OPINIÓN/ México y Venezuela nos agreden

Escribe: Luis Gonzales Posada.

 

Ha sido importante, por ello, que el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Elmer Schialer, haya denunciado estos graves hechos ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Claudia Sheinbaum ha aceptado el opaco rol de marioneta de su patrocinador, Andrés Manuel López Obrador, que la hizo presidenta de México. Obediente, disciplinada, la política de cola de caballo y sonrisa impostada cumple las órdenes de su padrino sin dudas ni murmuraciones.

Así lo demostró exigiendo al gobierno de España pedir disculpas públicas a México “por las atrocidades cometidas en la Conquista”, como requisito para invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión, repitiendo un reclamo similar de su protector, sin obtener ningún resultado.

Después ha seguido la psicopática línea antiperuana, defendiendo agresiva y torpemente al golpista Pedro Castillo, y ahora ha calificado de “injustas” las resoluciones de la judicatura nacional contra su patrocinado, amenazando con defenderlo en los tribunales internacionales de justicia.

Un balazo de salva o disparate mayúsculo que solo proyecta la completa ignorancia de la señora Sheinbaum en temas legales porque desconoce —o se hace que desconoce— que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las resoluciones 2131 y 2625, fue tajante en determinar que un Estado no puede intervenir en asuntos de competencia de otro. Más aún, el artículo 19 de la Carta de la OEA señala textualmente: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro”.

¿Qué es lo que persigue entonces la mandataria si sabe que su petición es ilegal? Persigue, sin duda, hacer ruido, fomentar escándalo y dañar la imagen del Perú, al mismo tiempo que rehabilitar políticamente a Pedro Castillo, en la misma línea de los grupos de izquierda radical de nuestro país.

Ante esta escalada de agravios de la presidenta azteca, ha hecho bien nuestra Cancillería en calificar esa posición como “ideologizada” y “que demuestra un marcado irrespeto por el Estado de Derecho”.

Pero, ante la evidencia de que la escalada continuará, porque es una obsesión de López Obrador, enemigo de la democracia peruana, resulta importante que el gobierno denuncie estos hechos ante los organismos internacionales de justicia para que, en esos fueros, se desenmascare la demagógica e intromisiva política azteca.

En este contexto de confrontación, tenemos un segundo frente abierto, esta vez con Venezuela, cuyo gobierno se niega a informar la situación de tres compatriotas detenidos hace 8 meses por la policía bolivariana, acusados por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, de acciones subversivas y de pretender asesinar al dictador Nicolás Maduro, sin exhibir una sola prueba que ampare esas imputaciones.

Las numerosas peticiones hechas, a través de nuestra Sección de Intereses en Caracas, a cargo de la embajada de Brasil, no han tenido respuesta; es decir, no sabemos si Renzo Huamanchumo, Marco Antonio Madrid Martínez y Ricardo Meléndez Guerrero están vivos, muertos o encarcelados.

Ha sido importante, por ello, que el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Elmer Schialer, haya denunciado estos graves hechos ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Pienso que, para que ambos temas tengan un mayor soporte o más difusión, es indispensable el pronunciamiento del Congreso de la República y de otras instituciones que forman parte del Estado constitucional de derecho.