Resulta políticamente amoral que algunos gobiernos democráticos de América Latina continúen indiferentes y en pétreo silencio frente al avance de una dictadura rapaz como la venezolana, que ha convocado a elecciones presidenciales para el próximo 28 de julio.
El organismo electoral del régimen chavista hizo el anuncio manteniendo el veto a la candidata de oposición, María Corina Machado (MCM), a pesar que en los acuerdos alcanzados con Estados Unidos en Bridgetown, capital de Barbados, se comprometieron a dejar sin efecto las inhabilitaciones y liberar a los presos políticos – 294 siguen en cautiverio – a cambio del levantamiento de sanciones económicas.
Recordemos que el mencionado acuerdo, firmado el 17 de octubre del 2023, estipula que «ambas partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de elegir a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos».
Seis días después, el 23 de octubre, en atención a ese compromiso internacional, MCM postuló a las elecciones primarias, arrasando con 92.5% de votos, que representan 2 millones 200 mil sufragios emitidos en 28 naciones.
Al conocer los resultados, Maduro entró en pánico porque, además, las encuestas proyectan que MCM ganaría holgadamente. La empresa meganalisis, en efecto, registró una diferencia en la intención de voto de 4 a 1: 50.1% a 12.1%.
La prepotente respuesta de Maduro fue patear el tablero y el pasado 4 de febrero dijo que «ganaremos por las buenas o por las malas». Asimismo, en su escalada represiva, ordenó encarcelar a los comandos de campaña de la oposición y prohibir que vendan pasajes aéreos a MCM para dificultar su desplazamiento territorial.
Cuando hacemos énfasis al silencio nos referimos, entre otros gobiernos, al Perú, donde han migrado más de un millón y medio de llaneros, de los 8 millones dispersos por el mundo.
A diferencia nuestra, Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Canadá y 27 gobiernos de la comunidad europea han protestado ante el fraude electoral que se avecina. Igualmente han expresado su repudio sobre esa caricatura de elecciones 25 ex mandatarios hispanoamericanos del Grupo Idea y 497 integrantes del Parlamento del Viejo Continente.
Siempre he pensado que la mayor herramienta que dispone Maduro para perpetuarse en el poder es la dócil tolerancia de los regímenes democráticos de la región, que permiten que continúe haciendo trapacerías políticas. Excluyo, naturalmente, a las dictaduras de Nicaragua y Cuba, que apoyan abiertamente la represión chavista, como hacen Irán y Rusia, sus aliados extra continentales.
Lamentablemente, callar se ha convertido en sórdida práctica diplomática.
Ni una palabra, por ejemplo, sobre las ilegales condenas a penas entre 5 y 25 años de prisión contra 297 jóvenes cubanos que el año 2021 se manifestaron pacíficamente en demanda de libertades y mayor bienestar.
Silencio, asimismo, en relación al encarcelamiento de la ex mandataria boliviana Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sometidos a tratos crueles en la prisión con anuencia del presidente Luis Arce y de Evo Morales.
Y la misma práctica de encubrimiento se aplica con el sátrapa nicaragüense Daniel Ortega, responsable de 300 asesinatos, de confiscar empresas y medios de comunicación, asaltar templos, apropiarse de bienes de la iglesia católica y deportar a centenares de ciudadanos.
¿Por qué calla el Gobierno de Dina Boluarte? ¿Tiene temor a los insultos que le endilgará Maduro o, simplemente, lo hace porque representa la continuidad de la política exterior de Pedro Castillo, de quien fue su vicepresidente y ministra?
Torre Tagle debe defender principios y valores democráticos, así como los derechos humanos.
Es lo menos que podemos esperar los demócratas latinoamericanos en respaldo a María Corina Machado, con el agregado de comprometernos a no reconocer los resultados de los comicios si no participa la candidata opositora.
Así procedió el Grupo de Lima, que tachó de fraudulenta la reelección de Maduro del 2019 y no validó los resultados, hasta que llegó Castillo y lo renoció como presidente legitimo. Al hacerlo, nos convertimos en cómplices de un siniestro dictador que chantajea con no recibir a los delincuentes del Tren de Aragua que deben ser extraditados a Venezuela.
Ante los graves hechos que ocurren en la tierra del Libertador esperamos que la presidente y la cancillería se pronuncien porque, de no hacerlo, la historia registrará ese deplorable silencio.
