ABOGADO DEL IDL Y SU HIJO INVOLUCRADOS EN CONFLICTO DE INTERESES

Carlos Rivera Paz es actual coordinador y abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). Es un conocido litigante en emblemáticos casos de derechos humanos, querido por unos, aunque criticado por otros; pero esta vez, el cuestionamiento señala a alguien muy cercano a él. 

Según ‘ContraCorriente’, Rodrigo Rivera Larco obtuvo un puesto dentro del Ministerio Público, coincidentemente, en una fiscalía especializada en derechos humanos, donde su progenitor defiende a denunciantes.

«El conflicto de intereses es el resultado de un comportamiento en el cual una o más personas se ubican en posiciones diferentes, pero con intereses comunes», explicó Luis Alberto Pacheco Mandujano, abogado especialista en derecho penal, ante las cámaras de ‘ContraCorriente’.

Intereses comunes que llevaron al joven abogado Rodrigo Rivera Larco, hijo de Carlos Rivera, conseguir el puesto de asistente en función fiscal dentro del Ministerio Público, coincidentemente, en una fiscalía especializada en derechos humanos, donde su padre y todos los abogados de IDL defienden a los denunciantes.

En su amplia trayectoria como abogado «oenegero», Carlos Rivera fue el defensor, entre otros, de la senderista Yenny Romero, alias ‘camarada Lucero’, quien, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, fue sentenciada en el 2000 por participar en el asesinato de María Elena Moyano. 

Pero Rivero no solo se ha dedicado defender personajes completamente cuestionables, sino que también habría intercedido en forjar su legado.

El joven Rodrigo no solo habría heredado la vocación de la abogacía, sino también habría adoptado la misma línea de pensamiento ideológico de su padre.

El citado dominical revisó la experiencia laboral de Rodrigo, lo que llamó algo la atención. Y es que, en primera instancia, obtuvo un puesto en la Defensoría del Pueblo, pero el fiel seguimiento a las enseñanzas de su progenitor le permitieron que ganara un Contrato Administrativo de Servicios (CAS), mediante la convocatoria N.° 162, de octubre de 2023, como asistente de función fiscal en la dependencia de Coordinación de las Fiscalías Penales, Nacionales y Supraprovinciales Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, con una remuneración mensual de S/ 4,571. 

Es un inesperado ingreso a las fiscalías, donde su padre y todos los abogados del IDL ejercen defensas técnicas en casos muy mediatizados de presuntas violaciones de derechos humanos.

Todo apuntaría un conflicto de intereses, protagonizado por un padre e hijo, ambos abogados. Uno como defensor de presuntas víctimas de violación de derechos humanos y el otro como abogado de la Fiscalía que, se supone, debería ejercer su función con imparcialidad, despojado de cualquier afinidad ideológica o filial.