OPINIÓN/ El Congreso hipoteca el futuro fiscal del Perú

Escribe: Francisco Diez Canseco Távara

 

El daño es doble: el Estado se vuelve más costoso e ineficiente, y al mismo tiempo pierde capacidad para atender prioridades nacionales como la seguridad ciudadana, la salud y la educación.

 

El presupuesto general de la República para el 2026 asciende a S/ 257 562 millones, de los cuales casi dos tercios —S/ 166 643 millones— se destinan a gasto corriente: sueldos, pensiones y transferencias. Mientras tanto, la inversión pública real se estanca, y el déficit fiscal, que debía estar por debajo del 2 % del PBI, cerró el 2024 en 3,6 %. Según el propio Consejo Fiscal, si continúa la tendencia, en 2026 podría superar el 4 % y mantenerse entre 5 % y 6 % durante la próxima década.

La causa de este deterioro no está solo en el Ejecutivo. En los últimos cuatro años, el Congreso ha aprobado 229 leyes con alto costo fiscal, de las cuales 101 fueron promulgadas por insistencia, pese a las observaciones del Ministerio de Economía. El resultado es demoledor: un impacto estructural de S/ 35 000 millones anuales, equivalente a casi dos puntos del PBI. En términos simples, más de la mitad del déficit actual proviene de decisiones legislativas sin fuente de financiamiento.

Estas normas incluyen aumentos salariales, beneficios pensionarios, regímenes especiales, incorporación de personal CAS a planilla y exoneraciones tributarias que reducen la recaudación. Peor aún, muchas de ellas no son transitorias, sino obligaciones permanentes que inflan la planilla estatal y limitan la inversión. El propio Consejo Fiscal ha advertido que este populismo legislativo es una amenaza directa a la estabilidad macroeconómica y a la sostenibilidad de la deuda pública.

El daño es doble: el Estado se vuelve más costoso e ineficiente, y al mismo tiempo pierde capacidad para atender prioridades nacionales como la seguridad ciudadana, la salud y la educación. En lugar de leyes clientelistas que compran popularidad con dinero inexistente, el país necesita una política de responsabilidad fiscal y moral pública que devuelva coherencia al uso de los recursos del Estado.

Desde Perú Acción, proponemos la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, un organismo ejecutivo y autónomo que supervise el comportamiento ético y presupuestal de todas las instituciones del Estado, incluyendo al Congreso, para evitar el despilfarro, sancionar la corrupción y restablecer el principio de que ningún poder puede gastar más de lo que el país produce.