OPINIÓN/ El teatro de la democracia y la Operación Morrocoy

 

Escribe: Alberto Carpio A.

 

Más allá de la disputa política, que tiende a simplificar, a acusar o a defender, el fenómeno merece ser observado con otra lente.

El ciudadano llega temprano, como si la puntualidad fuese una forma de respeto hacia sí mismo y hacia el sistema que lo convoca. Llega con la convicción, todavía intacta, de que el acto de votar es una afirmación de su existencia política. Pero esa convicción, como todas las convicciones sostenidas en instituciones frágiles, empieza a erosionarse no con un golpe, sino con una espera.

No hay violencia. No hay puertas cerradas. No hay una orden explícita que impida el ingreso. Todo está, en apariencia, dispuesto para que el proceso se desarrolle. Y, sin embargo, algo no encaja. La fila no avanza. El tiempo se dilata. En muchos casos las mesas electorales no se abren o lo hacen después del mediodía. La organización, esa promesa invisible que sostiene todo proceso electoral, comienza a deshacerse en pequeños retrasos, en ausencias puntuales, en materiales que no llegan.

El ciudadano no lo sabe aún, pero ha entrado en un espacio donde el tiempo ha dejado de ser neutro.

Ese espacio tiene nombre, aunque no figure en ninguna norma: el “efecto morrocoy”.

La expresión, nacida del movimiento lento de una tortuga terrestre, ha sido adoptada para describir un fenómeno más complejo: la conversión del tiempo en barrera. No una barrera visible, no una prohibición, sino una forma de fricción que transforma el ejercicio de un derecho en una experiencia costosa.

En la historia reciente, este fenómeno ha sido asociado, no siempre de manera concluyente, pero sí de manera persistente, a procesos electorales donde la lentitud deja de ser incidental y comienza a percibirse como sistemática.

En Venezuela, durante las elecciones presidenciales de 2012, organizaciones de la sociedad civil documentaron múltiples incidencias: retrasos en la apertura de mesas, fallas técnicas, demoras en la sustitución de equipos, interrupciones en el flujo de votación. El fenómeno fue reconocido por los propios ciudadanos con un nombre que condensaba la experiencia: “operación morrocoy”. No como una categoría jurídica, sino como una intuición colectiva: algo estaba funcionando, pero demasiado lento. Tal vez una invención maquiavélica de algunos cerebros de la inteligencia cubana, expertos en perpetuar dictaduras.

Años después, esa misma lógica sería evocada en otros contextos, no como copia, sino como posibilidad.

El Perú, durante su proceso electoral de abril de 2026, ofreció un episodio que, sin ser equivalente en origen ni en estructura, reveló con claridad el mismo tipo de efecto.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, reconoció públicamente que aproximadamente 92 mil electores no pudieron votar debido a problemas logísticos. En Lima, 15 locales de votación no pudieron instalarse por la falta de material electoral, lo que dejó inoperativas 211 mesas de sufragio que concentraban a más de 63 mil ciudadanos. No dijo nada de los cientos de miles de ciudadanos que ya no pudieron votar por esta aparentemente incompetencia.

Según Corvetto, la causa no fue una decisión política explícita, sino el incumplimiento de la empresa logística contratada, identificada como Servicios Generales Galaga, una empresa cuestionada, domiciliada en San Juan de Lurigancho y con alrededor de 13 trabajadores en planilla, una empresa cuyo Capital social (2025) es de más de S/ 6.5 millones y que casi coincidentemente tiene un contrato en el 2026 con ONPE de aproximadamente S/ 6 millones para logística electoral.

Galaga afirma haber cumplido el contrato, sostiene que los retrasos fueron por problemas de coordinación y factores externos atribuibles a la ONPE, exigiendo disculpas públicas y revisión integral del proceso.

El dato es frío. Pero su implicancia no lo es. No solo noventa y dos mil ciudadanos que no pudieron votar y otras decenas de miles que ya no pudieron regresar a ejercer su derecho de voto, no constituyen una anécdota administrativa. Constituyen una alteración concreta del proceso. Y lo más significativo es que esa alteración no provino de la suspensión del derecho, sino de la imposibilidad material de ejercerlo.

El sistema no dijo “no voten», simplemente no estuvo listo para que votaran, sin embargo, el efecto es el mismo.

Ese día, según reportes y estimaciones, una proporción significativa de mesas en Lima no se instaló dentro del plazo previsto, incluso después de ampliaciones horarias dispuestas por el Jurado Nacional de Elecciones. La reacción fue inmediata: Ciudadanos protestando «queremos votar «, intervención del Ministerio Público del Perú, presencia de fiscales y policías anticorrupción en la sede de la ONPE, cuestionamientos de candidatos de distintas corrientes ideológicas y malestar e indignación generalizada.

Pero más allá de la disputa política, que tiende a simplificar, a acusar o a defender, el fenómeno merece ser observado con otra lente.

No se trata de afirmar que hubo una “operación morrocoy” planificada. No hay evidencia hasta ahora que permita sostenerlo con rigor. Tampoco se trata de negar el impacto del evento.

Se trata de entender algo más inquietante:

Que un sistema puede producir efectos equivalentes a la restricción del voto sin necesidad de diseñarlos como tal.

La lentitud, o en este caso, la falla logística, actúa como filtro.

El ciudadano que no encuentra su mesa instalada, que espera horas sin certeza, que depende de una ampliación horaria que no resuelve el problema de fondo, no participa del proceso en igualdad de condiciones. Y cuando esa situación se replica, aunque sea en una proporción limitada, el principio de universalidad del voto comienza a resquebrajarse.

No por ley, sino más bien por operación.

Aquí es donde el “efecto morrocoy” deja de ser una metáfora y se convierte en una categoría analítica. No describe únicamente la lentitud, describe la consecuencia de la lentitud sobre la participación.

cuando el proceso se ralentiza o se interrumpe, no afecta a todos por igual. Afecta más a quienes tienen menos margen.

Y esa consecuencia es profundamente desigual.

No todos los ciudadanos pueden absorber el costo del tiempo perdido. No todos pueden esperar indefinidamente. No todos tienen la flexibilidad para adaptarse a una falla del sistema. Por eso, cuando el proceso se ralentiza o se interrumpe, no afecta a todos por igual. Afecta más a quienes tienen menos margen.

Esa es la dimensión política del tiempo.

En el teatro de la democracia, donde todo parece cuidadosamente organizado, el tiempo se presenta como un elemento secundario, casi decorativo. Pero en realidad es uno de sus pilares más sensibles. Alterarlo, por acción o por omisión, implica alterar el equilibrio del sistema.

El antecedente venezolano mostró que la lentitud puede convertirse en una experiencia colectiva que genera sospecha.

El episodio peruano mostró que la falla logística puede producir el mismo resultado sin necesidad de sospecha previa.

En ambos casos, el ciudadano enfrenta una realidad que no estaba en el diseño formal del proceso: la dificultad de ejercer su derecho no por prohibición, sino por condiciones.

Y es allí donde la democracia comienza a desplazarse hacia un terreno más complejo.

Un terreno donde la legalidad se mantiene, pero la efectividad se reduce.

Donde el derecho existe, pero su acceso se vuelve incierto.

Donde el sistema no niega, pero tampoco garantiza.

El teatro continúa.

Las instituciones hablan, investigan, corrigen, prometen.

Pero el ciudadano, ese individuo que llegó temprano, que esperó, que confió, se lleva consigo una experiencia distinta. Una memoria que no está en las actas ni en los resultados, pero que persiste.

  La memoria de haber estado ahí… y no haber podido participar plenamente.

  Y tal vez esa sea la forma más silenciosa de erosión democrática.

  No la que impone. Sino la que desgasta.

  Porque al final, el poder no siempre necesita prohibir.

  A veces, le basta con no llegar a tiempo.

  Y en ese escenario, desnaturalizado por acción u omisión, una vez más, quienes perdemos, somos todos los peruanos.