minera y de una concesión ociosa sean los velos para encubrir el asalto y el robo del trabajo de otros.

Si el Perú no preserva su régimen general de minería y cede ante el populismo minero que asoma se habrá dado una estocada letal al modelo económico de las últimas décadas.