A propósito de la reciente visita de los representantes del magisterio a la electa presidente Keiko Fujimori…
Durante décadas, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) ha logrado instalar en el debate público una reivindicación que, en esencia, resulta justa: la necesidad de dignificar la labor docente mediante mejores remuneraciones, bonificaciones y condiciones económicas acordes con la enorme responsabilidad que implica formar a las futuras generaciones. Nadie que conozca mínimamente el trabajo de un maestro podría negar que una hora de dictado de clases supone muchas otras horas invisibles de estudio, investigación, organización y preparación pedagógica.
Sin embargo, precisamente porque la educación constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, resulta inevitable formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede una plataforma de lucha sindical en educación reducirse casi exclusivamente a la reivindicación salarial?
A lo largo de los años, se ha escuchado innumerables jornadas de protesta, paralizaciones y plataformas de demandas impulsadas por el SUTEP. Pero, debe admitirse que rara vez se ha sabido de una agenda de lucha que coloque con igual énfasis la dramática situación de la infraestructura educativa en el país, el abandono de miles de instituciones educativas, la precariedad de los servicios básicos en muchos colegios, la escasez de material pedagógico de calidad o la necesidad de establecer programas permanentes y rigurosos de fortalecimiento de capacidades docentes.
Y es allí donde surge una profunda contradicción. Porque si algo caracteriza hoy a la educación peruana es precisamente su condición crítica. Existen escuelas que se caen a pedazos, estudiantes que aprenden en condiciones indignas, docentes que carecen de herramientas adecuadas para desarrollar su labor y comunidades enteras que observan cómo el sistema educativo acumula problemas estructurales sin encontrar soluciones sostenibles.
Por ello, resulta insuficiente que la principal bandera de lucha se limite, una y otra vez, a las reivindicaciones salariales. Estas son necesarias, sin duda. Son justas, por supuesto. Pero no pueden constituir el único horizonte de una organización que afirma representar los intereses de la educación peruana.
Empoderar al maestro no significa únicamente mejorar su remuneración. Significa también garantizar que ejerza su profesión en instituciones seguras y adecuadamente equipadas; que disponga de materiales educativos pertinentes; que tenga acceso permanente a procesos de actualización y capacitación; y que forme parte de un sistema educativo que valore tanto su trabajo como el derecho de millones de estudiantes a recibir una educación de calidad.
La tragedia de la educación peruana no es únicamente presupuestal. Es también institucional, estructural y política. Y frente a una calamidad de semejante magnitud, resulta legítimo preguntarse si no ha llegado el momento de que las plataformas de lucha del magisterio amplíen sus horizontes y asuman, con la misma intensidad con la que reivindican mejoras salariales, la defensa integral de la educación pública peruana. Porque, al final, defender al maestro y defender la educación no deberían ser causas distintas. Deberían ser, necesariamente, una sola.
