POLÉMICA: Gremios empresariales rechazan firma del Tratado de Alta Mar por “atentar contra soberanía nacional”

Diferentes gremios empresariales rechazaron la noche de ayer la firma del Tratado de Biodiversidad Biológica Marina en Aguas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido como Tratado de Alta Mar,  al considerar que atenta contra la soberanía nacional en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

 

impone restricciones innecesarias y pretende debilitar organizaciones regionales eficaces en las que participa el Perú como las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP),

Esto último, a pesar que la Cancillería negó que el tratado afecte la soberanía de las 200 millas de mar peruano.

«El dominio marítimo del Perú está absoluta y totalmente resguardado», aseveró ayer Elmer Schialer, para luego anunciar que retornando al país convocarán a una conferencia de prensa para «aclarar» aseveraciones «que desinforman».

Lo cierto es que el Ejecutivo no dio cuenta al Congreso ni a los gremios respecto a los alcances del cuestionado tratado. Si bien las autoridades gubernamentales ahora señalan que el Tratado de Alta Mar no colisiona con los intereses nacionales; los gremios, sin embargo, opinan lo contrario y es así que varios se pronunciaron al respecto

«El BBNJ impone restricciones innecesarias y pretende debilitar organizaciones regionales eficaces en las que participa el Perú como las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), las cuales son instrumentos eficaces para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos basados en evidencia científica», señalaron en un comunicado la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

Como se informó, la Presidencia de la República informó ayer que la mandataria Dina Boluarte suscribió el Tratado de Alta Mar (BBNJ) en Niza, Francia, con la finalidad de «proteger la biodiversidad marina y asegurar el uso sostenible de los recursos en aguas internacionales».

Para los gremios, este acuerdo es impulsado por las ONGs a las que acusaron de buscar «acabar con sectores productivos», como la pesca, que «genera miles de empleos y es un motor de desarrollo descentralizado».

«Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada», cuestionaron.

Finalmente, expresaron su sorpresa ante el hecho de que no se haya solicitado información técnica de sectores clave como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, el Instituto del Mar del Perú, los gremios empresariales y trabajadores del sector, entre otros, para una decisión consensuada sobre el tema.

Cancillería niega que afecte la soberanía de las 200 millas

De acuerdo con las Naciones Unidas, el Acuerdo BBNJ tiene como objetivo «asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, en el presente y a largo plazo, mediante la implementación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención y una mayor cooperación y coordinación internacionales».

«Aquí no se está poniendo en juego la soberanía nacional. El dominio marítimo del Perú -que se extiende [en] soberanía y jurisdicción por 200 millas- está absoluta y totalmente resguardado por una sencilla razón. Este tratado no tiene nada que ver con el tratado de las 200 millas, del cual nosotros no somos parte, que se llama Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas de 1982. Quien dice lo contrario, miente. Quien dice lo contrario, no conoce», dijo anoche el canciller Elmer Shialer. 

A su turno, el director del programa Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Jimpson Dávila, aclaró que el Tratado de Alta Mar no es un acuerdo pesquero ni afecta la soberanía nacional.    

«Es un acuerdo ambiental, un acuerdo de conservación de la diversidad biológica, porque, luego de las 200 millas, no existía un marco jurídico que proteja la biodiversidad en el 64 % del océano. No es acuerdo pesquero ni tampoco afecta la soberanía de los propios Estados, porque se aplica en aguas internacionales, donde históricamente ningún Estado ha ejercido soberanía, tampoco afecta la actividad pesquera», puntualizó