Por Jorge David Espinoza Riega, Doctor en Economía.
El Gobierno de Keiko Fujimori ha anunciado la asignación de S/ 2.500 MM para la entrega de bonos a familias vulnerables, jubilados y damnificados, decisión que nos lleva a plantearnos una interrogante fundamental: ¿es posible reducir la pobreza mediante transferencias monetarias temporales o resulta indispensable implementar políticas económicas orientadas a superar las causas estructurales que la generan?
Para responder esta interrogante, considero necesario examinar nuestra propia experiencia. Según información del INEI, en el 2019 la pobreza monetaria afectaba al 20,2 % de la población peruana, porcentaje que, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia, se incrementó al 30,1 % en 2020. Posteriormente, disminuyó al 25,9 % en 2021.
Sin embargo, esta tendencia no logró consolidarse, pues en el 2023 volvió a elevarse hasta alcanzar el 29,0 %. Si bien durante 2024 y 2025 se registraron reducciones al 27,6 % y 25,7 %, respectivamente, la pobreza continúa situándose por encima de los niveles registrados antes de la pandemia, situación que nos obliga a reflexionar sobre la eficacia y sostenibilidad de las políticas públicas que se destinaron a combatirla.
Estas cifras muestran que, pese a la recuperación reciente, la pobreza todavía supera en 5,5 puntos porcentuales los niveles anteriores a la pandemia; además, durante 2025 otro 32,8 % de los peruanos permanecía en condición de vulnerabilidad monetaria.
Conviene recordar que los bonos no constituyen una política nueva, durante la emergencia sanitaria de 2020 se implementó el Bono Familiar Universal de S/ 760; en el 2021 se aprobaron nuevas transferencias, entre ellas el bono de S/ 600 y el Bono Yanapay de S/ 350 por persona beneficiaria y según la Cuenta General de la República, durante 2021 se ejecutaron S/ 7.831 millones en subsidios monetarios, destacando S/ 5.086 millones correspondientes al Bono Yanapay y S/ 2.705 millones al bono de S/ 600 y la pregunta es inevitable: ¿qué resultados permanentes hemos obtenido después de destinar miles de millones de soles a estas intervenciones?
No pretendo desconocer su importancia, pero si puedo afirmar que, durante situaciones extraordinarias, las transferencias permiten proteger el consumo y evitar un mayor deterioro del bienestar familiar.
Sería incorrecto afirmar que los bonos ocasionaron la persistencia de la pobreza o que carecieron de efectos positivos; sin embargo, las estadísticas evidencian que la asistencia monetaria, aunque necesaria en determinadas circunstancias, resulta insuficiente para superar las condiciones estructurales de pobreza y muy por el contario conduce a un asistencialismo inapropiado si es repetitivo.
Desde la perspectiva del desarrollo humano, Amartya Sen sostiene que el progreso económico debe traducirse en mayores capacidades y oportunidades reales para las personas; por ello, considero que las transferencias deben complementarse con políticas de empleo productivo, educación, salud, infraestructura y fortalecimiento de las economías regionales.
Existe, además, un problema fundamental de evaluación del gasto público, los gobiernos suelen informar cuántos millones distribuyen y cuántas personas reciben los beneficios, pero necesitamos conocer también qué resultados sociales alcanzan esas intervenciones.
En consecuencia, el Gobierno debería establecer indicadores verificables sobre protección del consumo, reducción de privaciones y recuperación económica de los hogares beneficiarios, diferenciando los resultados inmediatos de los efectos sostenibles. El desafío no consiste únicamente en ejecutar presupuestos, sino en conseguir que los recursos públicos produzcan mejoras demostrables en las condiciones de vida.
El Perú necesita una política económica que articule crecimiento, empleo, protección social y desarrollo humano, los bonos pueden aliviar las dificultades del presente, pero no deben sustituir las políticas que permitan a las familias superar sostenidamente la pobreza; porque, finalmente, el verdadero éxito de una política social no se mide por cuánto dinero entrega el Estado, sino por cuánto contribuye a mejorar la calidad de vida de la población y lamentablemente en nuestro país, los fondos públicos se manejan desde siempre sin metas ni objetivos previsibles.
Entonces nos podemos preguntar ¿Cuántos miles de millones de soles más tendrá que distribuir el Estado antes de que nuestros gobernantes comprendan que el verdadero objetivo de la política social no es administrar la pobreza, sino generar las condiciones para superarla?