La bancada de Renovación Popular presentó ayer una denuncia constitucional ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, tras la emisión de una resolución que impide a Rafael López Aliaga asumir, eventualmente, la Alcaldía Metropolitana de Lima para el periodo 2027-2030.
12 diputados de la bancada de Renovación Popular solicitaron la destitución e inhabilitación por 10 años del presidente del JNE así como autorizar iniciar proceso penal por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.
El documento, suscrito por 12 parlamentarios —entre ellos Norma Yarrow, Roxana Rocha, Diego Bazán, Jorge Zeballos y Javier Cipriani—, solicita autorizar la apertura de un proceso penal contra Burneo Bermejo por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.
Asimismo, pide que se le destituya del cargo y se le inhabilite de la función pública por un plazo de 10 años por supuestas infracciones a los artículos 31, 39, 178 y 181 de la Constitución.
El recurso cuestiona la Resolución N.° 4557-2026-JNE, aprobada por mayoría el pasado 2 de noviembre bajo la presidencia de Burneo.
Dicha disposición estableció que quien haya ejercido el cargo de alcalde en el periodo inmediato anterior y resulte elegido primer regidor para el siguiente mandato no podrá asumir nuevamente la Alcaldía ante supuestos de renuncia, exclusión, tacha, vacancia o ausencia durante todo el periodo 2027-2030, ordenando continuar con el orden de prelación de la lista electoral.
En los fundamentos de hecho, Renovación Popular sostiene que Rafael López Aliaga, quien ejerció la Alcaldía de Lima entre 2023 y 2026, fue elegido primer regidor para el periodo 2027-2030 por voluntad popular.
Según los denunciantes, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972) establece expresamente que, ante la vacancia o ausencia del burgomaestre, lo reemplaza el «primer regidor hábil», sin contemplar como causal de impedimento haber ocupado el cargo en la gestión previa.
La bancada argumentó que el Pleno del JNE excedió sus atribuciones constitucionales al crear una regla restrictiva que no prevista por el legislador, situación que habría alterado la representación obtenida por el partido en las urnas y contradicho el propio fundamento 7 de la resolución, donde se indicaba que la revisión de oficio no pretende introducir nuevas restricciones a los derechos de participación política.