La ciudadanía no es un bloque uniforme que se equivoca en conjunto; es el reflejo de una nación fragmentada. Culpar al votante es ignorar que el problema de fondo está en un sistema obsoleto que diluye y traiciona la voluntad popular.
El panorama político actual ha sumido al país en una mezcla de indignación y resignación. Enfrentar una cédula de votación con la insólita cifra de 35 candidatos presidenciales ya anunciaba un proceso muy complicado, pero el resultado final de las urnas superó los peores temores de quienes creen en una democracia sana.
Dos opciones que, juntas, apenas reúnen a una quinta parte de los votantes son las que hoy compiten por gobernar el país en una segunda vuelta que nadie quería. Para el ciudadano de a pie, la sensación de abandono es total: una vez más, el destino de millones de peruanos se reduce al penoso ejercicio de elegir «el mal menor».
Sin embargo, frente a este escenario tan desalentador, surge una pregunta inevitable: ¿son los peruanos los culpables de su propia desgracia por votar «mal», o somos víctimas de un sistema diseñado para destruir cualquier posibilidad de acuerdo nacional?
Señalar al electorado como responsable es un diagnóstico cómodo, pero profundamente equivocado. Lo que vimos en estas elecciones no es una falla moral ni una falta de criterio de la ciudadanía, sino la consecuencia lógica de un sistema electoral gravemente distorsionado.
Cuando las reglas permiten una fragmentación tan extrema donde prácticamente cualquiera puede inscribir una candidatura sin filtros reales, el voto se divide hasta volverse casi irrelevante. En ese entorno, la representación democrática se destruye por completo. Ya no avanza el proyecto político que convence a las mayorías o que busca puntos en común; avanza el que tiene el grupo de seguidores más fiel y disciplinado, por pequeño que sea. Que un candidato con apenas el 11% de apoyo pueda llegar a la segunda vuelta significa que el 89% restante del país queda, en la práctica, a merced de una minoría.
Este problema se agrava por una crisis institucional sin salida a la vista. En el Perú de hoy no existen partidos políticos reales en el sentido tradicional; existen organizaciones de ocasión, vehículos creados para una sola persona que reaparecen cada cinco años con el único objetivo de obtener una cuota de poder. Sin ideas claras ni equipos técnicos reconocibles, el ciudadano se queda completamente solo frente a las urnas.
Así, el voto deja de ser un acto de convicción para convertirse en un ejercicio puramente defensivo. Hoy en día, el peruano no llega a las urnas pensando en el país que quiere construir, sino en el candidato que quiere evitar. Cuando el voto nace del miedo y no de la convicción, el resultado es un mapa electoral roto y sin rumbo claro.
La segunda vuelta, pensada para darle mayor legitimidad al ganador, termina produciendo aquí el efecto contrario. En una sociedad marcada por la desconfianza, el balotaje no une al país: lo divide aún más, al obligar a una población profundamente decepcionada a tomar partido en una disputa donde lo que predomina es el rechazo mutuo.
La ciudadanía no es un bloque uniforme que se equivoca en conjunto; es el reflejo de una nación fragmentada. Culpar al votante es ignorar que el problema de fondo está en un sistema obsoleto que diluye y traiciona la voluntad popular. Sin reformas urgentes que frenen esta dispersión, este doloroso laberinto democrático se repetirá una y otra vez, sin fin.
Los principales cambios fueron hacer más directas expresiones como «vientre de alquiler», aunque evocadoras, pueden resultar críticas para muchos lectores, y reemplazar términos técnicos o muy formales «comicios», «tablero», «balotaje» la primera vez que aparece por equivalentes más cercanos al habla cotidiana, manteniendo siempre el tono serio y la solidez del argumento original.
