La discusión pública seguirá concentrándose en quién gobierna. Pero el bienestar cotidiano de millones de peruanos depende, sobre todo, de que por fin se resuelva cómo se gobierna.
Los peruanos no piden milagros. Piden que el centro de salud tenga medicinas, que la pista prometida en campaña se pavimente, que un trámite municipal no tome meses y que el canon se traduzca en obras. La brecha entre lo que el Estado promete y lo que entrega sigue siendo enorme, y el problema atraviesa verticalmente al país: los más de 1,800 municipios, los gobiernos regionales y los propios ministerios comparten la misma dificultad para ejecutar lo que planifican. Ante ese diagnóstico repetido, la pregunta relevante ya no es qué falla, sino qué se puede hacer. Estas son cinco propuestas concretas y aplicables.
Primero, blindar la carrera pública frente a los vaivenes políticos. SERVIR ha demostrado, con los concursos abiertos y los cuerpos técnicos como los Gerentes Públicos, que es posible atraer talento calificado a la gestión estatal. El siguiente paso debe ser extender ese modelo a gobiernos regionales y municipios, con estabilidad garantizada por ley para los cuadros técnicos, de modo que un cambio de alcalde o gobernador no signifique volver a empezar de cero cada cuatro años. Sin continuidad, ningún plan de mediano plazo sobrevive a un ciclo electoral.
Segundo, condicionar las transferencias de recursos a la capacidad real de ejecución. Hoy el dinero llega a regiones y municipios sin verificar si cuentan con los equipos técnicos para gastarlo bien y a tiempo. Un sistema de acompañamiento técnico obligatorio —con equipos del gobierno central apoyando directamente a las gestiones con menor capacidad instalada— permitiría cerrar la brecha entre presupuesto aprobado y presupuesto ejecutado, hoy por debajo del 70% en buena parte del país según el MEF.
Tercero, completar la digitalización con datos abiertos e interoperables. No basta con que cada entidad tenga su propia plataforma digital; se necesita que los sistemas de salud, educación, obras públicas y contrataciones conversen entre sí y generen información en tiempo real. Esa data, publicada de forma abierta, permitiría detectar a tiempo una obra paralizada o un almacén de medicinas vacío, en lugar de descubrirlo meses después a través de un reportaje periodístico.
Cuarto, fortalecer el control preventivo por encima del punitivo. La Contraloría concentra buena parte de su esfuerzo en sancionar después de que el daño ya ocurrió. Un control concurrente, que acompañe la ejecución de obras y programas mientras se desarrollan, previene tanto la corrupción como los errores técnicos honestos, y evita que recursos públicos queden inmovilizados en procesos judiciales durante años.
Quinto, institucionalizar la participación ciudadana más allá del trámite formal. El presupuesto participativo existe hace dos décadas, pero suele convocar a pocos vecinos y decidir montos menores. Convertirlo en un mecanismo con información clara, difusión real y seguimiento posterior —donde los ciudadanos puedan verificar si lo aprobado efectivamente se ejecutó— lo transformaría de formalidad en herramienta de control social genuino, desde Piura hasta Puno.
Ninguna de estas propuestas requiere inventar algo nuevo: todas tienen ya un antecedente o una experiencia piloto en el propio Perú. Falta la decisión política de escalarlas y sostenerlas más allá de una gestión. Modernizar el Estado no es un lujo técnico; es la condición mínima para que los sectores más vulnerables, que no tienen cómo sustituir al Estado con soluciones privadas, reciban lo que la ley y el presupuesto ya les prometen.
La discusión pública seguirá concentrándose en quién gobierna. Pero el bienestar cotidiano de millones de peruanos depende, sobre todo, de que por fin se resuelva cómo se gobierna.
