La política no debería tratar el dolor como herramienta electoral. Y mucho menos debería ofrecer salidas que, aunque suenen firmes, no resuelven el problema de fondo.
La ligereza con la que algunos candidatos han puesto sobre la mesa la pena de muerte no puede pasar desapercibida. Se trata de un tema extremadamente delicado, pero viene siendo tratado como si fuera una consigna más de campaña, una frase que se lanza al aire con la expectativa de recoger aplausos rápidos. En el fondo, lo que se busca es evidente: conectar con el dolor real de una población golpeada por la delincuencia más brutal, esa que deja familias rotas y una sensación constante de desamparo.
Es comprensible -y profundamente humano- que quien ha perdido a un familiar en manos de la violencia extrema sienta que ninguna sanción es suficiente. Ese dolor existe, pesa y no puede ser minimizado. Pero convertir ese dolor en plataforma política es otra cosa. No es un asunto menor ni, mucho menos, un simple artilugio discursivo.
Plantear la pena de muerte como solución al problema de la inseguridad es, en el mejor de los casos, una simplificación peligrosa. No hay evidencia seria de que su aplicación reduzca la criminalidad de manera sostenida. La violencia que afecta al país tiene raíces complejas: instituciones débiles, sistemas de justicia ineficientes, falta de prevención, desigualdad. Pretender resolver todo eso con una medida extrema no solo es insuficiente, sino que desvía la discusión de lo verdaderamente urgente.
Además, hay algo que preocupa especialmente: en el afán de ganar votos, se está apelando a las emociones más intensas, a las más viscerales. Se convoca al miedo, a la indignación, a la rabia. Y si bien esas emociones son reales, no pueden ser el fundamento de decisiones de política pública. Gobernar no es amplificar la ira colectiva, es encauzarla con responsabilidad.
No es posible que, en medio de una crisis de seguridad tan seria, el debate se reduzca a propuestas efectistas. La ciudadanía merece algo más que respuestas rápidas y contundentes en apariencia. Merece soluciones que funcionen, aunque sean menos vistosas, menos inmediatas y más difíciles de explicar en una plaza pública.
Porque al final, el problema no es solo lo que se dice, sino lo que se deja de decir. Mientras se discute la pena de muerte, se evita hablar de reformas profundas, de inversión en seguridad, de articulación entre las instituciones encargadas de impartir justicia, de fortalecimiento institucional. Y ahí es donde realmente se juega la posibilidad de reducir la violencia.
La política no debería tratar el dolor como herramienta electoral. Y mucho menos debería ofrecer salidas que, aunque suenen firmes, no resuelven el problema de fondo.
