Hay cifras que deberían provocar algo más que indignación. Deberían obligarnos a preguntarnos si las reglas con las que hemos construido nuestro sistema político están funcionando.
La Contraloría General de la República informó que, al 31 de julio de 2026, 317 municipalidades ejecutaron menos del 40 % de los recursos asignados al Programa Presupuestal 0068, destinado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias. Más grave aún: 109 registraban 0 % de ejecución.
La Contraloría emitió 317 informes de Orientación de Oficio.
Mientras el Estado advierte sobre los riesgos de un nuevo Fenómeno El Niño, existen gobiernos locales que no utilizaron los recursos que tenían precisamente para prevenirlos.
Y las lluvias que han afectado a Lima y a otros departamentos del país vuelven a mostrarnos las consecuencias de una realidad que conocemos desde hace años: infraestructura insuficiente, drenajes que nunca se construyeron, otros mal diseñados o colmatados por basura, cauces y quebradas sin la intervención necesaria, vías vulnerables y ciudades que continúan creciendo sin una adecuada planificación territorial.
Entonces surge una pregunta inevitable:
¿Quién responde?
La lluvia no se puede evitar.
Lo que sí puede evitarse es que una lluvia previsible termine convirtiéndose en un desastre por falta de planificación, prevención, infraestructura o mantenimiento.
Cuando el riesgo es conocido, existen recursos y la autoridad tiene la obligación de actuar, ya no estamos hablando solamente de un fenómeno natural. Existe una responsabilidad de gestión que debe ser determinada.
La lluvia simplemente termina revelando lo que durante años no se quiso prevenir. Y entonces ocurre lo que conocemos demasiado bien:
Llueve.
Se inundan las calles.
Colapsan vías.
Se desbordan ríos y quebradas.
Se dañan puentes
Se interrumpen servicios.
Y comienza la carrera para atender la emergencia.
Pero muchas de esas situaciones pudieron haber sido previstas.
La emergencia no crea necesariamente el problema. Muchas veces simplemente pone en evidencia lo que durante años no se hizo para evitarlo.
El problema no solo es la corrupción
Durante años hemos reducido el debate sobre la calidad de nuestras autoridades a una sola palabra: CORRUPCIÓN.
La corrupción es, sin duda, uno de los grandes problemas. Pero existe otro que puede ser igualmente dañino:
La incapacidad para administrar el Estado
Un alcalde puede no ser corrupto y, sin embargo, ser incapaz de gobernar: recibe recursos para prevenir riesgos y no los utiliza, no planifica o no ejecuta las obras que debía ejecutar.
Y entonces llega la emergencia.
Peor aún, la emergencia puede terminar utilizándose como argumento para acelerar decisiones, saltarse procedimientos o justificar actuaciones que debieron estar previstas y preparadas mucho antes.
Una emergencia debe permitir actuar con rapidez cuando realmente sea necesario. No puede convertirse en una puerta para evadir la planificación, los controles o la responsabilidad por lo que no se hizo a tiempo.
La pregunta vuelve a ser:
¿Qué se hizo o qué se dejó de hacer sabiendo que el riesgo existía?
No es solo ejecutar el presupuesto
Ejecutar el presupuesto tampoco significa necesariamente gobernar bien. Una autoridad puede gastar el 100 % de los recursos y hacerlo mal. Puede construir donde no corresponde, ejecutar una obra que no resuelve el problema, improvisar, ignorar el crecimiento urbano o reparar todos los años aquello que debió solucionarse una sola vez.
Por eso, la verdadera evaluación debe ser más exigente:
¿Qué problema resolvió?
¿La solución fue técnicamente adecuada?
¿Redujo realmente el riesgo?
¿Fue diseñada para el crecimiento futuro?
¿El dinero produjo resultados?
La gestión pública no puede medirse únicamente por cuánto dinero se gastó. Debe medirse por lo que ese dinero consiguió.
La responsabilidad no puede depender solo del alcalde
Tampoco debemos pretender que un alcalde se convierta en especialista en hidráulica, ingeniería vial, contrataciones, planificación urbana, presupuesto, residuos sólidos o gestión de riesgos.
Su responsabilidad es establecer la orientación política y responder por las decisiones de gobierno. Pero para ello necesita una administración profesional.
Una administración moderna debería exigir que funciones críticas comogerencia municipal, infraestructura, planificación, presupuesto, inversiones y gestión de riesgos estén a cargo de profesionales con formación, experiencia, idoneidad, integridad y conducta ética, sometidos a estándares verificables.
No basta elegir una autoridad.
También debemos construir una administración capaz de ejecutar correctamente las decisiones que esa autoridad adopta.
La elección no puede ser un cheque en blanco
La democracia permite elegir. Pero elegir no debería significar entregar un cheque en blanco durante cuatro o cinco años.
En el sector privado, un gerente que demuestra reiteradamente su incapacidad para cumplir los objetivos para los que fue contratado puede ser removido.
En el sector público, en cambio, podemos encontrarnos con autoridades que durante años muestran resultados deficientes y permanecen en el cargo simplemente porque fueron elegidas.
Aquí debe existir una diferencia fundamental.
No se trata de remover a una autoridad porque piensa diferente ni de convertir una discrepancia política en una causal de separación.
Se trata de establecer mecanismos objetivos para determinar responsabilidad cuando exista un incumplimiento grave, reiterado e injustificado de obligaciones esenciales.
La elección otorga legitimidad para gobernar. No convierte a una autoridad en intocable.
¿Y quién responde por quienes los postularon?
Existe además un actor que rara vez aparece en esta discusión: el partido político o agrupación que presentó al candidato. Los partidos no deberían ser simples vehículos electorales para conseguir votos.
No parece razonable que una organización política presente candidatos sin evaluar seriamente su preparación, experiencia, capacidad de gestión, antecedentes y condiciones éticas y morales y que, cuando la autoridad fracasa, simplemente se lave las manos y espere la siguiente elección.
Pero tampoco sería razonable responsabilizar automáticamente a un partido por cada error cometido posteriormente por una autoridad elegida. La responsabilidad debe estar vinculada a fallas propias de la organización política.
Por ejemplo, cuando permita candidaturas con documentación falsa, oculte antecedentes que debía conocer, incumpla procedimientos obligatorios de selección, incorpore sistemáticamente candidatos legalmente impedidos o cuando exista una organización criminal enquistada dentro de su estructura.
En esos casos sí deben existir sanciones efectivas y proporcionales, que en los casos más graves establecidos por ley puedan llegar incluso a la suspensión o pérdida de su inscripción electoral.
Los partidos deben asumir responsabilidad por la forma en que seleccionan y presentan a quienes aspiran a ejercer el poder público.
Hay que cambiar las reglas
No necesitamos solamente nuevas leyes contra la corrupción. Necesitamos evolucionar hacia un sistema de responsabilidad y evaluación de resultados de la gestión pública. El país debería debatir, entre otras, las siguientes reformas:
1. Idoneidad para ejercer funciones públicas. Establecer estándares nacionales mínimos de formación, experiencia e idoneidad para determinadas funciones críticas de la administración pública.
2. Evaluación permanente de resultados. Los gobiernos regionales y municipales deberían ser evaluados mediante indicadores públicos de:
ejecución presupuestal;
avance físico y calidad de las obras;
servicios esenciales;
gestión de riesgos;
mantenimiento de infraestructura;
cumplimiento de metas;
y planificación urbana y territorial.
3. Responsabilidad por incumplimiento grave. Cuando una autoridad incumpla reiteradamente obligaciones esenciales, disponga de recursos públicos para cumplirlas y, sin una justificación válida, no los utilice, deberá existir un procedimiento legal para determinar responsabilidades.
Si además se demuestra negligencia grave, no puede quedar impune.
Deberán aplicarse, según corresponda y conforme a la ley, las responsabilidades administrativas, civiles o penales y las demás medidas previstas por el ordenamiento jurídico.
No se trata de sancionar una mala decisión aislada. Se trata de responder ante un incumplimiento objetivo, grave, reiterado e injustificado de deberes esenciales.
4. Responsabilidad de las organizaciones políticas. Los partidos deben responder por sus propios mecanismos de selección y control de candidatos.
Cuando se demuestre que incumplieron deliberadamente sus obligaciones o participaron en prácticas graves contrarias a la ley, deben existir sanciones proporcionales y efectivas.
5. Transparencia antes de votar. No basta con publicar información en una plataforma que pocos ciudadanos consultan.
El sistema electoral debería utilizar tecnología e inteligencia artificial para investigar, verificar, ordenar y presentar de manera sencilla la trayectoria de los candidatos utilizando fuentes oficiales.
El ciudadano debería poder conocer su formación, experiencia, trayectoria pública y profesional, resultados obtenidos, sanciones firmes y demás antecedentes legalmente relevantes.
En quienes ingresan por primera vez a la política, debería existir información verificable sobre su trayectoria profesional y pública.
No se trata de decirle al ciudadano por quién votar. Se trata de evitar que vote sin saber a quién está entregando su voto.
Porque las promesas electorales pueden ser muchas. La trayectoria, en cambio, no se puede inventar.
6. Del control posterior al control preventivo inteligente. El Estado peruano necesita evolucionar. Podríamos hablar de cuatro generaciones de control:
Primera generación: control de legalidad. ¿Se cumplió la norma?
Segunda generación: control financiero. ¿Se utilizó correctamente el dinero?
Tercera generación: control de resultados. ¿La acción pública solucionó realmente el problema?
Y una cuarta generación que hoy resulta indispensable: Control preventivo inteligente.
¿Estamos detectando el fracaso antes de que produzca sus consecuencias?
No podemos seguir esperando a que llegue un fenómeno natural, se paralice una obra o aparezcan indicios de corrupción para recién descubrir que los recursos no fueron utilizados correctamente.
El Estado debería implementar sistemas permanentes de monitoreo utilizando inteligencia artificial, imágenes satelitales, información georreferenciada, plataformas digitales y cruces automatizados de información presupuestal y ejecución física.
Esto permitiría detectar tempranamente:
presupuestos sin ejecutar;
obras paralizadas;
retrasos injustificados;
diferencias entre avance físico y gasto declarado;
posibles deficiencias constructivas;
y recursos destinados a prevención que permanecen sin utilizar.
No necesitamos esperar a que llegue el desastre para descubrir que no se hicieron las obras de prevención.
No necesitamos esperar a que una obra colapse para descubrir que fue mal ejecutada.
No necesitamos esperar al final de una gestión para descubrir que millones de soles permanecieron sin utilizar o fueron mal ejecutados por ineficiencia, negligencia o corrupción.
La tecnología ya permite monitorear permanentemente lo que ocurre en el territorio.
El Estado debe pasar de controlar después del fracaso a detectar el fracaso antes de que produzca sus consecuencias.
La democracia no termina el día de las elecciones
La democracia no consiste solamente en elegir correctamente a quién gobernará.
También consiste en construir instituciones capaces de detectar a tiempo cuando quien gobierna está incumpliendo, obligarlo a corregir y, cuando corresponda, determinar su responsabilidad. El voto otorga legitimidad para gobernar. No otorga licencia para incumplir.
Por eso, no se trata de promover vacancias por razones políticas.
Se trata de establecer reglas objetivas, procedimientos y garantías para que el mandato popular no se convierta en una protección frente a incumplimientos graves y comprobados.
La democracia debe proteger el voto. Pero también debe proteger al ciudadano de las consecuencias de una mala gestión pública.
El Estado no puede esperar la tragedia
Los 109 gobiernos locales que registraban 0 % de ejecución de los recursos destinados a prevención deberían provocar una reacción mucho más profunda que un titular periodístico.
Porque estamos hablando de PREVENCIÓN.
La prevención no puede esperar a que ocurra el desastre para demostrar que era necesaria. Si una autoridad conoce el riesgo, dispone de recursos y tiene la obligación legal de actuar, pero no lo hace, el Estado debe poder determinar rápidamente qué ocurrió, por qué ocurrió y quién es responsable.
Y si se demuestra negligencia grave, debe haber consecuencias. No podemos aceptar que la primera respuesta del Estado sea siempre declarar una emergencia, asignar recursos para reparar lo destruido y comenzar nuevamente el mismo ciclo.
Prevenir debería ser la obligación. Reparar debería ser la excepción.
El ciudadano tiene también tiene derecho a exigir buenos gobernantes
Quizá hemos cometido un error al pensar que el problema del Perú se soluciona únicamente cambiando presidentes, congresistas, alcaldes o gobernadores.
NO.
También debemos cambiar las reglas que permiten que la incapacidad se reproduzca. No podemos seguir eligiendo autoridades y esperar cuatro o cinco años para descubrir si eran capaces de gobernar.
No podemos permitir que los partidos presenten candidatos sin asumir responsabilidad por sus propios procesos de selección.
Y tampoco podemos aceptar que el único mecanismo de corrección sea esperar a la próxima elección. El Perú necesita una democracia que no solamente permita elegir. Necesita una democracia que permita corregir.
Porque cuando una autoridad corrupta roba, debe responder. Cuando una autoridad abusa del poder, debe responder. Y cuando una autoridad demuestra, mediante hechos objetivos y comprobados, un incumplimiento grave de las obligaciones esenciales de su cargo, también debe existir un mecanismo para determinar su responsabilidad y aplicar las consecuencias que establezca la ley.
De lo contrario, continuaremos haciendo lo mismo: ELEGIR, ESPERAR, LAMENTAR Y VOLVER A ELEGIR.
Y mientras tanto, los verdaderos mercaderes de sus propios intereses seguirán utilizando el Estado como su mercado y al ciudadano como su cliente cautivo. El Perú no necesita solamente más discursos.
Necesita autoridades idóneas, administraciones profesionales, partidos responsables y un Estado capaz de detectar, corregir y sancionar oportunamente el incumplimiento.
Porque una democracia verdaderamente responsable no puede limitarse a preguntar: ¿A quién elegimos?
También debe preguntarse: ¿Qué hacemos cuando quienes elegimos demuestran, objetivamente, que no están cumpliendo con la responsabilidad que recibieron?
¿Qué problema resolvió?
¿Qué problema resolvió?