PERÚ DEBE DENUNCIAR A MADURO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Por: Luis Gonzales Posada.
El Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (CPI), establece en su artículo quinto que esta tiene competencia jurisdiccional para juzgar a los autores y cómplices de crímenes de lesa humanidad. En el artículo séptimo, considera dentro de esta categoría los asesinatos, deportaciones, encarcelamientos de ciudadanos, torturas, desaparición forzada de personas, entre otros delitos.
Más adelante, el artículo trece determina que la CPI está facultada para procesar judicialmente cualquiera de los crímenes mencionados, si lo solicita un Estado parte, el Consejo de Seguridad de la ONU o el Fiscal de ese organismo multilateral.
En ese contexto, debemos recordar que hace seis años, en 2018, Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay demandaron a la CPI investigar los crímenes ocurridos en Venezuela desde 2014, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, periodo en el que fueron asesinadas 7,000 personas, de acuerdo con el reporte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y más de 8,000 según la OEA.
Por tanto, hoy, que la represión chavista arrecia, esas seis naciones deberían reactivar su petición a la CPI. Sería una magnífica oportunidad para que nuestro país, que firmó el Estatuto de Roma el 7 de diciembre de 2000 y depositó su instrumento de ratificación el 10 de noviembre de 2001, presente una denuncia ante la brutal represión del gobierno venezolano contra ciudadanos que protestan pacíficamente por el corrupto fraude del 28 de julio pasado, fecha en que el candidato presidencial oficialista, Nicolás Maduro, perdió por 4 millones de votos.
Hasta el momento, 27 personas han sido asesinadas, entre ellas varios menores de edad; 500 fueron heridas con palos, perdigones y balas, y al menos 2,500 están en prisión, sin orden judicial ni derecho a la defensa.
Entre los detenidos se encuentran 216 mujeres, “la mayoría depositadas en cárceles comunes, donde son torturadas y reciben tratos crueles y denigrantes; incluso sufren agresiones sexuales”, según informa la ONG Foro Penal. El referido organismo registra, asimismo, que “hay más de cien niños acusados de terrorismo, que fueron sacados de sus casas o arrebatados de sus padres en la calle y están obligados a grabar videos alabando a Maduro”.
Es hora de frenar la barbarie cuartelera del chavismo, que ha impuesto un régimen de terror en la patria de Bolívar, provocando el éxodo de 8 millones de seres humanos, cifra que se incrementará en varios millones más ante la situación de desamparo en la que se encuentra la población.
En ese contexto, los informes de las agencias noticiosas CNN y BBC, publicados en parte por el diario La Tercera de Chile, refieren que el Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) está deteniendo a jóvenes que recolectaron las actas de las mesas de sufragio, que demuestran el triunfo de la oposición; otros lograron burlar los puestos de control de la seguridad militar en la frontera y se encuentran en el exterior.
No bastan las grandes movilizaciones populares en Venezuela y 300 ciudades del mundo, ni la admirable epopeya cívica de la lideresa socialdemócrata María Corina Machado, ejemplo de firmeza y perseverancia.
Es necesario demostrar que los instrumentos de justicia internacional, como la CPI, no son entidades burocráticas e indolentes al sufrimiento humano, sino organismos vivos que actúan con firmeza en protección de la vida y la dignidad de quienes son objeto de infames tropelías.
En suma, hay que utilizar todos los foros para denunciar esta carnicería provocada por sujetos que, como Maduro, Diosdado Cabello y el general Padrino López, también están implicados en tráfico de drogas y tienen orden de captura por integrar el Cártel de los Soles, una banda criminal que exporta cocaína a los Estados Unidos.