cuando hablamos de proteger vidas, infraestructura y recursos públicos, hay una regla bastante sencilla: si no funciona antes del desastre, en gestión del riesgo no existe.
En el Perú tenemos una extraordinaria capacidad para demostrar que todo existe. Existe el sistema. Existe la institución. Existe el centro de operaciones. Existe el protocolo. Existe el plan. Existe la alerta. Existe el mapa. Existe la plataforma. Existe el presupuesto. Existe el responsable. Y, por supuesto, existe el documento que demuestra que todo lo anterior existe.
Entonces llega la lluvia. Y algo falla.
La quebrada se activa, el drenaje colapsa, el puente queda aislado, la carretera se interrumpe, la maquinaria no llega, nadie sabe exactamente quién debía tomar la decisión y descubrimos que el teléfono del responsable estaba apagado.
Después comienza la explicación.
“Eso ya estaba considerado”.
“Existe un protocolo”.
“Eso ya se hace”.
“Está dentro de nuestras funciones”.
Mi respuesta sería bastante sencilla: ¿Y por qué no funciona? Porque en gestión del riesgo de desastres hay una diferencia enorme entre existir administrativamente y funcionar operacionalmente. Y si no funciona cuando se necesita, para efectos de la gestión del riesgo, simplemente no existe.
No pretendo decir que el Perú carezca de instituciones, profesionales o capacidades. Todo lo contrario. INDECI cuenta con el COEN, existe una Red Nacional de Alerta Temprana, tenemos SENAMHI, CENEPRED, gobiernos regionales, municipalidades, COER, COEL, sectores especializados, Fuerzas Armadas, Policía, bomberos y una estructura normativa considerable.
El problema posiblemente ya no sea crear más.
El desafío es comprobar que aquello que tenemos realmente funciona. Estamos entrando en una nueva temporada de lluvias. Sabemos que en el Perú llueve todos los años. Con mayor o menor intensidad, con El Niño, sin El Niño, con Niño Costero, ENSO o cualquier denominación que ocupe los titulares del momento.
Por eso deberíamos cambiar la pregunta.
En lugar de preguntar únicamente dónde y cuánto lloverá, deberíamos comenzar a preguntar: ¿dónde puede producirse el impacto?, ¿qué puede fallar primero?, ¿cuánto tiempo tenemos y qué debemos hacer antes de que ocurra?
Ese pequeño cambio modifica completamente la gestión. Por ejemplo, cada municipio ubicado en zonas vulnerables podría identificar solamente cinco lugares donde comenzarían los problemas si mañana ocurriera una lluvia intensa. No cincuenta. Cinco.
Una quebrada. Un puente. Un drenaje. Una carretera. Un hospital. Un canal. Un sistema de agua potable.
Cinco puntos cuya falla podría desencadenar consecuencias mayores.
No necesitamos necesariamente otro estudio de 300 páginas para encontrarlos. Probablemente los alcaldes, técnicos municipales y, sobre todo, los propios vecinos saben perfectamente dónde están.
Después hagamos algo todavía más incómodo. Una “prueba de lluvia”. Lleguemos a un municipio de Piura, Tumbes, Lambayeque o La Libertad y preguntemos:
Eso no sería otro simulacro ceremonial con chalecos, fotografías y autoridades observando cómo todos cumplen un libreto previamente conocido. Sería una auditoría operacional. Y probablemente aprenderíamos muchísimo.
Lo mismo deberíamos hacer con nuestras alertas. Una alerta técnicamente perfecta que llega al COEN,COER o COEL pero no genera una decisión es solamente información.
SENAMHI tiene la responsabilidad técnica de observar y pronosticar las condiciones meteorológicas. Pero alguien debe convertir esa información en una decisión territorial concreta.
Porque una municipalidad no necesita solamente saber que podrían caer determinados milímetros de lluvia.
Necesita saber qué hacer con esa información.
Allí aparece otro concepto que deberíamos comenzar a medir: las horas ganadas. Supongamos que conocemos con 72 horas de anticipación la posibilidad de un evento significativo.
¿Qué hicimos con esas 72 horas?
A las 72 horas deberíamos anticipar y preparar.
A las 48, movilizar y preposicionar recursos.
A las 24, desplegar, proteger, cerrar preventivamente o evacuar cuando corresponda.
Cada acción debería tener responsable, plazo y evidencia de cumplimiento.
Entonces podríamos descubrir algo interesante: que el verdadero valor de un pronóstico no está solamente en acertar cuánto llovió. Está en cuánto tiempo permitió ganar para actuar. Y allí también deberíamos cambiar otra costumbre.
Después de cada desastre contabilizamos muertos, damnificados, viviendas destruidas, carreteras afectadas, hectáreas perdidas y millones necesarios para reconstruir. Es decir, somos extraordinariamente buenos midiendo pérdidas.
¿Y cuánto medimos lo que evitamos perder? Muy poco.
Deberíamos comenzar a calcular el Valor Económico de la Anticipación Meteorológica: cuánto patrimonio y producción protegimos, cuánto gasto fiscal de emergencia evitamos y cuántas personas o servicios esenciales logramos proteger.
Entonces la prevención dejaría de ser solamente un discurso y comenzaría a tener valor económico, fiscal y social. Incluso podríamos cambiar nuestros indicadores.
En lugar de celebrar únicamente cuántos boletines emitimos, cuántas reuniones realizamos o cuántas personas participaron en un simulacro, podríamos medir cuántas alertas terminaron en acciones, cuántos puntos críticos fueron intervenidos, cuántas horas ganamos, cuántos servicios continuaron funcionando y cuánto daño evitamos.
Eso sí sería gestión por resultados. Por supuesto, alguien podría responderme: “Pero todo eso ya se hace”. Perfecto. Entonces hagamos la pregunta más importante: ¿Funciona?
Porque si tenemos alerta temprana pero actuamos después del impacto, no funcionó. Si tenemos maquinaria pero cuando llueve no sabemos dónde está, no funcionó. Si tenemos COEL pero nadie contesta, no funcionó. Si tenemos un protocolo pero nadie sabe quién toma la decisión, no funcionó. Si tenemos pronóstico pero no produce una acción preventiva, tampoco funcionó.
Y si después de cada emergencia necesitamos explicar que “todo estaba previsto”, quizás estamos confundiendo tener un sistema con lograr que el sistema funcione.
La próxima temporada de lluvias puede servir para probar algo diferente.
Menos documentos para demostrar que estamos preparados y más evidencia de que realmente lo estamos.
Menos reuniones después de la lluvia y más decisiones antes de ella.
Menos medir cuánto perdimos y más demostrar cuánto evitamos perder.
Porque en gestión del riesgo no debería importar solamente lo que existe en el papel. Importa lo que funciona cuando todavía estamos a tiempo.
Y si alguien insiste en decirme que “eso ya está hecho”, volveré a preguntar: Entonces, ¿por qué no funciona?
Porque cuando hablamos de proteger vidas, infraestructura y recursos públicos, hay una regla bastante sencilla: si no funciona antes del desastre, en gestión del riesgo no existe.
¿Qué hicimos con esas 72 horas?
¿Qué hicimos con esas 72 horas?