El Cusco merece un gran aeropuerto. El Perú merece la certeza de que cumplirá plenamente el propósito para el cual fue construido.
Pocas obras de infraestructura generan un consenso tan amplio como la necesidad de dotar al Cusco de un aeropuerto internacional moderno, seguro y eficiente.
No se trata únicamente de construir una nueva pista de aterrizaje o un terminal de pasajeros. Se trata de proporcionar a la antigua capital del Tahuantinsuyo una infraestructura acorde con su extraordinaria importancia histórica, cultural y turística. El Cusco alberga uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del planeta, constituye la puerta de ingreso a Machu Picchu y recibe cada año millones de visitantes nacionales y extranjeros.
Es natural que la población cusqueña aspire a contar con un aeropuerto capaz de fortalecer su desarrollo económico, ampliar la conectividad nacional e internacional, descentralizar el transporte aéreo peruano y consolidar al sur del país como un polo de desarrollo de alcance mundial.
Esa aspiración no solo es legítima; constituye un objetivo estratégico para el Perú.
Precisamente por la importancia de ese objetivo, el país tiene la responsabilidad de asegurar que el aeropuerto que finalmente entre en servicio responda plenamente a las expectativas para las cuales fue concebido.
Cuando el consorcio Kuntur Wasi obtuvo la concesión para construir el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, el proyecto se desarrollaría bajo un esquema de asociación público-privada cuya inversión se asociaba aproximadamente a 265 millones de dólares. En ese momento, muchos vimos la iniciativa como una propuesta razonable para resolver, de manera definitiva, las limitaciones del aeropuerto Alejandro Velasco Astete y abrir una nueva etapa para el desarrollo del Cusco.
Sin embargo, con el transcurso de los años el proyecto dejó de seguir ese esquema inicial.
Se produjeron modificaciones contractuales mediante adendas, cuestionamientos técnicos y políticos, informes de la Contraloría General de la República, investigaciones fiscales, la resolución del contrato de concesión, un arbitraje internacional y, posteriormente, un laudo que condenó al Estado peruano al pago de aproximadamente 91 millones de dólares relacionados con la antigua concesión. Paralelamente, el Estado asumió directamente la ejecución de la obra.
Como consecuencia de todo ese proceso, la inversión comprometida hasta ahora, supera los 800 millones de dólares si se considera la construcción del aeropuerto y el costo derivado del laudo arbitral.
Han transcurrido aproximadamente catorce años desde la adjudicación inicial, y −a pesar del tiempo transcurrido y de la magnitud de los recursos públicos comprometidos− el aeropuerto todavía no entra en operación comercial.
Pero quizá lo más importante no sea el retraso ni el incremento de los costos.
Lo verdaderamente relevante es que el debate nacional continúa concentrándose casi exclusivamente en el avance físico de la infraestructura —la pista, el terminal, la torre de control, el cerco perimétrico y los cronogramas— mientras permanecen abiertas interrogantes fundamentales sin respuesta sobre el desempeño operacional futuro del aeropuerto.
Un aeropuerto no es únicamente una obra de ingeniería civil.
Es un sistema aeronáutico complejo cuya utilidad depende de su capacidad para operar de manera segura, eficiente, sostenible y económicamente competitiva.
Por ello resulta legítimo preguntar:
¿Cuáles serán las rutas definitivas de salida (SID) y llegada (STAR)?
¿Cuáles serán los procedimientos de contingencia en caso de falla de un motor durante el despegue (Engine-Out SID o EOSID)?
¿Qué gradientes de ascenso requerirán dichos procedimientos?
¿Qué restricciones operacionales tendrán aeronaves como el Airbus A320neo, Airbus A321neo o el Boeing 737 MAX durante los días más cálidos del año?
¿Qué limitaciones existirán respecto al peso máximo de despegue, la cantidad de pasajeros, la carga útil y el combustible transportado?
¿Qué destinos nacionales e internacionales podrán operarse de manera eficiente y competitiva?
¿Cuál será el impacto económico de las restricciones derivadas de la altitud, la meteorología y la geografía circundante?
Estas preguntas no son solo académicas ni retóricas.
De sus respuestas depende la capacidad real del aeropuerto para cumplir las expectativas que durante décadas se han generado en el Cusco y en el conjunto del país.
La ausencia de respuestas públicas no significa necesariamente que el aeropuerto sea inviable. Tampoco significa que las autoridades no dispongan de estudios técnicos. Lo que significa es que la ciudadanía, las aerolíneas, los operadores turísticos, los organismos de control y la comunidad aeronáutica no disponen todavía de información suficiente para evaluar de manera independiente cuáles serán las capacidades operacionales reales del futuro aeropuerto.
Existe además un aspecto que merece una reflexión más profunda.
El Aeropuerto Internacional de Chinchero no se ubica en un entorno cualquiera. Se encuentra en una de las regiones con mayor valor histórico, cultural y paisajístico del planeta. Muy cerca se encuentran el Valle Sagrado de los Incas, Ollantaytambo y Machu Picchu, lugares cuya belleza no depende únicamente de sus monumentos arqueológicos, sino también del paisaje andino que los rodea y de la experiencia de tranquilidad y contemplación que millones de visitantes buscan cada año.
Por ello, además de la seguridad operacional y la viabilidad económica, resulta razonable preguntarse si durante el diseño de los procedimientos de vuelo se evaluó específicamente la protección de estos espacios de excepcional valor patrimonial y su posible impacto en el turismo.
Sería de gran interés público que la autoridad aeronáutica pudiera responder, entre otras, las siguientes preguntas:
¿Cuáles serán las SID y las EOSID definitivas del aeropuerto?
¿Qué criterios técnicos se utilizaron para seleccionar dichas trayectorias?
¿Se definieron áreas preferentes o áreas a evitar para minimizar el vsobrevuelo de zonas arqueológicas y turísticas sensibles?
¿A qué distancia horizontal y a qué altitud pasarán las aeronaves respecto de Ollantaytambo, el Valle Sagrado y Machu Picchu?
¿Las trayectorias previstas implicarán el sobrevuelo frecuente de estos lugares o fueron diseñadas para reducir, en la medida de lo posible, el impacto visual y acústico sobre ellos?
¿Se realizaron estudios específicos de ruido aeronáutico y de impacto sobre el patrimonio cultural y paisajístico?
Estas preguntas no parten de la premisa de que exista una afectación.
Responden a la necesidad de conocer cómo se armonizarán tres objetivos igualmente importantes: la seguridad operacional, la eficiencia del transporte aéreo y la protección de uno de los patrimonios culturales más valiosos de la humanidad.
Han transcurrido aproximadamente catorce años desde que comenzaron los estudios del proyecto y, hasta donde es de conocimiento público, esta información no ha sido difundida de manera suficientemente detallada. En una infraestructura estratégica de esta magnitud, financiada principalmente con recursos públicos, la transparencia técnica debería ser la regla y no la excepción.
Existe además un aspecto que suele pasar inadvertido.
Un aeropuerto puede cumplir plenamente los estándares internacionales de seguridad y, sin embargo, presentar restricciones que afecten su desempeño económico. Una aeronave puede despegar dentro de todos los márgenes de seguridad exigidos por la normativa internacional, pero hacerlo con limitaciones de peso, combustible o carga que reduzcan la rentabilidad de determinadas rutas o condicionen la conectividad prevista.
Por ello, la verdadera pregunta ya no es únicamente si Chinchero podrá operar.
La pregunta es bajo qué condiciones operará y si esas condiciones permitirán alcanzar los objetivos económicos, turísticos y de integración nacional que justificaron su construcción.
¿Aún estamos a tiempo de corregir?
La respuesta es sí.
Mientras el aeropuerto no haya iniciado operaciones comerciales, el Estado todavía tiene la oportunidad de fortalecer el proyecto mediante una evaluación técnica integral e independiente que confirme, con evidencia verificable, las capacidades reales de la infraestructura.
Solicitar una validación operacional independiente no significa detener la obra ni cuestionar la legítima aspiración del pueblo cusqueño.
Significa proteger una inversión pública extraordinariamente importante.
Significa ofrecer certeza a las aerolíneas, a los operadores turísticos, a los inversionistas y, sobre todo, a la ciudadanía.
El costo de una evaluación internacional de esta naturaleza representaría apenas una fracción mínima de los recursos ya comprometidos y permitiría reducir incertidumbres antes de la puesta en servicio.
Después de más de catorce años de desarrollo y de una inversión comprometida superior a los 800 millones de dólares, el país tiene derecho a exigir respuestas técnicas claras, documentadas y verificables.
El Cusco merece un aeropuerto moderno, seguro, eficiente y plenamente funcional.
Y el Perú merece la tranquilidad de saber que una de las inversiones públicas más importantes de las últimas décadas cumplirá efectivamente los objetivos para los cuales fue concebida.
¿Cuáles serán las rutas definitivas de salida (SID) y llegada (STAR)?