estos mismos caviares, coleguitas estos, se plantaron hace un tiempo ante un juez de primera instancia por una querella de difamación de una congresista fujimorista contra el periodista Rafo León. Ahí sí, en patota y “dueños” de la moral pública, estos caviares no se consideraron ni amenazantes ni matones ante el juez.
Una de las garantías elementales de la administración de justicia en un Estado de derecho es la publicidad de las audiencias. Se entiende que las audiencias que van a condenar o absolver a un hombre son públicas y no secretas para que el ojo ciudadano esté atento a que no se cometa ningún despropósito judicial. Por eso es que hay butacas para el pueblo en las salas de juzgamiento y, con el avance de la tecnología y luego de la pandemia, la publicidad de los juzgamientos incluso se ha expandido con la virtualidad, por medio de la cual cualquiera que tenga interés en observar una causa puede hacerlo.
Esta semana, los caviares han puesto en tela de juicio la participación del presidente encargado del Congreso en una audiencia judicial del caso Cayara. Este caso lleva decenios e involucra a miembros de las FFAA que combatieron al terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. El tribunal adelantó que antes de irse de vacaciones dictará sentencia contra los militares involucrados, previéndose que fallarán desfavorablemente, pues, según el presidente encargado del Congreso, estarían en sintonía con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, según un tratado suscrito por el Estado peruano en 2002, ya acotado por la Ley 32107.
De ahí que resulte completamente fuera de sitio que los caviares de todos los pelajes se rasguen las vestiduras por la aparición del presidente encargado del Congreso en una sesión de un tribunal de justicia protegida por la garantía de la publicidad. Otro tema que es un derecho para una correcta administración de justicia es el de la opinabilidad de las sentencias judiciales. Nadie tiene por qué oponerse a que estas sean revisadas por la opinión pública (sucede en todas las facultades de Derecho de todas las universidades) y tampoco a que se impida opinar sobre la hipótesis de que algún juez no aplique la ley, se zurre en el TC y se convierta en prevaricador. Estas son libertades básicas del derecho de opinión de cualquier ciudadano, tenga el rango que tenga.
Los caviares alegan que el presidente encargado del Congreso no es un ciudadano cualquiera y que su presencia en la corte intimida. Yo recuerdo que estos mismos caviares, coleguitas estos, se plantaron hace un tiempo ante un juez de primera instancia por una querella de difamación de una congresista fujimorista contra el periodista Rafo León. Ahí sí, en patota y “dueños” de la moral pública, estos caviares no se consideraron ni amenazantes ni matones ante el juez.
Pero lo cierto, lo concreto y lo real es que el presidente encargado del Congreso tiene todo el derecho de intervenir en una audiencia como público (principio de publicidad de las audiencias) y de opinar sobre las sentencias y los jueces, máxime si es el autor de la Ley 32107, que pone freno a la tortura caviar de perseguir militares y policías desde antes de puesto en vigor el tratado del Estatuto de Roma en el Perú en el año 2002.
