El Perú necesita estabilidad. Necesita autoridad. Necesita resultados. Pero también necesita que el Gobierno cuide el tono con el que se relaciona con el Congreso.
Nadie puede discutir que la delincuencia y la criminalidad constituyen hoy una de las mayores preocupaciones de los peruanos. Las calles de Lima y del interior del país siguen siendo escenario de asaltos, extorsiones, sicariato y violencia. Frente a ello, el Estado tiene la obligación de actuar y de hacerlo con decisión.
Por eso resulta difícil entender que, mientras la criminalidad no espera, el Gobierno se haya prestado a esperar cuatro semanas para saber si el Congreso le concede las solicitadas facultades legislativas.
La presidente Keiko Fujimori ha dicho que su Gobierno abrirá “todos los caminos necesarios” para enfrentar este flagelo, con facultades o sin ellas, y que todo se hará dentro del marco democrático. También ha señalado que las cuatro semanas transcurridas están poniendo a prueba la paciencia del Gobierno.
La pregunta, entonces, es bastante sencilla: si existen caminos para actuar dentro del marco constitucional, ¿por qué no se recorrieron desde hace dos meses atrás? Porque la delincuencia no esperó facultades. Tampoco las esperaron las víctimas. Mucho menos las familias que viven con miedo, los comerciantes que pagan extorsiones o quienes salen de sus casas sin saber si regresarán.
Las facultades legislativas pueden ser importantes. Pueden acelerar determinadas reformas y permitir al Ejecutivo legislar sobre materias específicas. Pero no debieron convertirse en una especie de condición previa para que el Estado empiece a cumplir sus obligaciones. El propio premier Luis Galarreta ha sostenido que el Gobierno continuará impulsando sus reformas, aunque el proceso pueda tomar más tiempo sin el otorgamiento de facultades.
Entonces, ¿qué sentido tuvo transmitir la impresión de que el país debía esperar? Hay algo más preocupante.
La expresión “están poniendo a prueba nuestra paciencia”, pronunciada por la Presidente, puede entenderse como una manifestación de frustración frente a la postura parlamentaria respecto a las facultades legislativas requeridas.
Y la propia mandataria aclaró que el Gobierno actuará dentro del marco democrático. Pero cuando esa declaración se suma a las advertencias anteriores del premier sobre los límites de la “paciencia democrática”, el mensaje político adquiere una tonalidad que no ayuda precisamente a la convivencia entre poderes.
Y en democracia las formas importan. Mucho.
No es bueno que el Ejecutivo aparezca irritado porque el Congreso discute, demora o eventualmente discrepa. Tampoco es bueno que desde el Parlamento se responda al Ejecutivo con obstruccionismo, cálculo político o resistencia sistemática. La democracia no consiste en que un poder mande y el otro obedezca.
La democracia es, precisamente, la existencia de poderes que se controlan, se fiscalizan, discrepan y finalmente buscan acuerdos dentro de la Constitución.
Ese es el sentido de la separación de poderes.
Por eso preocupa que las expresiones de Galarreta y ahora las de Fujimori puedan terminar dibujando un Gobierno excesivamente confrontacional con el Congreso. No porque el Ejecutivo deba renunciar a defender sus posiciones. Todo lo contrario. Debe hacerlo con firmeza. Pero la firmeza no necesita convertirse en amenaza y la autoridad no necesita confundirse con intolerancia.
El Perú necesita autoridad, sí. Pero también necesita serenidad.
Necesita un Gobierno que enfrente al crimen con toda la fuerza que le permite la ley, pero que al mismo tiempo entienda que una democracia no se fortalece cuando el Ejecutivo y el Legislativo se convierten en adversarios permanentes.
La lucha contra la delincuencia no puede ser utilizada como argumento para debilitar la deliberación democrática. Pero tampoco puede el Congreso utilizar la debate congresal como excusa para retrasar indefinidamente decisiones que el país reclama.
Aquí hay una responsabilidad compartida.
El Ejecutivo debe explicar con precisión en qué necesita soporte, para qué lo necesita y por cuánto tiempo. El Congreso debe discutirlo con responsabilidad y resolverlo sin dilaciones innecesarias. Y ambos poderes deberían recordar que detrás de sus disputas hay un país que no puede seguir esperando.
Porque mientras ellos discuten, la criminalidad sigue haciendo su trabajo.
Y hay una diferencia fundamental entre la paciencia política y la paciencia de los ciudadanos. La primera puede administrarse. La segunda tiene límites mucho más dolorosos.
Señora presidente Fujimori: el Perú necesita estabilidad. Necesita autoridad. Necesita resultados. Pero también necesita que el Gobierno cuide el tono con el que se relaciona con el Congreso.
No tense más una relación que ya es suficientemente complicada. Su adversario de Juntos por el Perú le advirtió -apenas el pasado mes de julio- que la representación parlamentaria podía convertirse en su peor pesadilla. No hagamos de esa advertencia una profecía.
El Gobierno tiene que gobernar. El Congreso tiene que legislar y fiscalizar. Y ambos tienen que entender que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una nueva batalla por el poder.
El país necesita que se enfrente al crimen.
Pero también necesita que se preserve la democracia. Y ambas cosas, precisamente porque son necesarias, no deberían ser incompatibles.
