OPINIÓN/ Lo que no debe suceder

Escribe:  Elmer Barrio de Mendoza

 

Claramente se cumplen los tres supuestos y el fiscal a cargo podría eventualmente solicitar prisión preventiva para Pérez, tal como el ahora investigado lo hizo antes innumerables veces con sus víctimas

A propósito del Informe de la Investigación Preliminar a José Domingo Pérez Gómez por eventuales delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción, se ha producido una reacción inaceptable y varias lecciones positivas, que pasaremos a comentar.

  La reacción inaceptable

Algunos ciudadanos están diciendo que el probado desbalance patrimonial de Pérez (de 131 mil soles) es insignificante y que prácticamente hay que pasarlo por alto.

¡Inadmisible! Nadie -y menos un fiscal-  puede contar con esa suerte de tolerancia social. O alguien dice que sí. Aquí no cabe medias tintas. Además decirle a los peruanos que 131 mil soles no es nada, es ofenderlos miserablemente. ¡Cuántos quisiéramos contar con cifra similar!

Y nos vienen con el cuento de que es un saldito perdonable. O que se trata de una chispita (¡qué vergüenza para quién hizo ese símil!)

Cómo diría algún pastor evangélico: ¡Arrepiéntanse!

  Las lecciones positivas

Pérez ha disfrutado de una investigación preliminar ejemplar, como se supone que debe ser: en plena reserva y salvaguardando su derecho a la inocencia presunta. Exactamente lo que él no hizo con sus investigados.

Ojalá aprenda que así debe ser. Aunque lo dudo.

Ahora viene la investigación preparatoria y la audiencia de solicitud de medidas restrictivas. El informe será público pronto y el fiscal a cargo, por muy amigo que sea de Rafael Vela, deberá requerir alguna decisión judicial que asegure que Pérez no eluda la justicia. Para ello tiene, tanto fiscal como juez, que considerar tres elementos: suficiente carga probatoria (el informe es contundente y abre la posibilidad de que el desbalance sea mayor), prospección de la pena superior a cuatro años (el delito de corrupción de funcionarios prevé penas mayores) y peligro procesal (que a su vez supone una de dos condiciones: que no exista arraigo domiciliario o laboral o que haya peligro de obstrucción de la justicia).

Claramente se cumplen los tres supuestos y el fiscal a cargo podría eventualmente solicitar prisión preventiva para Pérez, tal como el ahora investigado lo hizo antes innumerables veces con sus víctimas. También por supuesto podría pedir alguna medida menos gravosa: impedimento de salida del país por ejemplo. Voto por lo segundo aunque Pérez hubiera argumentando que el arraigo domiciliario es propio del enriquecimiento ilícito y que el arraigo laboral, en tanto fiscal, es lo que le permite entorpecer la investigación.

Por otro lado, el propio Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia deberían tomar decisiones urgentes: separación de Pérez de los casos a su cargo y/o suspensión o destitución del antes glorificado fiscal. ¿Lo harán?

Comprar un carro de alta gama y un departamento en Miraflores ha conducido a Pérez a su actual situación, pero podríamos estar ante la punta del iceberg de la enorme manipulación del Caso Lava Jato que, al final, sólo benefició a Odebrecht.

  Las instituciones en la mira

Nuevamente asistiremos al espectáculo de la posible degradación de nuestras instituciones. Si el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia no hacen lo que tienen que hacer serán objeto de mayor e innecesario oprobio.

Cuando el desagüe se destapa el hedor se propaga, no hay forma de evitarlo. Y los que pueden escapar de la inmundicia, de ella escapan. ¿Estamos en una situación similar a la del primer vladivideo?

A mí, con chispitas.