para que un gobierno sea respaldado democráticamente se requiere legalidad, pero también legitimidad, y eso es lo que se ha perdido, o nos lo han hecho perder, en estos últimos años.
Uno de los hechos más recientes que hemos vivido los peruanos ha demostrado, una vez más, la precariedad de las instituciones del Estado peruano. Es muy probable que todo este escándalo, que ha derivado en una crisis política, haya visibilizado aún más la anarquía en la que vive el Perú desde hace algunos años.
Esto ha generado una polarización extrema que ha aumentado la desconfianza de los ciudadanos hacia todo el aparato estatal. Y podríamos señalar que lo que hemos visto en los últimos días ha sobrepasado cualquier discusión con enfoque constitucional.
Se habla de fraude por los diversos actos irregulares que se han venido dando desde el 12 de abril, y es verdad que las autoridades del proceso electoral, hasta el día de hoy, no se han pronunciado contundentemente.
Pero ¿qué hemos visto en estos últimos días? Distintos actores, entre periodistas, magistrados de las instancias más altas del sistema electoral, representantes de organizaciones como Transparencia y líderes políticos, han presentado argumentos y pruebas que, sin embargo, no logran convencer a un sector del país sobre las irregularidades cometidas. En cambio, por conveniencia o fidelidad a una narrativa, se fabrican mensajes que buscan robustecer la idea de que «todo está bien».
Quizás muchos crean ese mensaje y pasaremos a la segunda vuelta entre un candidato de derecha y uno de izquierda. Muchos esperaremos llegar al 7 de junio, uno de los candidatos ganará, se le proclamará, y empezará ya el ciclo de las elecciones municipales.
Pero más allá de las propuestas de gobierno y de quién asuma el poder el 28 de julio de 2026, existirá un manto de ilegitimidad sobre ese gobierno. Una ciudadanía ya polarizada no tendrá confianza en quien gobierne, por lo que nacerá débil y es muy probable que sigamos en esta crisis.
Y aquí está la madre del cordero: el problema no es solo este escándalo electoral, sino una crisis estructural de largo plazo. Los partidos políticos han evitado sistemáticamente reformar el sistema electoral y han contribuido a crear escenarios donde el fraude no es un evento lamentablemente excepcional, sino algo que comienza a parecer una normalidad.
Si retrocedemos diez años y analizamos las elecciones de 2016 y 2021, encontramos gobiernos que también dejaron un sinsabor, que es precisamente donde empezó a gestarse esta crisis. Todos los presidentes de los últimos años han asumido el poder en condiciones de precariedad institucional, lo que los hace vulnerables desde el primer día.
Entonces, nuestros políticos y nosotros como ciudadanos debemos reflexionar sobre el fondo del problema. Sin una reforma real del sistema electoral, seguiremos atrapados en la misma espiral de crisis. Hemos buscado salidas por otros caminos, pero en todos estos gobiernos la legalidad no ha sido suficiente: para que un gobierno sea respaldado democráticamente se requiere legalidad, pero también legitimidad, y eso es lo que se ha perdido, o nos lo han hecho perder, en estos últimos años.
Ojalá esta crisis acabe pronto y se imponga una lectura honesta de lo que nos está pasando como país, aunque todo indica que, también esta vez, la legalidad ha sido vulnerada. Eso, con el tiempo, lo sabremos.
