El Estado trasfiere a los partidos políticos con representación parlamentaria, recursos públicos como el Financiamiento Público Directo (FPD). Para tener idea de cuánto nos cuesta esto y tal vez, el porqué las peleas por asumir dirigencias partidarias, citamos dos cifras: En el quinquenio 2021-2026, el FPD fue de S/77,98 millones repartidos entre ocho partidos que obtuvieron representación en el Congreso. Para el nuevo Congreso Bicameral 2026-2031 de seis partidos con representación la cifra sube a S/222,12 millones. Clara asimetría favoreciendo a partidos con representación parlamentaria. Cabe preguntar ¿Y para los partidos con inscripción vigente en el ROP, pero sin representación?
Como en los dos periodos anteriores, en el actual, se siguen «destapando» escándalos por el inescrupuloso manejo del FPD, estilo que también contaminó el manejo del Financiamiento Público Indirecto (FPI) o franja electoral en buena parte de los partidos beneficiarios en el reciente proceso electoral que incluyó, a los que lograron representación en las cámaras de senadores y diputados. A la luz de la experiencia acumulada desde 2017, es necesaria una evaluación libre de todo interés político partidario y una sincera decisión política de perfeccionar el marco legal pertinente, con el objetivo de fortalecer a los propios partidos y contribuir en la construcción de una democracia de calidad ética para el país.
Pese a que el “pícaro” manejo de los financiamientos públicos, es otro de los factores que deslegitiman la “representación política”, no hay consenso entre los 190 nuevos y «fogosos» parlamentarios que, como candidatos y en justicia criticaron al anterior Congreso, para proponer una iniciativa multipartidaria a fin de, cuando menos, suspender las transferencias hasta perfeccionar o cambiar las deficientes normas que las amparan, incidiendo en crear mecanismos eficaces de distribución, fiscalización y sanciones oportunas pasando por la implementación de la ONPE con tecnología punta, a fin que no sea burlada como hasta hoy. Las “investigaciones” a FP, RP, PL, APP, Partido Morado, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú, AP, Partido COOPOP, Juntos por el Perú, son patéticas de las flaquezas de la ONPE en este terreno.
Una correcta utilización de los recursos públicos debe financiar –primordialmente- acciones de capacitación e investigación que construyan partidos de verdad, como reza el objetivo de la ley de financiamiento y no, pillerías que engordan bolsillos de dirigencias comerciales y “dueños” de partidos. Con esto último, parece, no quieren «chocar» la mayoría de los actuales “padres de la patria”, contentos, y “haciéndose los locos” para mantener vigente este privilegio de sus partidos.
Si a ese financiamiento le añadimos el colosal incremento del número de contratos de personal para despachos y bancadas (clientelismo) sin duda, para la mayoría de partidos con representación, el “negocio” con dineros públicos les resulta redondo.
Ante lo expuesto, como ciudadano de a pie con alguna experiencia en el tema, considero que ya es oportuno presentar una potente iniciativa legislativa multipartidaria que busque suspender las transferencias mientras se apruebe el perfeccionamiento de las existentes o un nuevo proyecto de ley que reemplace a la hoy vigente. Por la urgencia del caso, ambas iniciativas ya debieron estar en trámite. Van dos meses en la función de legislar y ya se efectivizarán las transferencias para los nuevos partidos en el Congreso Bicameral.
Por tanto, la urgencia es evidente y la decisión política para iniciar con este asunto un proceso de recuperación de la ética pública en la representación política, desde el espacio natural para ello como el Congreso, es vital y no puede esperar más tiempo. Una decisión como la que planteamos sería un buen mensaje en el objetivo de recuperar la legitimidad del Parlamento.
Lima, setiembre del 2026.
