La reciente advertencia de la Cancillería argentina sobre los riesgos del alistamiento de sus ciudadanos en fuerzas armadas extranjeras constituye una pieza ejemplar de pedagogía diplomática.
En pocas líneas, Buenos Aires ha logrado transmitir un mensaje claro: quien decide incorporarse voluntariamente a un conflicto armado extranjero asume riesgos extraordinarios y no puede esperar que la acción consular sustituya las consecuencias de una decisión tomada libremente.
El comunicado argentino destaca varios aspectos fundamentales. Advierte sobre fallecimientos, desapariciones, restricciones a la libertad personal y dificultades para abandonar las fuerzas donde los ciudadanos se hayan enrolado. Asimismo, informa con honestidad que la asistencia consular puede verse seriamente limitada debido a las condiciones impuestas por los contratos firmados o por las restricciones existentes en las zonas de combate.
Se trata de una posición seria, responsable y realista. Sin sentimentalismos ni gesticulaciones mediáticas.
Lamentablemente, en el Perú el debate suele desarrollarse de manera distinta. Con frecuencia se intenta presentar como víctimas absolutas a ciudadanos que, en muchos casos, tomaron la decisión consciente de firmar contratos para participar en conflictos armados extranjeros. Antes de partir, no pocos informan a sus familiares que trabajarán en hotelería, seguridad privada u otras actividades civiles. Solo cuando ya se encuentran en el frente de batalla las familias descubren la verdadera naturaleza de su desplazamiento.
Es entonces cuando los familiares, comprensiblemente angustiados, recurren a la Cancillería peruana para solicitar ayuda. Surgen campañas mediáticas, declaraciones emotivas y exigencias de intervención estatal inmediata. Sin embargo, pocas veces se recuerda la responsabilidad primaria de quienes decidieron incorporarse a una fuerza armada extranjera y sin permiso del Perú.
El problema es aún más complejo. Muchos de estos combatientes reciben importantes sumas por la firma de contratos y perciben remuneraciones mensuales. No son personas que fueron accidentalmente arrastradas a una guerra. Se trata, en la mayoría de los casos, de individuos que adoptaron una decisión voluntaria motivada por distintos factores, entre ellos incentivos económicos.
Por ello, resulta indispensable recordar que el Estado no puede ser transformado en una red de rescate universal para ciudadanos que, de forma consciente, aceptaron los riesgos inherentes a una actividad militar en una zona de combate. Tampoco debe olvidarse que quienes deciden incorporarse a fuerzas armadas extranjeras están asumiendo obligaciones y responsabilidades personales que no pueden ser trasladadas íntegramente al Estado peruano. La decisión de participar en un conflicto armado no es equiparable a la migración por motivos laborales ordinarios ni puede analizarse únicamente desde una perspectiva emocional.
Además, existe otro aspecto preocupante. Algunas comunicaciones oficiales y determinados contenidos difundidos desde instancias estatales han dado la impresión de una posición sesgada respecto del conflicto ruso-ucraniano. Se enfatiza la situación de peruanos incorporados a las fuerzas rusas, mientras se omite con frecuencia que también existen peruanos que han combatido o combaten del lado ucraniano.
La objetividad exige reconocer ambas realidades.
Algunos funcionarios parecen olvidar que Rusia no puede ser tratada diplomáticamente como si fuera Fiyi, dicho con el mayor respeto hacia esa nación amiga del Pacífico. Rusia es una potencia mundial, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un país con el que el Perú mantiene vínculos históricos de cooperación. La política exterior exige objetividad, memoria y sentido de Estado, no impulsos ideológicos ni reacciones emocionales.
Más aún cuando las relaciones entre el Perú y Rusia poseen una larga historia de cooperación. Sería injusto olvidar la ayuda soviética tras el terremoto de Yungay de 1970, la cooperación en distintos ámbitos de defensa durante décadas, la formación de generaciones de profesionales peruanos en universidades rusas y los aportes realizados durante la pandemia de COVID-19. La política exterior no puede construirse sobre emociones pasajeras ni sobre consignas coyunturales. Debe edificarse sobre la memoria histórica, la reciprocidad y la defensa de los intereses permanentes de la nación.
Precisamente por ello, una Cancillería no está llamada a hacer propaganda ni a alimentar narrativas ideológicas. Su misión consiste en proteger los intereses nacionales y asistir a los ciudadanos con equilibrio, prudencia y profesionalismo. Los funcionarios públicos están obligados a actuar con sentido de Estado, teniendo presente que las relaciones internacionales trascienden gobiernos, preferencias personales y coyunturas políticas.
Los funcionarios públicos son transitorios. Los intereses del Perú, en cambio, son permanentes.
Por supuesto, el Estado debe asistir a los peruanos en el exterior y brindar apoyo a sus familias cuando enfrentan situaciones dramáticas. Esa es una obligación irrenunciable. Pero esa ayuda debe desarrollarse dentro de los límites que impone la realidad jurídica, diplomática y operativa de cada caso.
La lección argentina merece ser observada con atención. Su comunicado no renuncia a la protección consular; simplemente explica sus límites. No oculta la responsabilidad individual ni pretende convertir decisiones personales en responsabilidades exclusivas del Estado.
En una época de polarización y conflictos internacionales, la mejor diplomacia suele ser la más sobria. La que informa sin manipular. La que advierte sin ideologizar. La que protege sin engañar. La que respeta el sufrimiento de las familias sin ocultar la responsabilidad de quienes decidieron marchar a la guerra. Y la que nunca pierde de vista que la primera responsabilidad de quien entra voluntariamente en un campo de batalla pertenece, precisamente, a quien decidió hacerlo.
