Con el oro en 4,000 dólares la onza, en las zonas más alejadas del Perú crece una economía paralela. No paga impuestos, no tiene estudios ambientales, no figura en el PBI. Es la minería informal e ilegal.
Cifras conservadoras de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Ambiental calculan que esta actividad mueve por lo menos 4,000 millones de dólares al año.
El Ministerio Público estima que operan cerca de 300,000 mineros en estas condiciones. Otros estudios ubican a los informales en al menos 100,000. Un promedio conservador da 180,000 personas que viven directamente de la extracción.
Si multiplicamos por 4 miembros por familia, tenemos 720,000 peruanos que dependen de esta actividad. Sean informales o ilegales responden a la misma ecuación: alta demanda + alta rentabilidad + baja fiscalización.
Un equipo pequeño con excavadora y volquete puede sacar 4 kilos de oro al mes. Con el gramo a S/320, eso supera S/1.2 millones mensuales. Repita la operación en miles de puntos de Madre de Dios, Pataz y Loreto y entiende por qué el negocio crece y peor aún la minería ilegal ya no va sola. Está ligada a narcotráfico, trata de personas, sicariato y deforestación.
El Estado pierde por partida doble, miles de millones entre tributos no pagados y daño ambiental.Además, el 22% del oro que exporta Perú, cerca de 1 millón de onzas, no puede demostrar origen legal. Termina «lavándose» como oro formal con destino a Suiza, Emiratos e India.
En economía la regla es clara: mientras exista demanda habrá oferta. Y hoy la demanda de oro está en máximos por bancos centrales, joyería e inversión. La impunidad suma. Operar sin pagar regalías, sin seguridad y sin impuestos abarata el costo entre 20% y 30%. Con ese diferencial es imposible competir.
La historia se repite. Contrabando, opio, cocaína, diamantes de sangre. Ahora oro. Mientras sea rentable y el riesgo bajo, siempre habrá quien lo haga.
Pensar en erradicación total no es realista. Ningún país lo ha logrado con una actividad extractiva rentable. Lo viable es mitigar. Y la experiencia internacional marca 3 rutas:
Primero, simplificar. Trámites de 90 días, ventanilla única y costo cero para Pequeños Productores Mineros.
Segundo, dar beneficios reales. Crédito, seguro y contrato de venta con la banca para quien se formaliza. Si no hay premio, nadie se mueve.
Tercero, atacar la demanda. Es más eficiente fiscalizar a 200 compradores y exportadores que a 180,000 mineros. Sin comprador en efectivo, se cae la cadena.
Colombia redujo su ilegalidad del 70% al 30% con «formalización progresiva». Ghana hizo lo mismo con licencias comunales.
Tenemos 180,000 personas en una actividad de alto riesgo y 4,000 millones de dólares circulando al margen. Perseguir no alcanza. Ignorar cuesta caro.
El debate de los próximos años será ese: ¿seguimos criminalizando al minero o atacamos al que compra el oro sin preguntar y simplificamos para que entrar a la formalidad sea más barato que quedarse fuera?
Mientras esa decisión no llegue, el oro seguirá saliendo. Con precio alto, con demanda asegurada y sin factura.
