El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ProInversión y Petroperú.
La admisión de la demanda no significa que el Poder Judicial haya dado la razón a los trabajadores, sino que considera que el caso debe ser analizado
La demanda cuestiona el decreto de urgencia 010-2025, alumbrado el último día del año pasado por el expresidente José Jerí, al considerar que vulneraría derechos laborales de los trabajadores de la empresa estatal.
Entre los principales pedidos, el sindicato solicita que se declare inaplicable el decreto para los trabajadores afiliados a Fenpetrol y que se suspenda cualquier medida que implique despidos, reorganización o privatización.
Según el documento judicial, los trabajadores sostienen que el decreto abre la puerta a procesos de “reestructuración” y “optimización”de la compañía. Ello debido a que traslada decisiones empresariales a Proinversión, entidad encargada de promover inversiones privadas y concesiones del Estado.
Fenpetrol argumenta que esta reorganización podría derivar en despidos de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales. Además, también afirma que el costo de la planilla de Petroperú representa solo el 3,77% de los ingresos de la empresa, según estados financieros auditados elevados a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).
En la resolución, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima explica que la acción de amparo procede cuando existe una presunta amenaza a derechos reconocidos por la Constitución, y señala además que este tipo de demandas no puede ser rechazado de manera preliminar.
Tras evaluar la solicitud, el juzgado concluyó que la demanda cumple con los requisitos formales y decidió admitirla a trámite. Por último, programó una audiencia virtual para el próximo 5 de octubre de 2026 a las 9:00 a.m.
La admisión de la demanda no significa que el Poder Judicial haya dado la razón a los trabajadores, sino que considera que el caso debe ser analizado en el fondo antes de emitir una decisión definitiva.
