¿Hasta dónde puede avanzar la tecnología sobre la vida interior y la información de las personas?
En Chile se está discutiendo la postergación de la nueva ley de protección de datos aprobada en diciembre 2024. Este debate ha revelado una conciencia colectiva sobre los datos. Se escuchan en los comentarios una frase sencilla y poderosa: “son nuestros datos y no podemos esperar”. Refleja una percepción decisiva: la convicción de que la información personal pertenece a la autonomía de cada ser humano y no puede ser apropiada o explotada sin límites por empresas o gobiernos.
La Ley 21.719 reconoce derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad, y crea una Agencia para fiscalizar y sancionar el mal uso de los datos. Su vigencia está prevista para diciembre de 2026 aunque el Gobierno propone aplazarla un año más para instalar la Agencia y preparar su funcionamiento. Aunque la dificultad para constituir esa autoridad no debería convertirse en nás espera para los ciudadanos que quieren ya ejercer sus derechos sobre sus datos.
En 2021 Chile incorporó de manera pionera en su Constitución los neuroderechos para la protección de la integridad física y psíquica frente al desarrollo científico y tecnológico. Y ahora con los datos, ha puesto en el debate público una pregunta esencial: ¿Hasta dónde puede avanzar la tecnología sobre la vida interior y la información de las personas? Una ley no transforma por sí sola la conciencia social, pero puede darle lenguaje, derechos e instituciones.
Si la ciudadanía dice “son nuestros datos”, el principio de control humano deja de ser una idea de especialistas y se convierte en una demanda democrática. El reto es que la Agencia se ponga en marcha y que ese derecho no quede esperando detrás de una fecha que vuelve a cambiar, es esencialmente ayudar a que la sociedad reconozca el problema y encuentre palabras para reclamar protección.
El siguiente paso es que la ley entre en vigencia, que la Agencia empiece a actuar y que los derechos escritos se vuelvan ejercitables. Una ciudadanía que dice «los datos son nuestros» ya está en el camino y debe lograr que las instituciones lo recorran con ella.