JNJ ACLARA: «Delia Espinoza no tiene competencia para iniciar diligencias preliminares contra los miembros»
La Junta Nacional de Justicia emitió ayer un nuevo comunicado para enfatizar que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no puede iniciar diligencias preliminares contra los integrantes de la institución debido a que no tiene las competencias para ello.
«Los funcionaros deben acatar las decisiones»
La institución aclara que la decisión de reponer a Patricia Benavides debe ser acatada por los órganos del Estado y remarcan que la resolución tiene plena eficacia mientras no sea suspendida judicialmente.
«La señora Espinoza Valenzuela no tiene competencia para iniciar diligencias preliminares contra miembros de la JNJ. Además, su involucramiento directo en los hechos compromete su imparcialidad y objetividad fiscal», señaló.
La JNJ también criticó la postura que ha tomado la actual titular del Ministerio Público y remarcó que la resolución tiene plena eficacia mientras no sea suspendida judicialmente.
«La resolución de reposición tiene plena eficacia mientras no sea suspendida judicialmente. La demanda de amparo presentada por la fiscal Espinoza no suspende sus efectos, por lo que la resolución debe ser acatada», añade el documento.
Como se sabe, Delia Espinoza protagonizó este semana un escándalo en el Ministerio Público tras rehusarse a acatar la decisión del JNJ, para reponer en su puesto a la fiscal Patricia Benavides. Espinoza denunció a Benavides
por ingresar, el último lunes 16 de junio, a la sede principal del Ministerio Público con el propósito de que se ejecute la resolución que emitió la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y que ordenaba su reposición como titular de la Fiscalía.
abre paso al autoritarismo y debilita gravemente la cohesión del sistema republicano
Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia remarcó que las decisiones de los órganos del Estado deben ser acatados y rechazó la idea de que una autoridad decida que resoluciones aceptar.
«En un Estado de derecho, los funcionarios públicos deben acatar las decisiones de órganos competentes, pudiendo acudirse a los mecanismos procesales si se cuestiona su validez. Permitir que una autoridad seleccione arbitrariamente cuáles decisiones cumplir socava el orden democrático, abre paso al autoritarismo y debilita gravemente la cohesión del sistema republicano», señaló.