El Perú ya tiene demasiadas trincheras. Lo que necesita ahora son puentes.
Hay formas y formas de ejercer el poder. Y en democracia, las formas importan tanto como el fondo. Un gobierno puede tener buenas razones para defender sus políticas, pero pierde autoridad cuando quienes están llamados a conducirlo confunden firmeza con confrontación, autoridad con amenaza y decisión política con malos modales.
Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros desde el 28 de julio, parece no haber entendido todavía esa diferencia.
Sus recientes expresiones contra parlamentarios que cuestionan la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo vuelven a mostrar un estilo que poco ayuda a la tarea que corresponde a un premier. Galarreta llegó incluso a calificar de “extremos y radicales” a algunos congresistas y a sostener que rechazar las facultades sería decirle “no al pueblo peruano” y al Perú.
Más allá de la dureza de la controversia parlamentaria, ese lenguaje es políticamente inconveniente. El Congreso no está para aplaudir al Ejecutivo y la oposición no tiene la obligación de acompañar sus iniciativas. Precisamente para eso existe el juego democrático: para discrepar, negociar, corregir, fiscalizar y, cuando corresponda, aprobar o rechazar.
Un presidente del Consejo de Ministros debería ser, por definición, un articulador. Su responsabilidad no consiste en convertirse en el más entusiasta defensor de cada batalla política del Gobierno, mucho menos en actuar como una suerte de perro de presa frente a la oposición.
El propio Galarreta anunció al asumir el cargo que el Gobierno sería de “mucho diálogo” con las fuerzas políticas, sociales y diversos sectores del país. Y el programa que presentó ante el Congreso incluyó expresamente como uno de sus ejes la consolidación de la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho.
Por eso existe una evidente contradicción entre ese propósito declarado y un lenguaje que, en lugar de tender puentes, parece levantar trincheras.
El problema no es que el premier defienda al Gobierno. Tiene que hacerlo. El problema es cómo lo hace.
Una cosa es sostener con firmeza que el Ejecutivo considera necesarias determinadas facultades legislativas. Otra muy distinta es convertir la discrepancia parlamentaria en una suerte de enfrentamiento entre quienes están con el Gobierno y quienes estarían contra el Perú.
En democracia, decirle que no al Gobierno no equivale a decirle que no al país.
El Ejecutivo puede considerar indispensable su pedido de facultades y puede argumentar políticamente para conseguirlo. El Congreso, por su parte, tiene el derecho constitucional de examinarlo, modificarlo o rechazarlo. Ese equilibrio no debilita la democracia. Es precisamente la democracia funcionando.
Incluso resulta llamativo que, mientras el propio premier ha declarado que el Gobierno no tiene “ningún ánimo de confrontar” y que su prioridad es “conversar y convencer”, sus posteriores expresiones terminen transmitiendo exactamente la impresión contraria.
Y aquí aparece una cuestión que debería preocupar particularmente a la presidente Keiko Fujimori.
Un presidente del Consejo de Ministros no es simplemente un ministro más. Es el principal articulador político del Ejecutivo, el responsable de coordinar al gabinete y uno de los rostros fundamentales de la relación entre el Gobierno, el Congreso y la sociedad.
Por eso no basta con tener capacidad para responder políticamente. Hace falta también tener tino, serenidad, capacidad de escucha y, sobre todo, modales democráticos.
El Perú no necesita un Gobierno que se pase el día peleando con sus adversarios. Necesita un Gobierno capaz de gobernar, y gobernar también significa saber conversar con quienes discrepan.
La presidente Fujimori debería mirar con atención este problema. No se trata solamente de la persona de Galarreta ni de una frase desafortunada. Se trata del estilo político con el que el Gobierno pretende conducir esta etapa.
Si el Ejecutivo quiere construir gobernabilidad, necesita algo más que firmeza. Necesita interlocutores capaces de tender puentes allí donde otros levantan muros. Necesita funcionarios que sepan que la oposición no es un enemigo y que el Congreso no es un obstáculo que deba ser doblegado, sino una institución con la que corresponde convivir dentro de las reglas democráticas.
La política tiene confrontación, naturalmente. Pero la política democrática también tiene límites, formas y responsabilidades.
Galarreta parece disfrutar demasiado de la primera y olvidar con frecuencia las segundas. Y eso termina haciéndole un flaco favor al Gobierno que dice defender.
La Presidente todavía está a tiempo de corregir el rumbo. No necesariamente cambiando de política, sino revisando quién debe conducir políticamente su relación con el país y con el Parlamento.
Porque para un Gobierno que pretende dejar atrás la confrontación y ofrecer orden, estabilidad y resultados, no parece conveniente tener en la Presidencia del Consejo de Ministros a alguien que, cada vez que abre la boca para defenderlo, corre el riesgo de convertir una diferencia política en una nueva pelea.
Al Gobierno le haría bien un Premier de mayor significación política, sí, pero sobre todo de mayor estatura democrática. Alguien que entienda que la autoridad no se demuestra amenazando, sino convenciendo; que el liderazgo no consiste en levantar la voz, sino en conseguir acuerdos; y que gobernar no es perseguir adversarios, sino construir las condiciones para que el país avance.
