OPINIÓN/ Un congreso «Yihadista» y el sicariato de la gobernabilidad
Escribe: Cesar David Gallo Lale
Teniente General FAP
Hay palabras que incomodan porque obligan a mirar de frente aquello que muchos prefieren ocultar. “Un Congreso yihadista” es una de ellas.
No hablamos aquí de terrorismo internacional. Utilizamos la expresión como una metáfora política para describir el extremismo llevado al Parlamento: una concepción de la política en la que el adversario deja de ser un rival legítimo y se convierte en un enemigo que debe ser destruido; donde el diálogo es sustituido por la confrontación y donde bloquear, paralizar y desestabilizar terminan convirtiéndose en objetivos políticos.
Y el Perú debe preguntarse si estamos nuevamente en este terreno.
El gobierno de Keiko Fujimori apenas lleva dos meses y ya enfrenta una creciente confrontación parlamentaria. El Ejecutivo presentó una solicitud para recibir facultades legislativas durante 120 días en materias vinculadas con seguridad ciudadana, orden interno, justicia penal, sistema penitenciario, migración, empleo, simplificación administrativa y transformación digital.
Estas facultades que todos los anteriores gobiernos siempre recibieron, han encontrado resistencia en las comisiones parlamentarias. La Comisión de Justicia, por ejemplo, aprobó por mayoría un informe que declaró no viable la delegación en doce submaterias relacionadas con seguridad, orden interno y materias penales. Y la Comisión de Constitución tiene actualmente sobre la mesa un predictamen que recomienda archivar el pedido del Ejecutivo.
Pero el problema no termina allí.
El ministro del Interior ya fue objeto de una moción de interpelación de 27 preguntas por cuestionamientos relacionados con designaciones y conducción de la política de seguridad.
Interpelar a un ministro es constitucional. Fiscalizar al Ejecutivo es constitucional. Incluso censurar a un ministro forma parte de las herramientas de control político del Parlamento.
Lo que debemos preguntarnos es otra cosa: qué sucede cuando el control político deja de ser un mecanismo de corrección y se convierte en una estrategia permanente de confrontación.
Porque entonces aparece el verdadero peligro: el sicariato de la gobernabilidad.
Un sicario no necesita gobernar aquello que destruye. Su función es golpear, desestabilizar y desaparecer. En esta metáfora política, el “sicariato de la gobernabilidad” representa una práctica en la que determinadas fuerzas parlamentarias terminan utilizando las herramientas institucionales no para mejorar el funcionamiento del Estado, sino para hacer imposible que el gobierno ejecute su programa.
Y cuando eso ocurre, el daño no se limita a la presidenta o a sus ministros.
El daño se le infringe al Perú y a cada uno de peruanos.
Durante una década hemos asistido a una sucesión de crisis políticas, enfrentamientos entre poderes, ocho desgobiernos y centenas de ministros. El resultado ha sido una democracia disfuncional y fallida hiper frágil, una administración pública sin continuidad alguna y una ciudadanía que observa cómo sus problemas reales quedan relegados por conflictos de ideologías foráneas y guerras partidarias.
El ciudadano no vive de interpelaciones. El ciudadano necesita seguridad.
El ciudadano no vive de interpelaciones. El ciudadano necesita seguridad. No vive de censuras. Necesita empleo.
No vive de discursos ideológicos. Necesita hospitales, colegios, infraestructura y justicia.
Y mientras el Parlamento y el Ejecutivo se enfrentan por cuotas de poder, el crimen organizado no debate: avanza.
Las mafias no presentan mociones de censura.
Los extorsionadores no solicitan cuestión de confianza.
Los sicarios no esperan el resultado de una comisión parlamentaria.
Mientras la política se consume en enfrentamientos, la criminalidad ocupa los espacios que el Estado deja vacíos.
Ese es el verdadero peligro de una democracia atrapada en la confrontación permanente.
Los púlpitos rojos
El Perú tampoco puede olvidar que durante las últimas décadas determinadas corrientes políticas han defendido proyectos ideológicos incompatibles con el modelo democrático que hoy nos permite discutir libremente en el Congreso.
El problema está en quienes, desde cualquier extremo ideológico, justifican la violencia, la destrucción institucional o la eliminación política del adversario.
El extremismo político no tiene color cuando coloca la destrucción por encima de la construcción y desarrollo del Perú.
Lo que preocupa es que determinadas voces parlamentarias parecen entender la política como una guerra sin tregua: gobierno contra Congreso, Congreso contra gobierno, oposición contra oficialismo, todos contra todos.
Y un país no puede ser gobernado permanentemente desde una trinchera.
¿Congreso o campo de batalla?
El Congreso debe ser contrapeso del Ejecutivo, pero no puede convertirse en su verdugo permanente.
Debe fiscalizar, pero no sabotear.
Debe investigar, pero no prejuzgar.
Debe controlar, pero no impedir que el Ejecutivo cumpla las funciones para las cuales fue elegido.
Porque si cada gobierno comienza su mandato con la amenaza de una guerra parlamentaria destinada a impedirle gobernar, entonces la democracia conserva sus edificios, sus sesiones y sus discursos, pero pierde aquello que realmente la sostiene: la capacidad de producir resultados para los ciudadanos.
Esto ya lo hemos vivido. Y el Perú no puede continuar repitiendo la misma historia. Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro.
Primero se destruye la confianza.
Después se destruye la autoridad.
Luego se destruye la institucionalidad.
Finalmente, los ciudadanos terminan creyendo que ningún gobierno puede solucionar nada y que ninguna institución merece respeto.
Ese es el terreno perfecto para el caos y los extremismos.
La responsabilidad de gobernar no corresponde únicamente al Ejecutivo. También corresponde al Congreso, a la oposición, a los partidos, a los medios de comunicación, a la justicia y a la ciudadanía.
La oposición tiene derecho a oponerse.
El Gobierno tiene obligación de rendir cuentas.
El Parlamento tiene derecho a fiscalizar.
Pero nadie tiene derecho a convertir la destrucción de la gobernabilidad en un objetivo político.
Porque cuando el Congreso deja de ser una casa de leyes y se transforma en un campo de batalla permanente, la República queda atrapada entre dos fuegos.
Y cuando los políticos descubren que pueden ganar destruyendo al adversario, el Perú termina perdiendo, aunque ellos crean haber ganado.
No necesitamos un Congreso yihadista. No necesitamos un Congreso sometido al Ejecutivo. Necesitamos un Congreso republicano, responsable y consciente de que el poder que posee no les pertenece a sus bancadas, sino a la Nación.
Porque gobernar no significa tener razón en todo. Oponerse tampoco significa destruirlo todo. Y la democracia no consiste en que uno de los bandos consiga eliminar al otro.
La democracia consiste precisamente en impedir que cualquiera de los dos tenga el poder de destruir al otro. El Perú ya ha sufrido demasiado con la ingobernabilidad.
Ya ha pagado demasiado por las guerras políticas. Ya ha visto demasiadas veces cómo los intereses partidarios terminan colocándose por encima de los intereses nacionales.
Por eso hoy la advertencia debe ser clara: Que nadie confunda oposición con destrucción.
Que nadie confunda fiscalización con persecución. Que nadie confunda libertad política con licencia para incendiar las instituciones.
Porque una cosa es combatir políticamente a un gobierno. Y otra, infinitamente más peligrosa, es combatir contra la gobernabilidad del Perú. Este sería el verdadero sicariato de la democracia y hoy estamos viendo con inmensa preocupación en los hechos, una “Yihad ofensiva” desde el congreso.
¿Tras la ofensiva, prevalecerá la razón, el caos o la fuerza?
