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OPINIÓN/ El problema no es la TUUA: es un sistema que penaliza la conectividad

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

 

Y no rinde cuentas

Lo ocurrido recientemente con la controversia sobre la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuya anulación fue declarada improcedente en primera instancia por el Poder Judicial sin un pronunciamiento de fondo, no hace sino reforzar una preocupación mayor: la ausencia de transparencia en las decisiones que han definido el modelo aeroportuario del país.

Frente a ello, Proturismo ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación y que, de mantenerse el fallo en segunda instancia, acudirá al Tribunal Constitucional.

La discusión no es únicamente tarifaria. Es institucional.

La TUUA de transferencia no es una medida aislada: responde a un esquema contractual establecido desde la Sexta Adenda del contrato de concesión suscrito en 2013 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners LAP, y fue fijada por OSITRAN bajo metodologías regulatorias vigentes.

Es decir, no estamos frente a una decisión coyuntural, sino ante la consecuencia directa de decisiones acumuladas durante más de una década.

Y AHÍ ESTÁ EL PROBLEMA.

Pero existe un elemento adicional que agrava aún más esta situación y que ha sido insuficientemente abordado:

LA INCOHERENCIA ENTRE EL MODELO TARIFARIO IMPUESTO Y EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE POSICIONAR AL PERÚ COMO HUB REGIONAL.

El tráfico de conexión no es un segmento más del mercado aéreo.

ES EL COMPONENTE ESTRUCTURAL QUE PERMITE SOSTENER REDES, ALIMENTAR RUTAS DE LARGO ALCANCE Y ATRAER AEROLÍNEAS GLOBALES.

Penalizarlo mediante un cobro adicional no solo encarece el tránsito: rompe la lógica económica sobre la cual se construyen los hubs.

Porque cuando se desincentiva el tráfico de conexión, no solo se afecta al pasajero en tránsito: se erosiona la masa crítica que permite sostener vuelos de largo alcance desde Lima. Sin ese volumen adicional que alimenta las rutas, las aerolíneas no alcanzan los factores de ocupación necesarios para operar destinos intercontinentales de manera rentable y sostenida.

EN LA PRÁCTICA, ESTO SIGNIFICA QUE AL PASAJERO PERUANO SE LE ESTÁ CERRANDO LA POSIBILIDAD REAL DE ACCEDER A VUELOS DIRECTOS DESDE LIMA HACIA NUEVOS DESTINOS GLOBALES EN EUROPA, ASIA O MEDIO ORIENTE, OBLIGÁNDOLO A DEPENDER DE HUBS EXTRANJEROS PARA COMPLETAR SU VIAJE. ES UNA RESTRICCIÓN SILENCIOSA PERO ESTRUCTURAL: NO SE PROHÍBEN LAS RUTAS, PERO SE DESTRUYEN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS QUE LAS HACEN VIABLES.

El resultado es concreto y acumulativo: viajes más largos, mayores costos, menor competitividad para el turismo y los negocios, y una pérdida progresiva de conectividad estratégica del país. Así, una decisión tarifaria aparentemente técnica termina desviando tráfico, inversión y oportunidades hacia otros aeropuertos de la región que sí comprenden que el tráfico de conexión no se penaliza, sino que se protege como un activo nacional.

En ese contexto, el Perú enfrenta hoy una paradoja crítica:

POSEE UNA UBICACIÓN GEOGRÁFICA PRIVILEGIADA EN LA REGIÓN.

TIENE EL POTENCIAL NATURAL PARA ARTICULAR TRÁFICO ENTRE EL NORTE Y EL SUR DEL CONTINENTE.

Y, SIN EMBARGO, INTRODUCE UNA BARRERA ARTIFICIAL QUE DESINCENTIVA PRECISAMENTE ESE FLUJO.

El resultado ya es evidente.

De acuerdo con la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, desde la implementación de la TUUA de transferencia internacional no solo se han registrado múltiples cancelaciones de rutas desde Lima como Orlando, Curazao, Florianópolis, Tucumán, La Habana y, próximamente, Cancún, sino que otras, como Guatemala, Belo Horizonte y muchas más, ni siquiera llegarían a concretarse.

Al mismo tiempo, las aerolíneas han comenzado a rediseñar sus redes, priorizando hubs regionales alternativos y evitando escalas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Pero hay algo aún más revelador:

EL INTERÉS DE AEROLÍNEAS DE ALCANCE GLOBAL EN OPERAR EN EL PERÚ EXISTE.

Casos como el de Turkish Airlines y el de otras aerolíneas que analizan su expansión en la región evidencian que Lima tiene todo para consolidarse como hub: DEMANDA, UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y POTENCIAL OPERATIVO.

Pero hoy, esas decisiones están en pausa.

A la espera de decisiones.

Decisiones del Estado peruano y del Poder Judicial respecto a un cobro cuya validez es cuestionada no solo por sus efectos económicos, sino por su origen mismo:

LA TUUA DE TRANSFERENCIA NUNCA FORMÓ PARTE DE LAS CONDICIONES ORIGINALMENTE ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN NI EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN.

Su incorporación posterior no es un detalle técnico.

ES UNA ALTERACIÓN SUSTANTIVA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL Y DEL MARCO BAJO EL CUAL SE DISEÑÓ EL SISTEMA AEROPORTUARIO.

Y esa señal de cambio de reglas en el tiempo es suficiente para que cualquier aerolínea internacional reevalúe sus decisiones.

Porque en aviación, la conectividad no se construye solo con infraestructura:

  • SE CONSTRUYE CON PREVISIBILIDAD.

  • SE CONSTRUYE CON EFICIENCIA.

  • Y, SOBRE TODO, SE CONSTRUYE SIN FRICCIONES INNECESARIAS AL TRÁNSITO DE PASAJEROS.

Hoy, en lugar de facilitar esa conectividad, el sistema introduce un costo adicional que se ha convertido en la mejor excusa para evitar desarrollar nuevas rutas y, al mismo tiempo, EN EL MECANISMO PERFECTO PARA FORTALECER HUBS COMPETIDORES EN LA REGIÓN.

Así, lo que debería ser una ventaja estratégica del país ha sido neutralizado por una decisión regulatoria.

Y mientras tanto:

  • La tarifa sigue vigente.

  • Los efectos se acumulan.

  • Y EL PODER JUDICIAL EVITA PRONUNCIARSE SOBRE EL FONDO DEL PROBLEMA.

Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo.

DETRÁS DE CADA ADENDA CONTRACTUAL, DE CADA ESQUEMA TARIFARIO APROBADO Y DE CADA DECISIÓN QUE COMPROMETE INGRESOS FUTUROS DE MILLONES DE USUARIOS, HAY FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE ACTUARON EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO.

Sin embargo, sus nombres, los criterios técnicos que sustentaron sus decisiones y las responsabilidades que asumieron rara vez trascienden al debate público.

Esto permite que esos mismos actores se reciclen en el tiempo sin rendir cuentas ante la ciudadanía.

MIENTRAS NO EXISTA TRAZABILIDAD REAL, ES DECIR, IDENTIFICACIÓN CLARA DE QUIÉNES DISEÑARON, EVALUARON, APROBARON Y FIRMARON DECISIONES COMO LA SEXTA ADENDA DEL CONTRATO O LAS RESOLUCIONES TARIFARIAS RECIENTES, EL SISTEMA SEGUIRÁ OPERANDO EN UNA ZONA GRIS DONDE LAS DECISIONES PÚBLICAS SE DILUYEN EN ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES Y LAS RESPONSABILIDADES, ADMINISTRATIVAS O INCLUSO PENALES, SE VUELVEN DIFUSAS.

Y esto no es un problema abstracto.

Es un problema con consecuencias concretas:

  • MENOS RUTAS

  • MENOS CONECTIVIDAD

  • MENOS COMPETITIVIDAD PAÍS

Pero hoy hay un elemento adicional que no puede ignorarse: el contexto electoral.

Porque conocer a esos funcionarios no es un ejercicio de revancha ni de personalización del debate.

Es una necesidad democrática.

Es precisamente en momentos como este, cuando el país se prepara para elegir nuevas autoridades, QUE RESULTA FUNDAMENTAL IDENTIFICAR A QUIENES HAN INTERVENIDO EN DECISIONES QUE HAN COMPROMETIDO EL INTERÉS PÚBLICO.

Para evitar que esas mismas personas se reciclen en el tiempo con cada cambio de gobierno y reaparezcan en nuevas posiciones de poder o incluso como candidatos, aprovechando la débil memoria institucional del país.

  • NO SE TRATA DE NOMBRES POR NOMBRES.

  • SE TRATA DE EVITAR LA IMPUNIDAD FUNCIONAL.

Un modelo de concesiones maduro no solo requiere contratos bien diseñados, sino también funcionarios responsables, decisiones documentadas y mecanismos de rendición de cuentas efectivos.

Sin estos elementos, cualquier intento de corrección estructural será parcial.

Porque, en el fondo, el problema no es solo qué decisiones se toman, sino cómo se toman y quién responde por ellas.

El país necesita inversión, sí.

Pero necesita, con igual urgencia, transparencia.

  • Necesita saber quién decide.

  • Necesita saber bajo qué criterios.

  • Y NECESITA ASEGURAR QUE ESAS DECISIONES Y SUS RESPONSABLES NO SE DILUYAN EN EL TIEMPO, COMO YA NOS TIENEN ACOSTUMBRADOS.

Porque esto no es un error.

Es una decisión.

Y SUS RESPONSABLES NO PUEDEN QUEDAR, UNA VEZ MÁS, PROTEGIDOS POR EL PASO DEL TIEMPO Y EL OLVIDO.

“NO ES SOLO UNA MALA DECISIÓN TARIFARIA: ES UNA POLÍTICA QUE REDUCE DELIBERADAMENTE LA CAPACIDAD DEL PERÚ DE INTEGRARSE DIRECTAMENTE AL MUNDO.”

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