Ha muerto el teniente general PNP Raúl Alfaro, espada de honor de su promoción, valeroso oficial a quien todos recordamos con afecto y gratitud por su firme defensa del sistema democrático, de la Constitución y las leyes de la República.
En efecto, el general Alfaro, en calidad de comandante general de su institución, ordenó el arresto de Pedro Castillo por intentar un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. Al fracasar, el entonces mandatario pretendió eludir a la justicia trasladándose en automóvil hacia la embajada de México para solicitar asilo político que, sin duda, hubiera sido concedido, como ocurrió con la ex premier Bettsy Chávez Chino, a pesar de que el artículo sexto de la ley de asilo del Perú, número 27840, dice que «No podrá otorgarse asilo a la persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales judiciales ordinarios competentes por delitos comunes».
Y, más ampliamente, la Convención de Caracas de 1954 precisa en su numeral tercero que «No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes».
En ese tiempo, el presidente azteca, Manuel López Obrador, oficiaba de protector de Castillo y tuvo la insolencia de exigir que lo restituyan en el cargo, entrometiéndose pertinazmente en asuntos de competencia interna y soberana de la nación. Como no lo hicimos, nos lanzó denuestos y calumnias; durante seis meses se negó a entregarnos la secretaría pro tempore de la Alianza del Pacífico y demandó visa a los peruanos para entrar a su país, hechos que provocaron el rompimiento de relaciones diplomáticas en noviembre del 2025.
Esa fue la secuencia en respuesta a que la policía impidió la fuga de Castillo bloqueando el paso de la comitiva que trasladaba al ex mandatario con dirección a la embajada de México en Lima y convocó a la Fiscal de la Nación para que procediera conforme a ley, todo lo cual quedó registrado en el proceso judicial, como también que desacató la orden de cerrar el Congreso y apresar a la fiscal Benavides.
Por este grave delito Castillo ha sido condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva, sentencia que purga en el Fundo Barbadillo hasta el 21 de mayo del 2034. Esperamos que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori valore esta importante acción, rindiendo honores y concediendo una condecoración póstuma al fallecido oficial.
La institución policial hace posible no sólo preservar el orden público, sino capturar organizaciones criminales, sicarios y extorsionadores que matan y roban a los ciudadanos. Recordemos, igualmente, el encomiable trabajo que desplegaron enfrentando a Sendero Luminoso, donde muriendo 1, 382 efectivos y 332 quedaron discapacitados.
