OPINIÓN/ ¿Incompetencia o planificación premeditada?
Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli
Estamos ante una afectación directa del derecho al sufragio.
Lo verdaderamente grave en este proceso electoral no es lo que digan los actores políticos de turno. Tampoco lo que intenten explicar después las instituciones. Lo esencial es mucho más preocupante: NO SE CUMPLIÓ LO NORMADO Y, AUN ASÍ, SE PERMITIÓ QUE EL PROCESO CONTINÚE VICIADO DESDE SU ORIGEN.
Peor aún, la ONPE intentó justificar lo injustificable mediante la condonación de multas, como si el problema fuera meramente administrativo y no estructural. No se trataba de un trámite mal ejecutado, sino de una falla que comprometía la integridad del proceso.
Aquí aparece el punto crítico.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, teniendo conocimiento antes de las 6:00 p.m. de las irregularidades en el desarrollo del proceso electoral con mesas que no llegaron a abrir y otras que iniciaron su funcionamiento apenas dos horas antes del cierre, debido a que el material electoral llegó tarde o, en algunos casos, nunca llegó, debió adoptar decisiones inmediatas y firmes:
PROHIBIR LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE BOCA DE URNA Y SUSPENDER CUALQUIER PUBLICACIÓN PROGRESIVA DE RESULTADOS POR PARTE DE LA ONPE, evitando así cualquier distorsión de la voluntad popular.
Paralelamente, correspondía ordenar un proceso de transparencia integral, garantizando que la información oficial se publique únicamente cuando el sistema asegure consistencia, integridad y plena confiabilidad.
NO LO HIZO.
GUARDÓ SILENCIO.
Y ese silencio solo admite tres explicaciones: ineptitud, ausencia de autoridad o subordinación.
Porque lo que vino después no fue casualidad. Fue el caos. Y cuando el caos ocurre en un sistema altamente estructurado como el electoral, la pregunta es inevitable:
SI NO ES INTENCIONAL, ENTONCES ¿CÓMO SE LLAMA?
LO INACEPTABLE
Resulta absurdo y peligroso permitir que se continúe votando cuando ya se percibe cómo avanzan los resultados. Esto rompe la neutralidad del proceso y erosiona directamente la confianza pública.
UN SISTEMA ELECTORAL NO SOLO DEBE SER TRANSPARENTE: DEBE PARECERLO EN TODO MOMENTO.
Lo ocurrido vulnera ese principio básico.
El impacto no se limita a las 211 mesas que nunca llegaron a abrir, que, aunque representan un porcentaje reducido, adquieren un peso significativo en una elección con márgenes estrechos. El verdadero problema radica en las miles de mesas que iniciaron su funcionamiento con varias horas de retraso, debido a que el material electoral llegó tarde o simplemente no llegó a tiempo.
Durante esas horas críticas, miles de ciudadanos acudieron a ejercer su derecho al voto y, tras largas horas de espera, se vieron obligados a retirarse sin poder hacerlo.
Llama también poderosamente la atención que incluso algunos observadores internacionales, varios de ellos con antecedentes cuestionados en la validación de procesos electorales, hayan optado por justificar o minimizar las fallas ocurridas, bajo el argumento de que situaciones similares se han presentado en otras oportunidades.
Como si la repetición de un error de esa naturaleza lo convirtiera en aceptable
LA PREGUNTA ES INEVITABLE: ¿ACTÚAN REALMENTE COMO OBSERVADORES IMPARCIALES O TERMINAN VALIDANDO IRREGULARIDADES?
Más grave aún resulta que consideren válido que, luego de difundidos los resultados de boca de urna y habilitada la plataforma de la ONPE con el avance del escrutinio, se permita que mesas que no funcionaron durante la jornada regular voten al día siguiente bajo el argumento de una “SITUACIÓN EXCEPCIONAL”.
Eso no es una excepción. ES UNA ALTERACIÓN DEL PROCESO.
Porque en ese escenario ya no existe igualdad de condiciones, ni neutralidad, ni garantía de que la voluntad popular se exprese libre de influencias.
Los ciudadanos merecemos respeto. No podemos seguir siendo gobernados por instituciones que aplican las normas según su conveniencia ni quedar expuestos a la manipulación de terceros.
En cualquier país serio, frente a un proceso con estas características, la respuesta institucional debería ser inmediata:
SUSPENDER DE INMEDIATO LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE BOCA DE URNA Y TODA PUBLICACIÓN PROGRESIVA DEL AVANCE DE ESCRUTINIO EN LA PLATAFORMA DE LA ONPE, HASTA RESTABLECER LAS CONDICIONES DE LEGITIMIDAD.
Y, de confirmarse la afectación estructural del proceso:
ANULAR LAS ELECCIONES Y RESTABLECER, DE INMEDIATO, LAS CONDICIONES DE LEGITIMIDAD.
LO QUE SÍ FUNCIONABA
Desde la experiencia directa, el contraste es evidente.
Durante mi etapa en la Fuerza Aérea, tuve la responsabilidad de custodiar centros de votación. El procedimiento era claro, riguroso y, sobre todo, preventivo: el material electoral llegaba entre viernes y sábado, se pernoctaba en el local bajo custodia y todo quedaba asegurado antes del domingo.
Si algo no llegaba, se reportaba de inmediato y se resolvía sin dilaciones.
Los problemas eran mínimos. Algunas mesas podían no instalarse a primera hora, pero ello se debía a la ausencia de miembros y no a fallas logísticas. Aun así, con orden, autoridad y respeto, estas situaciones se resolvían con rapidez y eficacia.
HABÍA SISTEMA. HABÍA CONTROL.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué se reemplazó un sistema logístico que durante años funcionó con eficiencia basado en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con presencia en todo el territorio por un esquema que ha demostrado ser claramente deficiente?
Más aún, cuando la ejecución fue encargada a un operador privado que no contaba con la misma infraestructura ni despliegue logístico y que, según lo evidenciado, tuvo que recurrir a subcontrataciones de último momento para cumplir con el servicio.
No se trata de cuestionar la participación del sector privado en sí misma, sino de cuestionar la decisión, el momento y las condiciones en las que se realizó el cambio.
Porque cuando un sistema que funcionaba es reemplazado por otro que falla en puntos críticos, la discusión deja de ser técnica.
Y pasa a ser una pregunta de responsabilidad:
¿QUÉ HAY DETRÁS DE TODO ESTO?
El “EFECTO MORROCOY”: cuando la lentitud deja de ser inocente
Lo ocurrido no puede explicarse como un simple retraso operativo. Lo que se evidenció fue un verdadero “EFECTO MORROCOY”: una ralentización anómala, progresiva y selectiva de un sistema que, por diseño, no debería fallar en tiempos.
En términos de sistemas, el “EFECTO MORROCOY” representa una degradación del desempeño operativo en puntos críticos, introduciendo fricción donde el diseño busca eliminarla.
Se manifiesta cuando:
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El material electoral no llega a tiempo o no llega
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Las mesas se instalan tarde o no se instalan
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El flujo del proceso se vuelve irregular
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La experiencia del votante se deteriora
Pero lo más importante no es la lentitud en sí.
ES SU EFECTO.
La lógica detrás del fenómeno
Un sistema electoral moderno está diseñado para ser predecible, continuo y eficiente. Cuando ocurre lo contrario, la lentitud deja de ser una falla aislada y pasa a convertirse en un factor que condiciona el comportamiento del elector.
Porque, en la práctica:
NO HACE FALTA IMPEDIR EL VOTO CUANDO BASTA CON HACERLO DIFÍCIL, LENTO O DESGASTANTE.
Colas prolongadas, tiempos de espera excesivos y desorganización generan un resultado previsible:
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Electores que se retiran
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Participación que se reduce
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Confianza que se erosiona