Mediante la presentación de un recurso de tutela de derechos, Pedro Castillo Terrones intenta anular la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por liderar (presuntamente) una organización criminal y los supuestos delitos de tráfico de influencias y colusión agravada.
bajo el argumento que la acusación fiscal planteada en contra del mandatario “afecta sus derechos”.
El recurso fue presentado por su abogado, Benji Espinoza, y está dirigido al juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia. Así, el defensor de Castillo Terrones solicitó la admisibilidad y procedencia del referido recurso bajo el argumento que la acusación fiscal planteada en contra del mandatario “afecta sus derechos”.
La denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo fue presentada al Congreso de la República el pasado 11 de octubre por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.
La acusación alcanza al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas y a Geiner Alvarado en su calidad de exministro de Vivienda. Ambos son sindicados por el Ministerio Público como presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la misma que estaría encabezada por el propio mandatario de acuerdo con la tesis fiscal.
En declaraciones a la prensa, Espinoza explicó que el pedido busca que se convoque a una audiencia para debatir con el Ministerio Público si la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respeta o no la tutela judicial efectiva dada por el juez supremo Juan Carlos Checkley en el caso puente Tarata.
“El juez estableció dos límites: le dijo a la fiscalía que no puede ni formalizar, ni continuar la investigación preparatoria y le dijo al Congreso que no puede siquiera tramitar una acusación constitucional contra el presidente por fuera de los supuestos del artículo 117° de la Constitución”, aseveró.