OPINIÓN/ Una nueva ley de promoción agraria definirá camino al desarrollo

(El Montonero).- En estos días en el Congreso ha comenzado a discutirse una nueva ley de promoción agraria para enfrentar los devastadores problemas que ha causado la derogatoria de la pasada Ley de Promoción Agraria, Ley 27360, que establecía un régimen promocional tributario y la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. Bajo el imperio de la ley derogada, de la Constitución Política y los 22 tratados de libre comercio firmados por el país, en las últimas dos décadas, se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones en alrededor de 250,000 hectáreas (apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura) y las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones el año pasado. Asimismo, el empleo formal en el agro se incrementó de 460,000 –entre formales e informales– en el 2004 hasta más de un millón en la actualidad. Algo más. La pobreza en las regiones agroexportadoras bajó debajo de la media nacional.

Un sistema tributario promocional y plena flexibilidad laboral en empleos

Sin embargo, luego de la derogatoria de la Ley 27360 por el gobierno provisional de Francisco Sagasti y su reemplazo por la Ley 31110, se ha dejado de invertir en 30,000 nuevas hectáreas ganadas al desierto y se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos mensuales por –en la práctica– la eliminación de la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. En la ley Sagasti, por ejemplo, se establece una bonificación especial para el trabajador agrario (BETA) del 30% sobre la remuneración mínima vital y se promueve la formación de sindicatos agrarios para discutir pliegos sectoriales. Con estas medidas es imposible la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo.

Por todas estas consideraciones, la discusión que se inicia en el Congreso de la República sobre la nueva ley de promoción agraria debe tener en cuenta la necesidad de establecer mecanismos promocionales tributarios –tal como lo hacen todas las sociedades desarrolladas– y la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo de acuerdo con la estacionalidad agraria: siembra, mantenimiento y cosecha.

Según diversas proyecciones, a través de diversos proyectos hídricos, el Perú tiene la posibilidad de ganar cerca de un millón de hectáreas al desierto costero. En otras palabras, tiene la posibilidad de multiplicar cuatro veces la actual realidad agroexportadora y convertirse en una verdadera potencia agraria mundial de frutas y hortalizas. ¿Cómo se captarían cerca de US$ 100,000 millones en inversiones para materializar el sueño agroexportador? Es evidente que por los riesgos que conlleva la actividad agrícola (desde plagas hasta contingencias climáticas) se necesita un régimen promocional tributario al menos en los primeros años de la inversión; es decir, en el tiempo en que se construyen las infraestructuras hídricas y de riego de los predios y siembras hasta que los cultivos maduren y alcancen rentabilidad.

Por otro lado, el criterio de la flexibilidad laboral es absolutamente consustancial con las actividades agrícolas debido a la temporalidad de las actividades. Imaginar regímenes con estabilidad laboral absoluta o una semi estabilidad es pensar en cooperativas y koljoses que nada tienen que ver con la productividad y rentabilidad de la empresa privada. Al respecto, la Ley 27360 era una norma abiertamente formalizadora del empleo y algunas empresas llegaban a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores por temporada con todos los derechos y beneficios sociales reconocidos en la ley.

Si el Congreso decide correctamente en cuanto a la nueva ley de promoción agraria, de una u otra manera, se estará apuntalando una de las columnas principales del Perú como proyecto de país desarrollado. Con inversiones en un millón de hectáreas ganadas al desierto la economía se diversificaría a niveles nunca imaginados, surgiría una manufactura, una industria y un sistema de servicios vinculado al sector agroexportador, emergería una clase media agraria consolidada e, incluso, se produciría una reorganización de las ciudades y el espacio urbano del país con el surgimiento de nuevas ciudades y polos de desarrollo.