Perú no puede terminar nuevamente atrapado entre el extremismo de unos y la mediocridad de otros.
Hay momentos en la vida política de un país en los que la discusión deja de ser solamente quién gobierna y pasa a ser algo mucho más importante: qué tipo de gobierno queremos preservar, qué errores debemos corregir y, sobre todo, qué riesgos debemos evitar.
El Perú acaba de salir de una elección extraordinariamente estrecha. La fórmula de Fuerza Popular obtuvo 9 223 396 votos frente a los 9 173 755 de Juntos por el Perú. La diferencia fue de apenas 49 641 votos. Ese resultado debería obligarnos a mirar la realidad con serenidad y sin triunfalismos.
Keiko Fujimori es hoy la presidente de la República y Luis Galarreta, además de primer vicepresidente, preside el Consejo de Ministros. El actual Gobierno tiene la obligación de gobernar para todos los peruanos, incluidos quienes no votaron por él. Y nosotros tenemos también que entender algo elemental: no todo gobierno debe ser defendido porque sea perfecto. Algunos deben ser respaldados porque la alternativa que podría sucederlos puede representar un riesgo mayor para la institucionalidad, la democracia y el futuro del país.
Esta distinción es fundamental.
Sostener este Gobierno no significa convertirnos en sus aduladores. Tampoco supone callar frente a sus errores, justificar sus desaciertos o renunciar a la crítica. Significa reconocer que, en las actuales circunstancias del Perú, existe un interés superior: impedir que la frustración, el desencanto y la incapacidad para corregir terminen abriendo nuevamente las puertas al extremismo político. El país ya ha vivido demasiado de eso.
No podemos olvidar que la segunda vuelta enfrentó dos proyectos políticos claramente diferenciados y que el resultado terminó prácticamente partido en dos. Juntos por el Perú estuvo a muy pocos votos de llegar al poder. No es una especulación: es el resultado oficial de la elección. Por eso sería una enorme irresponsabilidad que quienes hoy conducen el Estado no comprendieran la dimensión del momento.
Este Gobierno tiene que gobernar y tiene que hacerlo bien. Debe enfrentar la inseguridad, recuperar la autoridad del Estado, impulsar la economía, generar empleo, fortalecer los servicios públicos y reconstruir la confianza ciudadana. El propio Ejecutivo ha establecido como prioridades la seguridad, la reducción de vulnerabilidades, el desarrollo de las personas, la productividad y la gobernabilidad democrática.
Pero para conseguirlo necesita algo que hoy resulta indispensable: conducción política.
Y aquí volvemos a un problema recurrente.
La Presidencia del Consejo de Ministros no puede ser una oficina administrativa situada al lado de Palacio. El premier tiene que articular, ordenar, dialogar, enfrentar las crisis y asumir parte del costo político de gobernar.
Luis Galarreta no llegó a la PCM como un improvisado. Tiene experiencia parlamentaria y conocimiento del Estado y del Congreso. La propia presidente justificó su designación precisamente en su experiencia, liderazgo, capacidad de gestión y posibilidad de construir acuerdos.
Por eso mismo, hay que exigirle más.
No basta con tener un programa. Tampoco con exponer ante el Congreso cinco ejes de gestión o anunciar que habrá diálogo. Todo eso es necesario. Pero gobernar significa convertir los anuncios en decisiones, las decisiones en resultados y los resultados en confianza. Y allí también está la responsabilidad de la presidente.
Si queremos conservar este Gobierno, tenemos que exigirle a Fujimori que no gobierne sola. Necesita una PCM fuerte, ministros que respondan por sus sectores y un equipo político capaz de anticiparse a las crisis antes de que estas lleguen a Palacio. Una presidente sola frente a todos los problemas termina pagando todos los costos.
Cuando una administración comienza a acumular desgaste sin capacidad para procesarlo políticamente, la sociedad empieza a buscar alternativas.
Entonces aparecen los discursos fáciles, las soluciones mágicas, el resentimiento convertido en programa y quienes prometen demolerlo todo sin explicar qué construirán después.
Ese es precisamente el terreno donde puede crecer el extremismo. Pero existe otro peligro, quizá menos estridente y no por ello menos grave: la medianía de la representación política.
El Perú no puede terminar nuevamente atrapado entre el extremismo de unos y la mediocridad de otros. Un país con los problemas que tenemos necesita dirigentes capaces de comprender la complejidad del Estado, negociar sin claudicar, confrontar cuando corresponda y construir acuerdos cuando sean necesarios.
No necesitamos más aventuras políticas. Tampoco gobiernos paralizados por el temor a tomar decisiones.
Necesitamos autoridad democrática.
Por eso sostengo que este Gobierno debe ser respaldado, pero también exigido. Preservarlo no significa blindarlo. Significa darle la oportunidad de demostrar que puede gobernar y, al mismo tiempo, reclamarle que rectifique aquello que no funciona.
Y una de las primeras correcciones debería producirse en la propia Presidencia del Consejo de Ministros. Un buen premier no es el que aparece todos los días en televisión. Es el que hace sentir que el Gobierno tiene conducción. Es quien habla cuando corresponde, negocia cuando es necesario, enfrenta cuando no queda otra alternativa y sabe decirle a la presidente, incluso cuando resulta incómodo, que una decisión debe ser revisada.
Ese es el verdadero valor político de una PCM.
La presidente no necesita un acompañante. Necesita un primer ministro.
Porque proteger políticamente a la Presidencia no significa evitarle todos los problemas. Significa impedir que todos ellos terminen directamente sobre sus hombros.
El Perú necesita que este Gobierno tenga éxito. No por razones partidarias ni por simpatías personales. Lo necesita porque el fracaso de cualquier administración democrática no ocurre en el vacío: deja un espacio que otros intentarán ocupar.
Ese espacio puede ser llenado por propuestas democráticas, responsables y modernas. Pero también por el extremismo, el populismo y una representación incapaz de ofrecer algo distinto a la confrontación permanente.
Por eso hay que decirlo sin ambages: tenemos que preservar este Gobierno. No porque sea perfecto. No porque debamos renunciar a la crítica. No porque tengamos que cerrar los ojos frente a sus errores. Hay que salvaguardarlo porque, dadas las circunstancias en las que el Perú acaba de elegir, su continuidad democrática representa hoy una responsabilidad que no podemos tomar a la ligera y menos aún eludir.
Preservarlo significa exigirle que gobierne mejor, que corrija sus desaciertos, fortalezca sus instituciones, enfrente la inseguridad, genere confianza y no desperdicie la oportunidad que los peruanos le han dado.
Significa también no contribuir, consciente o inconscientemente, a su debilitamiento cuando sabemos que el vacío que podría dejar sería susceptible de ser ocupado por fuerzas más extremas o por una representación cuya medianía ya hemos padecido en demasía.
No podemos permitir que el desencanto con este Gobierno termine convirtiéndose en un cheque en blanco para el extremismo. Tampoco podemos resignarnos a que el Perú vuelva a quedar atrapado entre los extremos y la mediocridad.
La responsabilidad de quienes queremos que esta administración tenga éxito es, por ello, doble: defender su continuidad democrática y exigirle que esté a la altura de ella.
La presidente tiene que gobernar. El premier tiene que conducir. Los ministros tienen que responder. La oposición tiene que fiscalizar.
Y quienes creemos que el Perú necesita estabilidad debemos entender que, en esta hora, conservar el Gobierno no es un acto de complacencia. Es asumir la responsabilidad de evitar que la frustración termine entregando el país al extremismo o a una representación marcada por la medianía y la zafiedad.
Este Gobierno tiene que terminar bien. Y para que termine bien, hay que exigirle desde ahora que gobierne mejor. Hay que preservarlo, sí. Pero preservarlo haciendo que funcione.
