La papeleta del 12 de abril no es solo una elección entre nombres. Es, sobre todo, una decisión entre visiones de país.
A pocas semanas de los comicios del 12 de abril, el análisis de los planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revela un panorama con convergencias notables, pero también con vacíos que preocupan a analistas y ciudadanía. En total, 36 candidatos presidenciales lograron su inscripción para este proceso, uno de los más relevantes para el país en las últimas décadas, que además marcará el retorno a un Congreso bicameral tras más de tres décadas.
Los más desarrollados son economía y crecimiento productivo, programas sociales y reducción de la pobreza, salud pública y acceso a servicios, justicia y reforma del sistema judicial, seguridad ciudadana y lucha contra el crimen, y educación de calidad e infraestructura escolar.
Con presencia media aparecen infraestructura y obras públicas, desarrollo regional y descentralización, medio ambiente y gestión de recursos naturales, lucha contra la corrupción e institucionalidad democrática, y agricultura y economía rural.
Los menos abordados, con presencia escasa o marginal en los documentos, son transporte y movilidad urbana, cultura e identidad nacional, políticas de familia y primera infancia, turismo y patrimonio, y vivienda y urbanismo.
En conjunto, el patrón revela una tendencia a concentrar el discurso en los temas de mayor impacto electoral, como economía y seguridad, mientras que áreas igualmente sensibles para la vida cotidiana de los peruanos, como transporte, cultura o vivienda, reciben un tratamiento superficial o simplemente son omitidas. Esa distribución desigual no solo refleja las prioridades de cada organización política, sino también los temas sobre los que el electorado históricamente ha ejercido mayor presión.
En contraste, hay materias que prácticamente han sido ignoradas. Temas como familia, cultura y transporte aparecen de forma escueta o son pasados por alto, ocupando apenas entre el 0,58% y el 1,43% del espacio en la redacción de los documentos.
Un análisis técnico de los planes oficiales revela una característica recurrente: muchos documentos abordan una gran variedad de ejes, pero con escasa precisión. La amplitud temática es variable: hay planes que cubren hasta 17 ejes, frente a otros que apenas llegan a 9. El promedio se mantiene en 15 temas por partido.
Además, ese mismo análisis clasifica las propuestas según su formulación técnica en tres niveles: detalladas con indicadores, con lineamientos generales, o meramente declarativas. En muchos casos, las propuestas caen en esta última categoría.
Lo que los documentos insinúan, los debates lo confirman. La primera fecha del debate presidencial dejó abierta la pregunta sobre la viabilidad de las propuestas, sin que hasta ahora se detallaran con precisión los mecanismos para llevarlas a cabo.
Los candidatos repiten compromisos ante las cámaras, pero eluden explicar cómo los ejecutarían. Esa brecha entre el discurso y la hoja de ruta técnica es una constante que preocupa a quienes monitorean el proceso.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Transparencia, Proética y el Instituto de Prensa y Sociedad han lanzado plataformas ciudadanas para que los electores evalúen qué candidatos abordan con seriedad temas como derechos humanos e institucionalidad
Pese a las limitaciones de fondo, el acceso a los planes es inédito en su amplitud. Los planes incluyen iniciativas en economía, educación, salud, infraestructura, desarrollo regional y seguridad ciudadana, y están disponibles públicamente a través de la plataforma Voto Informado del JNE.
Para este proceso electoral están habilitados más de 27 millones de electores dentro y fuera del territorio nacional.
Tienen ante sí una cantidad inusual de información oficial. Lo que falta, en muchos casos, no son los datos sino la voluntad —de candidatos y ciudadanos— de ir más allá de las promesas y exigir respuestas sobre cómo, cuándo y con qué recursos se cumplirán.
La papeleta del 12 de abril no es solo una elección entre nombres. Es, sobre todo, una decisión entre visiones de país. Leerlas, compararlas y cuestionarlas es el primer acto cívico de este nuevo ciclo democrático.
