Dos países distintos. Dos contextos distintos. Pero una misma moneda: la del oportunismo que tiende la mano a quienes destruyen las democracias desde adentro
Violando las sanciones impuestas por la Unión Europea, que prohíben a Delcy Rodríguez ingresar a territorio comunitario hasta 2027, el gobierno socialista de España, presidido por Pedro Sánchez, la ha invitado a la XXIX Cumbre Iberoamericana que se realizará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, con asistencia de veinte jefes de Estado.
Con ese gesto, Sánchez asume el desleal y deplorable oficio de sabotear un acuerdo comunitario para impedir que se legitime a la representante de la dictadura chavista, lideresa de un régimen ilegítimo, corrupto y responsable de violar sistemáticamente los derechos humanos.
El mismo Sánchez que apoyó a Nicolás Maduro hasta que lo arrestaron y condujeron a una cárcel de Nueva York, hoy respalda con entusiasmo a su reemplazante. Todo ello sucede mientras la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierto un proceso contra los gobernantes chavistas por crímenes de lesa humanidad: asesinatos, torturas y encarcelamiento de opositores.
Los vínculos entre Madrid y Caracas no se sustentan en principios o valores democráticos, sino en extraños y soterrados pactos político-económicos. Un antecedente elocuente: el 19 de enero de 2020, Delcy aterrizó en el aeropuerto de Barajas con seis acompañantes y un cargamento de doce maletas —otras fuentes hablan de cuarenta—, cuyo contenido, se afirma, eran barras de oro. La prohibición de ingreso, entonces como ahora, estaba plenamente vigente.
El cabildero de esta trama corrupta es el oportunista ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien admite haber viajado cuarenta veces a Caracas invitado por Maduro. Su oficio, en suma, es el de relacionista público de la dictadura, trabajo de mercenario que cumple sin rubor, con estridencia y, seguramente, bien remunerado.
España, sin embargo, tiene otro rostro: el del Rey Felipe VI, figura prominente, respetada y querida en su patria y en el hemisferio, y el de políticos de la talla de Felipe González, Mariano Rajoy o José María Aznar, quienes no apadrinan al régimen criminal de Caracas, causante de la migración de ocho millones de personas, un millón y medio de ellas hacia el Perú.
La invitación a Delcy no persigue otra finalidad que manufacturar su reconocimiento diplomático, ignorando que la oposición ganó la elección presidencial de 2024: el embajador Edmundo González, en efecto, obtuvo el 67% de los votos frente al 30% de Maduro, cifras respaldadas por la misión de expertos de Naciones Unidas, la OEA y la propia Comunidad Europea.
Por ello, el Parlamento del viejo continente mantiene firmes las sanciones, ratificadas por 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones, y, a la vez, exige libertad para los presos políticos, elecciones libres y que María Corina Machado pueda regresar a su patria sin ser detenida ni hostilizada. Ante ese consenso internacional, Sánchez ha extendido una alfombra roja a Delcy, acto que resulta, sencillamente, malévolo.
Y es aquí donde aparece el otro Sánchez. Roberto, personaje torvo y siniestro, una amenaza para la libertad y el ejercicio pleno de la democracia peruana.
Dos países distintos. Dos contextos distintos. Pero una misma moneda: la del oportunismo que tiende la mano a quienes destruyen las democracias desde adentro.
Por eso, superada la primera vuelta, debemos cerrar filas con Keiko Fujimori, para evitar que una agrupación vinculada al Movadef —brazo legal de Sendero Luminoso— consiga en las urnas lo que no logró con balas y bombas.
En suma, en esta segunda vuelta se juega el destino del Perú.
